En este inicio del año 2020 aún nos embarga la interrogante que nos enfrenta como sociedad venezolana: en el proceso de transición hacia la democracia ¿qué hacer con los responsables de los crímenes internacionales perpetrados en el pasado? Para dar con la respuesta debemos encarar dos posiciones: 1) quienes defienden la urgente necesidad de adoptar las medidas para acabar de inmediato con el régimen antidemocrático; 2) quienes abogan por el castigo de los responsables de tales crímenes como requisito sine qua non en el proceso hacia la paz y la democracia. Ambas posiciones son consideradas por la doctrina como realistas frente a idealistas1 (peace makers versus human rigthers 2).
Por otra parte, también existen otras propuestas denominadas como la “paz ahora y justicia en el futuro”3, o “enfrentar el pasado, sí, pero todavía no”4. Estas nociones nos conducen ineludiblemente a la revisión de los conceptos de democracia y derechos humanos, porque no hay una mejoría más significativa de los derechos humanos que cuando se da fin a una dictadura (o a una guerra, por ejemplo), aunque ello signifique ¿renunciar al castigo de los responsables de crímenes internacionales?: “empirical evidence suggest that a concern of Justice must be tempered by the realities of negotiation and by parties ́ interests in reacting a political settlement” 5. Hay otros puntos de vista que consideran el castigo de los criminales como un asunto irrenunciable para lograr el camino hacia la transición; o aquellos que estiman que las personas que no están viviendo el caos y la miseria en primera persona no piensan en el bienestar de los venezolanos, que se encuentran dentro del país padeciendo las penurias actualmente, y por ello no debería retrasarse el diálogo.
No obstante, aun cuando la democracia es más deseable que la dictadura, y la paz que la violencia, la consecución de la paz no puede hacerse de espaldas a la justicia. El hecho de que los perpetradores queden impunes, e inclusive sigan ostentando altos cargos, comprometería al nuevo sistema de gobierno venezolano de cara a los partidarios de una Venezuela nueva.
Asimismo, en el entendido de que el ciclo de represión e impunidad ha sido continuo en el país dado que una nomenclatura poderosa se mantiene por encima de la ley, debemos lograr que los militares respondan por sus acciones y omisiones ante la justicia, por lo cual, debe establecerse el control ciudadano sobre los militares y la supremacía de la ley para romper con ese ciclo pernicioso: “Los que olvidan los errores del pasado, están condenados a repetirlos”. 6
Tenemos también el compromiso de hacer frente el binomio justicia-venganza, manejando una noción de justicia en la cual los individuos directamente implicados en los crímenes deban responder por las violaciones de derechos humanos ocasionadas, buscando a tales fines, reparar el daño provocado aunado con el castigo por la comisión del crimen. Ello, podríamos lograrlo a través de la justicia transicional para responder a las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y por particulares.
Las distintas alternativas para responder a este asunto serían: el enjuiciamiento de los responsables, las medidas reparatorias y restaurativas, y las purgas. Lograr un sentido de justicia diversa: enjuiciar a los responsables, reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, reformar la policía y la justicia, facilitar los procesos de reconciliación en las comunidades. Al respecto, podríamos extraer elementos jurídicos —aplicables al caso Venezuela— de las modalidades de transición, reconciliación y perdón de los siguientes casos: la derrota absoluta tras una guerra (por ejemplo: Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial); la transición a la democracia en Chile que surgió luego de la derrota de Pinochet en las elecciones; la transición a través del acuerdo y negociación en el caso de Suráfrica; la transición de un sistema comunista en los países de Europa Oriental7; la aplicación de la justicia en Ruanda a través de los tribunales Gatacca (víctimas, y jueces juzgando a los victimarios mediante tribunales creados en todo el país. Es interesante este proceso, dado que luego tendrían que convivir tanto víctimas como victimarios en las mismas comunidades, y ello implicaría la reinserción de los responsables de crímenes internacionales en la sociedad. Claro está, este modelo se aplicó en relación con los criminales de bajo rango); o la purga en Singapur (cero tolerancia con corruptos y su círculo cercano. Y la prohibición de acceder a la administración pública); entre otros ejemplos.
Ahora bien ¿cuál será el mejor modelo para la paz, la reconciliación y la transición en nuestra Venezuela? Se precisa la coalición de todos los actores nacionales propulsores de democracia, promotores de la protección de los derechos humanos, defensores de la reforma a la justicia, dentro y fuera del país, trabajando en conjunto para lograrlo. Para responder a la interrogante: el presente cuadro resulta a todas luces muy ilustrativo.
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- TEITEL, R. G.: Transitional Justice…
2. Michael Frühling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Seminario Internacional “Experiencias de alternatividad penal en procesos de paz”, organizado por la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, 27-28 de febrero de 2004.
3. UYSE, L.: “Justice After Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past”, en Law and Social Inquiry, vol. 20, núm. 1, 1995
4. Cfr. GARTON ASH, T.: “Juicios, Purgas y Lecciones de Historia”, en VV.AA.: Ensayos sobre la justicia transicional, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Nueva York, 2003, págs. 46- 47.
5. HAMPSON, F. O.: “Can Peace-building work?”, en Cornell International Law Journal, núm. 10. 1997, pág. 712.
6. Apotegma del filósofo americano-español George Santayana.
7. BORAINE, A.: A Country Unmasked. Inside South Africa ́s Truth
8 BORAINE, A.: A Country Unmasked. Inside South Africa ́s Truth