El 28 de julio de 2018 The Economist publicó un artículo en el que sostenía que la historia juzgará a Juan Manuel Santos con menos severidad que la que está viviendo. Y se preguntaba: “¿Por qué más colombianos no reconocen los logros de Santos? […] Tiene él razón, al menos en parte, de culpar a la implacable y a menudo desleal oposición del señor Álvaro Uribe, quien lo acusó repetidamente de entregar Colombia al comunismo”. Para a renglón seguido, mintiendo, afirmar: “Esta semana, Uribe renunció a su escaño en el Senado para defenderse ante la Corte Suprema por los cargos de haber sobornado testigos para dar falso testimonio en una disputa sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de derecha en la década de 1990, todo lo cual él niega”. Concluyendo: “Tal vez el señor Santos ría de último. Pero eso puede tardar algún tiempo”.
Estas últimas semanas la risa de Mr. Santos se ha tornado en jolgorio. Según el presidente Andrés Pastrana, “el Nobel de Paz de Odebrecht/Statoil Juan Manuel Santos y sus compadres políticos pretenden dar un golpe de Estado a Iván Duque al exigirle que cogobierne con ellos”. Y según se escucha en sus pasillos, la Corte Suprema se dispone a poner preso a Uribe dentro de poco. Sumando, a ello, la especie, urdida sin duda por la perversa mente del tartufo, que la mano derecha de Duque es su querida.
La historia reciente de Colombia acepta que la Constitución de 1991, cocinada durante el gobierno de César Gaviria, fue obra del Partido Liberal [25 miembros] y la Mafia del Narcotráfico, en la persona de Pablo Escobar, con una representación del M-19 [19 miembros], facción armada que casi derroca el gobierno de Virgilio Barco, cuyo ministro de Gobierno era César Gaviria. Los liberales y los representantes del narco sumaron 63% de la asamblea constituyente. Y fueron los adalides en la abolición de la extradición de nacionales y la construcción de La Catedral, la mansión prisión que costó al capo 30.000 millones de pesos de entonces.
La destrucción de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del cobarde lírico Belisario Betancur, y la dorada prisión del capo, construida con la venia de ese anómalo elegetebei que es hoy un holograma de las 200.000 hectáreas de coca, heredadas del apoyo de la bancada Liberal, que prohibió la fumigación de la hoja para complacer a las FARC, explican la debacle que vive la nación colombiana, carcomida por el Pacto de La Habana.
Santos, como se va viendo, es el Aleksandr Kérenski de la Revolución de Noviembre [21N/2019] que pretende deponer el gobierno de la “Polombia” de Iván Duque, doblegando el Ejército y la policía. Un “liberal” cantante de vallenatos preside el Senado, cargando a cuestas su odio contra el “presidente eterno” y varias sindicaciones de vínculos con el paramilitarismo, y que, en su desvergüenza, ha propuesto, para lavar la perfidia del Parlamento, reducir los salarios de los honorables senadores y congresistas colombianos, que más dinero ganan, y menos impuestos pagan, en todo el mundo, en un mezquino 15%, es decir, nada. La Revolución de Octubre, según el calendario gregoriano, ocurrió el 7 de noviembre de 1917, hace 102 años.
No es el Foro de Sao Paulo el que está derrocando a Duque, es Santos y los voceros de las 200.000 hectáreas de coca, cuyas jefaturas “forajidas” siguen siendo Iván Márquez y el espantoso Paisa, pero cuyos ciertos cabecillas están sentados, cada día, en el Congreso de Colombia, con un director de orquesta titulado Iván Cepeda, déspota con dientes de vampiro, amamantado por Antonín Novotný y Fidel Castro. Todo, bien sentado, con la estricta colaboración del propio Duque, que ha dado la espalda a sus electores. Y permite que, en plena revuelta contra su gobierno, Timochenko y Tornillo viajen a México a reunirse con su cómplice durante una feria de libros.
El llamado Pacto de La Habana, que fuera rechazado por el pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y Santos burló, es, de hecho, el arquetipo para la suplantación del estado de cosas de entonces, por un Nuevo Estado, que habría de crearse durante los 15 años por venir, sometiendo a tres gobiernos futuros, a su bota de hierro. Las revueltas actuales pretenden que en estos cuatro años del gobierno Duque el Estado Fariano sea instaurado mediante el triunfo de los perdedores con la colaboración de las Cortes, ya sometidas, desde el gobierno de Santos, a la corrupción [Cartel de la Toga] que compra el dinero del narcotráfico.
