A finales de junio se reunirá en Medellín (Colombia) la Asamblea General de la OEA para tratar varios temas de suma importancia, entre ellos la promoción y la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, las migraciones (con particular atención en la crisis venezolana) y la situación en nuestro país y en Nicaragua, no muy diferentes por la crueldad de sus gobernantes.

Venezuela estará representada, por primera vez en muchos años, por delegados serios y responsables, muy distintos a los que hasta hace poco ocupaban nuestra silla, que abusaban de su ignorancia con un tono arrogante e irrespetuoso que chocaba con el sistema multilateral civilizado.

En forma paralela se celebrarán varios foros organizados por la sociedad civil, para examinar temas internacionales y regionales del mayor interés político y social. En ese contexto y ante la gravísima situación que se vive en Cuba, Nicaragua y Venezuela, claro ejemplo de la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y la realización de crímenes internacionales, de lesa humanidad principalmente, el Centro de Estudios para América Latina (Casla), dirigido por Tamara Suju, dedicada defensora de los derechos humanos en el país, organiza el foro “Justicia internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad”.

El aporte de la sociedad civil en este ámbito es fundamental. Las presentaciones y comentarios que se hagan sobre determinados temas incidirán, sin duda alguna, en el desarrollo del derecho aplicable a nivel regional y estadal. Seguramente se examinarán los principios centrales del tema: la obligación de luchar y erradicar la impunidad, especialmente, como lo recoge el Estatuto de Roma, por la realización de crímenes internacionales; la aplicación efectiva del principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), la eventual creación de tribunales híbridos o internacionalizados que permitan procesar y castigar, a título subsidiario, a los responsables de tales crímenes; los procesos de transición en los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela y la aplicación de la justicia; las reformas legislativas internas para incorporar los aspectos materiales de los crímenes internacionales objeto de la competencia de la Corte Penal Internacional y la aplicación de la jurisdicción penal universal.

Estas reuniones son muy distintas a las concentraciones políticas del chavismo internacional, estas más próximas al circo que a la academia que, en una época, afortunadamente superada hoy, promovían de manera irresponsable y con fines desestabilizadores una “diplomacia de los pueblos” como fachada para impulsar el fracasado socialismo del siglo XXI y la anarquía y el caos que siguen. Se trata de reuniones de la sociedad civil organizada que no busca posicionamientos políticos de ningún tipo, sino el tratamiento de temas esenciales que giran en torno a la protección del individuo, el aspecto central de las preocupaciones de la comunidad internacional de hoy.

Ante las crisis complejas o catástrofes como la que atraviesa Venezuela hoy debemos plantearnos la revisión de normas y principios, de conceptos jurídicos y políticos, para enfrentarlas. Su interpretación debe hacerse de manera que favorezca al individuo, su vida, su integridad física, el ejercicio de sus derechos fundamentales. No nos podemos detener en la interpretación clásica de principios como la soberanía estadal, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones, a la que recurren las dictaduras para esconder sus barbaridades. Tampoco podemos limitarnos a las normas que hoy regulan las relaciones internacionales. Debemos intentar construir un orden jurídico que responda con eficiencia, para resolver esas crisis y de allí la importancia del papel de la sociedad civil reunida en estos foros.

La responsabilidad de proteger (R2P), un compromiso político global, un tema que seguramente será también abordado en este foro, constituye un tema fundamental en el tratamiento de las situaciones que, como la que afecta hoy a Venezuela, ha generado una crisis humanitaria compleja, sin precedentes, caracterizada por el hambre y la miseria promovida por el mismo Estado; la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos; una violencia sin precedentes, tolerada y hasta promovida por el régimen y la  realización de crímenes internacionales, en medio de la mayor impunidad. Y, con una característica que le hace más particular aún, la estructuración de un Estado involucrado en prácticas delictivas transnacionales y en actividades favorables al terrorismo internacional.

No podemos afirmar que estamos ante una norma de derecho internacional consuetudinario consolidada, es cierto. Pero no podemos negar que ella está en formación, en proceso de cristalización, un proceso que exige una práctica suficiente de los Estados y la convicción de que esa práctica es jurídica. En este contexto debemos destacar la importancia de estos foros pues sus deliberaciones y conclusiones contribuyen con la formación de la doctrina internacional, una fuente auxiliar del derecho internacional que abre paso a la elaboración de la norma jurídica, primero consuetudinaria, más tarde convencional.

Las opiniones que se vierten en esos foros son definitivamente importantes a esos efectos. Por ello hay que insistir y apoyar estos encuentros y publicar sus conclusiones. Ello va a facilitar a los Estados, a las organizaciones internacionales actuar con legitimidad para proteger el bien más importante que centra hoy la atención del derecho internacional: la protección de la persona, de su vida, de sus derechos, más en situaciones en las que como la nuestra, las normas clásicas y las trabas jurídicas no permiten una solución, en perjuicio de la vida de millones de personas, lo que aprovechan los regímenes forajidos, como el de Maduro, para lograr sus perversos objetivos: dominación y poder ad eternum.