Una nueva iniciativa de Gustavo Petro lo ha llevado a pedir poderes especiales para crear una nueva agencia de inteligencia que quedaría bajo su férula. Así debe nacer la Agencia Nacional de Seguridad Digital adscrita a la Presidencia.
La idea no es mala ni es extemporánea. Es evidente que en los tiempos que corren es preciso contar con un ente estatal capaz de integrar la colaboración, con buenos fines, de la academia y el sector privado tecnológico en los temas de seguridad nacional y, de esta manera, promover una especialización de nuevas generaciones en este tipo de actividades. Pero hemos dicho bien “con buenos fines”, y es allí donde no todos en Colombia están de acuerdo con las sanas intenciones de quienes rigen los destinos del país.
El sector privado ha sido el primero en hacer sentir sus reservas. Lo natural sería que se construyan nuevas destrezas sobre la base de los logros avanzados hasta ahora en materia de regulación y seguridad digital. El temor se basa en que en esta rama de actividad se cometan las mismas equivocaciones del sector salud donde el nuevo proyecto sanitario nacional es ideado sobre los escombros de lo existente y sin utilizar los avances alcanzados a lo largo de los años. Este “borrón y cuenta nueva” aplicado a un sector tan sensible como la ciber seguridad es visto con ojos suspicaces por los entendidos en la materia. Y es que Colombia ha recorrido un camino largo en estos menesteres. Los ciberdelitos en el país vecino han sido una constante de la vida cotidiana. Estafas de todo tipo se hacen a través de la captura ilegal de información sensible de los usuarios, con la cual pueden realizar fraudes, robos y otras prácticas ilegales.
Pero, aunque grave, ello no es lo más sensible que se manejaría desde el nuevo Consejo de Seguridad Nacional. No podemos olvidar que durante las lecciones presidenciales del año 2022 la sospecha de una intervención de Venezuela, Nicaragua, Rusia, China y países del Este de Europa en el proceso comicial llevó al Consejo Nacional electoral a establecer misiones de acompañamiento y las encargó de la auditoría de los softwares de consolidación de las votaciones. Nada de ello es ciencia ficción. El peligro de ataques cibernéticos estuvo siempre presente y se hizo necesario blindar a las elecciones frente a ellos. La registraduría y la Policía nacional debieron involucrarse activamente en el conteo y la transmisión de la data.
Según datos de la compañía especializada Fortinet, en el año previo a las elecciones Colombia fue blanco de, por lo menos, 11.200 millones de ataques cibernéticos probados, lo que ubicó al país como el cuarto con más riesgo de plagio digital, solo superado por México (156.000 millones), Brasil (88.500 millones) y Perú (11.500 millones).
Con estas cifras en el decorado, resulta sensato adelantarse a intentar bloquear las tentaciones a las que está sometido el poder ejecutivo de desviar a su favor la voluntad del electorado en el momento de los procesos electorales. Un Consejo de seguridad que reporte de manera directa a la Presidencia dista mucho de contar con las condiciones de equilibrio que son precisas en momentos de tanta trascendencia nacional.
Es así como la iniciativa, en apariencia inocente, del presidente Gustavo Petro en esta vital materia ha prendido todas las alarmas. Los riesgos de fraudes o intervenciones cibernéticas indeseadas son reales. Por ejemplo, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, un equipo que es punto de contacto para coordinar la prevención, mitigación, gestión y respuesta ante incidentes de seguridad digital nacional tanto en el sector público como en el privado atendió 287 en el 2022 incidentes y, en lo que va de 2023, ya ha atendido 15 casos.
No es paranoia, es realidad. Si manos sin escrúpulos consiguieran hacerse de una entidad oficial de este calado, la libertad de los colombianos es lo que estaría en juego.