El 20 de noviembre de 1809 Camilo Torres Tenorio redactó un Memorial de Agravios del Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España. Firmado por 11 regidores, mi pariente lo leyó ante el virrey Antonio Amar quejándose de los padeceres que soportaban por estos lares los vasallos del prisionero Fernando VII y solicita un gobierno justo, liberal y competente, con igualdad de condiciones y oportunidades para los españoles y los criollos, sosteniendo que la soberanía reside en el pueblo y por tanto éste bien podría remplazar la monarquía tambaleante. Seis meses más tarde se proclamaría la independencia de las colonias el 20 de julio de 1810. Un documento cuyo defecto, dice Antonio Caballero, era que representaba solo los agravios de los oligarcas de entonces, pues según Torres “los naturales, es decir los indios, son muy pocos o son nada en comparación con los hijos de los europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones”. Torres y sus compadres se creían tan españoles como los descendientes de Don Pelayo.
El 17 de noviembre pasado, tres decenas de organizaciones y sindicatos convocaron para el 21 del mismo mes, como hace 210 años, a un paro nacional contra lo que llamaron El Paquetazo de Duque. Según el Memorial de Agravios publicado en El Espectador de la fecha:
Desde hace 30 años, [1989 o el Triunfo del Narco: masacre de La Rochela, asesinato de José Antequera y desdichada salvación de Ernesto Samper, asesinato de don Guillermo Cano, el gobernador Antonio Roldán, el magistrado Carlos Valencia, el coronel Valdemar Franklin Quintero, atentado a El Espectador y Vanguardia Liberal, asesinato de Jorge Enrique Pulido, suspensión del Torneo Nacional de Fútbol por asesinato del árbitro Álvaro Ortega, atentado a un avión de Avianca en el que murieron 107 personas con la miserable redención de César Gaviria, atentado a Miguel Masa Márquez, director del DAS, que asesinó a 60 personas y dejó a 500 heridas, etc., etc.] los gobiernos neoliberales han aplicado a Colombia recetas impuestas por organismos internacionales dirigidos por Washington para establecer un régimen económico funcional a los intereses del capital financiero y las multinacionales en contravía con el progreso y bienestar del pueblo, condenado a la miseria y exclusión, al reformar regresivamente la educación, la salud, los impuestos y las pensiones. Iván Duque y sus ministros junto a los gremios económicos han anunciado un paquetazo de medidas lesivas a la inmensa mayoría. Por ello el paro nacional del 21 de noviembre va.
Pero, tras las firmas de los casi desconocidos líderes de tantos movimientos y sindicados, si exceptuamos a la señorita Jennifer Pedraza, autocandidata para reemplazar, por su sabiduría, al ministro de Hacienda, Carrasquilla, aparecen los verdaderos convocantes: los negociadores del pacto Santos FARC: Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo, Frank Pearl, el pulcrísimo poeta Roy Barreras, el santo Timochenko, el secuestrador Pablo Catatumbo, el desvirgador Pastor Alape, Tornillo Gallo, Celestina Sandino, el asesino Calarcá, el diplomático Granda, el jefe del Partido Comunista español Enrique Santiago y un doctor benéfico de apellido Martínez. Por varios de ellos el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue ofreciendo billonarias recompensas en dólares.
A quienes hay que sumar los noveles teorizantes supremos de la Social Bacanería: rectores de universidades, senadores y senadoras, directoras de compras de libros para las dos mil y pico de bibliotecas que se pudren en la humedad de los justos, cantantes, directores de cine rojo, ministros insalubres, ministras de incultura, ministros de injusticias, ministros de deshaciendas, directores de agencias de tierras baldías, directoras de burlescos, escultoras de pacotilla, seudonovelistas y ex lleristas, viudas de Tirofijo o huérfanos del Palacio de Justicia como Alejandro Gaviria, Antanas Mockus, Consuelo Gaitán, Petro, Ignacio Mantilla, Lisandro Duque, Mariana Garcés Sinisterra, Juan Carlos Henao, Miguel Samper Strouss, Olimpo Cárdenas, Patricia Ariza, Patricia Lara, Rudolf Hommes, Sandra Ramírez o Yesid Reyes.
