La tortura es uno de los crímenes mas horribles que las dictaduras cometen hoy. La ordenan desde arriba, la ejecutan todos los componentes de la cadena de mando que opera dentro de la estructura del poder, que abarca funcionarios de distintas jerarquías y miembros de grupos distintos, sean paramilitares o colectivos, que infligen cobardemente dolor y sufrimiento a gente indefensa, sometida por ser simplemente opositores.
La tortura que hoy se realiza en Venezuela no es una “simple” violación de los derechos humanos. No es un acto aislado, adjudicado a un funcionario en forma individual. La tortura hoy en práctica en el país es un crimen de derecho internacional por su carácter sistemático, por ser una política de Estado, por responder a un plan, a un programa, a una práctica constante y deliberada dirigida desde las mas altas esferas del poder. El delito de tortura como violación simple de derechos humanos compromete la responsabilidad del Estado, aunque no exonera la responsabilidad penal o administrativa del autor, conforme al derecho interno. El crimen de la tortura, distintamente, está sometido al Derecho Internacional Penal, a las normas que regulan los crímenes más graves de trascendencia internacional, aquellos que ofenden la consciencia humana y que comprometen la paz y la seguridad internacionales, como lo destaca Estatuto de Roma en su parte preambular. Esos crímenes serian conocidos, de no haber justicia interna y por la vía de la complementariedad, por los órganos penales internacionales, la Corte Penal Internacional uno de ellos.
En el periodo de transición que se avecina, que no lo detendrá nada, lo que el grupo criminal sabe, se aplicarán los mecanismos propios de la justicia transicional, es decir, los medios, los mecanismos para enfrentar las secuelas de un proceso que se termina y que habría traído destrucción, miseria, violaciones de derechos humanos, crímenes internacionales. La impunidad no se impondrá. Es una obligación del Estado, según el Derecho Internacional. De acuerdo con el Estatuto de Roma, el Estado tiene la prioridad de investigar y procesar y castigar a los autores de estos crímenes, si puede y si quiere. Hoy en día, claro está, ni se puede ni se quiere y no hay justicia, sino castigo a las víctimas, una paradoja propia de la dictadura que hoy nos somete. Pero después, cuando vivamos de nuevo en democracia, tendremos tribunales, jueces y legislaciones adecuadas que permitirán la aplicación plena de la justicia.
La justicia transicional supone reformas y entre ellas la relativa a la legislación nacional para adaptarla a las nuevas realidades. Se requerirá incluir entre los tipos penales los crímenes de lesa humanidad y los otros internacionales previstos en el Estatuto de Roma para dar cumplimiento al principio de legalidad propio del Derecho Penal. También deberán introducirse reformas al Poder Judicial para hacer de él un sistema honesto, independiente, imparcial que simplemente aplique la justicia. Y si no se puede por una u otra razón surgen otras opciones, la justicia internacional a través de la remisión a la Corte Penal Internacional, que ejercerá su jurisdicción con base en el principio de la complementariedad; el recurso a los tribunales híbridos, integrados por jueces nacionales y extranjeros y que apliquen el Derecho Internacional, una novedad en práctica en otros procesos de transición en el mundo, que han tenido éxito en la aplicación de la justicia. Por último, otra opción, los responsables de estos horrendos crímenes serian juzgados y castigados por tribunales extranjeros con base en el principio de la jurisdicción universal que permite, en pocas palabras, que tribunales de otros países puedan conocer crímenes no cometidos en el territorio del Estado de la jurisdicción y en los que los autores no son nacionales de ese país. En fin, hay alternativas, hay posibilidades de aplicar justicia, pero ella se hará y a eso le temen desde ahora los criminales que creen que las debilidades de la justicia penal internacional en general, propia de nuestros tiempos, no les llegará nunca, olvidando los casos más emblemáticos de los dueños del poder y de su mundo entonces, Milosevic, Al Bashir, Taylor y tantos que fueron llevados a la justicia y que en un momento vistieron o siguen vistiendo su uniforme anaranjado.
Se establecerá la responsabilidad internacional penal individual por acción y por omisión, por autoría, por complicidad, en las diferentes formas que recoge el artículo 25 del Estatuto de Roma. Habrá la responsabilidad del superior quien sabiendo lo que ocurría no hizo nada para detener los crímenes de sus subalternos. No habrá exoneración de la responsabilidad por cargos oficiales sea presidente, ministro o parlamentario. Serán civiles y militares, autores y cómplices y los que incitan a los crímenes y al odio, en sus programas de televisión del Estado. En fin serán muchos que tendrán que ser castigados, así lo exige la sociedad y será necesario para alcanzar la paz, la democracia y asegurarnos que no regresaremos más nunca a esta barbaridad. Agreguemos, para que no lo olviden los autores, que esos crímenes son imprescriptibles y que no hay ley de amnistía producto de negociaciones políticas que pueda servir de base a la impunidad. Están acorralados, solo el tiempo lo dirá.
Cuando oímos a las victimas narrar lo que está sucediendo en el país, cuando oímos a sus valientes familiares denunciar los crímenes y las torturas que han infligido y siguen infligiendo a padres, hijos, esposos, hermanos, sentimos un dolor profundo, lo que nos compromete más en esta lucha por la recuperación de la democracia y de los derechos de las personas.
En días pasados participé en uno de los tantos programas que organiza Tamara Suju, gran luchadora que dirige uno de los centros más importantes de derechos humanos en el mundo, que no descansa y que ha remitido a la Fiscalía de la CPI junto a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales testimonios, evidencias determinantes para establecer la responsabilidad de los autores que en Venezuela cometen crímenes internacionales y pude ver más de cerca el dolor de las víctimas y de sus familiares.
Sentimos todos frustración, a veces vergüenza porque a pesar de todos los esfuerzos que llevamos adelante, de todo lo que hacemos, la realidad sigue en los sótanos de los centros de tortura civiles y militares del país. Ante todo ello, ante el horror que tenemos delante, pareciera que la sociedad venezolana y la internacional misma se han acostumbrado con normalidad a ver la tortura y los tantos actos degradantes e inhumanos que infligen a los opositores y nada se hace para detenerlo.
La inacción social y política es grave. Pareciera que solo cuando nos toca directamente es cuando despertamos. La sociedad internacional nos observa, pero el dolor que sufrimos no parece suficiente para entender la gravedad y su empeoramiento y deterioro constante. Solo cuando los comience a tocar a ello, como ahora parece ser, cuando las actividades delictivas transnacionales del grupo de Maduro y sus afines, la corrupción y el blanqueo, el narcotráfico, el apoyo al terrorismo, la extracción y trafico ilegal de minerales, los acosen, cuando les penetren e intenten destruir la democracia que tanto ha costado levantar y mantener, cuando vean en su propio terreno el horror del populismo salvaje y de la corrupción y la ambición de poder que en nada favorecen las causas sociales, más bien todo lo contrario, ese día, repito, veremos cómo empezarán sus dirigentes políticos, sus sociedades, sus instituciones, a entender y a sentir dolor por nuestra realidad. Ojalá no sea tarde y que despierten e impidan que las amenazas globales a la democracia como sistema, el único que permite el ejercicio pleno de nuestros derechos, sucumba ante planteamientos quiméricos perversos que nada bueno traen.