Con el agravante que, según estudios recientes, de los 47 millones de colombianos, solo 24,7 están económicamente activos y apenas 5,8% de ellos está afiliado a sindicatos, algo así como millón y medio en total, porque los sindicatos que invitan a tumbar a Duque representan, quizás, la mitad de aquellos, es decir, 750.000. Por algo dicen los que saben que en el paro del 21N si mucho participaron 200.000 en todo el país. Los marchantes son apenas 1,27% de los votantes, 0,51% de los colombianos. En contraste, 71% rechaza la inmovilidad y 99% el vandalismo, que ha dejado billonarias pérdidas en bienes públicos y privados, 400 policías lacerados, 4 asesinados y 5 empleados de un supermercado en cuidados intensivos.
En discrepancia con las centenarias convicciones de Camilo Torres sobre quiénes debían beneficiarse con el liberalismo de entonces, la Social Bacanería colombiana coloca en primera línea de las gentes a reivindicar al movimiento estudiantil, a los campesinos, los sindicatos, y al final, los pueblos indígenas y negros, pero en especial las gentes del Chocó y Buenaventura, donde, según se informa, hay más grupos armados defendiendo los embarques de coca. Luego viene el pacto Santos-FARC y la paz con los elenos; en tercer lugar, quieren más seguridad, más derechos humanos y menos asesinatos de cabilderos políticos y promotores de todas las formas de lucha de las FARC, y por supuesto, una reforma política y electoral que les favorezca y medidas contra la corrupción y al final el problemita del cambio climático. Un inmenso silencio suena en sus peticiones respecto de la corrupción del Parlamento y los jueces, los poderes que ya están en sus manos. Tampoco mencionan la inmensa corrupción en las universidades públicas. Y como gran exigencia, el fin de la policía y el arrinconamiento del ejército. Casi nada.
La primera semana de diciembre los diarios bogotanos informaron que la producción de cocaína tuvo un valor de 18,3 billones de pesos en 2018, más del doble de lo que produjo el café en ese mismo año: 7 billones.
C. W. Bergquist ha estudiado la incidencia que el café tuvo en la Guerra de los Mil Días, cuando el país perdió más de 100.000 personas y el departamento de Panamá tras la firma de la paz de Wisconsin. Grano que comenzó a cultivarse comercialmente a mediados del siglo XIX, permitiendo, con la expansión de la economía mundial, que los hacendados encontraran en ese producto una enorme fuente de ingresos, vendiéndole a Norteamérica, Alemania y Francia. La caída de los precios al acercarse el nuevo siglo quebró las grandes haciendas, trasladando el cultivo a los pequeños propietarios de tierras en Antioquia, Caldas, Valle y Tolima, forjando una economía de minifundio, ligada desde antes de la regeneración a las ideas liberales radicales. Hacia mediados del siglo pasado Colombia tuvo cerca de 900.000 hectáreas cultivadas en café y para el momento del auge del narcotráfico sus exportaciones representaban 3,7% del producto interno bruto y 37% del empleo agrícola. Hoy, según informa la prensa, es apenas 0,8% del PIB.
Según Bergquist, fueron los pequeños productores de café los mayores impulsores de la Guerra de los Mil Días, pues como su líder, el general Rafael Uribe Uribe, detestaban las tarifas, los impuestos y las políticas monetarias inflacionarias que obstaculizaban su comercio. Y Venezuela tampoco estuvo ausente. El caudillo liberal Cipriano Castro fue su modelo. Es el primer tirano de su historia, luego de la Revolución Liberal Restauradora de 1899, que surgió de Cúcuta hasta Caracas, cargo en el cual permaneció casi 10 años.
La coca es de nuevo el combustible para la toma del poder de la Social Bacanería. Si la coyunda Partido Liberal/M-19 redactaron la Constitución del 91, Juan Manuel Santos y las FARC son los jefes naturales de la nueva clase que sin duda está escalando la cima. No se trata del comunismo ni el populismo ni nada parecido. Es la vanguardia política que exige el disfrute de sus esfuerzos, una especie de boliburguesía colombiana, como la que creara Chávez en Venezuela. Una neo-oligarquía que, cabalgando sobre la corrupción y el crimen, exige soberanía política para constituir el nuevo poder económico del narcotráfico, sin ganar las elecciones, pero controlando los aparatos del Estado.