Leo con indignación que el tribunal de ejecución correspondiente ha negado a la jueza María de Lourdes Afiuni el permiso para viajar al exterior a tratarse un tipo de cáncer. La decisión, de suyo injusta e inhumana, se le atribuye a la jueza en ejercicio, abogada Angelimar Carmona.
María Lourdes Afiuni, abogada, jueza por concurso, suspendida de su cargo indebidamente, procesada y condenada sin pruebas, y para más INRI, delicadamente quebrantada de salud, pidió y se le negó el aludido permiso, que equivale a imposibilitar o impedir el derecho de la jueza enferma a continuar el tratamiento indicado contra el cáncer, por lo que debe viajar al exterior. Más miserable, imposible.
Quien corría una muy triste suerte, la jueza María de Lourdes Afiuni, por haber incurrido, supuestamente, en corrupción sin haber recibido un centavo, había sido beneficiaria de una medida cautelar que, aunque imperdonablemente tardía, alivió en buena medida el dolor, la dura carga soportada por tanto tiempo, ella y su honorable familia, su círculo de amistades y colegas y de algún modo, lo que queda de decencia en el sistema de justicia venezolano.
En todo este tiempo y estando pendiente de decisión su juicio, el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la culpabilidad de la jueza honesta. Es decir, he allí la impronta del infortunio de aquella fiscal que, apartándose de toda norma jurídica sustantiva y adjetiva, y desde luego violando la Constitución y Pactos Internaciones de los cuales el Estado venezolano es signatario, se le ocurrió que la honesta jueza Afiuni había incurrido en “corrupción espiritual”.
“Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien”, afirmó Marco Anneo Lucano
Visto este categórico aserto del poeta romano, queda claro que luisa ortega díaz (minúsculas ex profeso) no ha debido estar nunca en la carrera judicial. Ni de lejos.
La jueza Afiuni no ha cometido delito, no está comprobado; pero lo que sí ha quedado en evidencia es la saña y la cobardía con que se le trató, no solo en su condición de ciudadana, jueza de la República por concurso, sino como mujer y madre venezolana.
Curioso eso de ser corrupto sin estar demostrado que se ha solicitado, y mucho menos recibido dinero. Es sencillamente un absurdo jurídico, por cuanto la prueba o demostración de los hechos debe constar en el expediente que contiene todas las actuaciones del juicio, es decir, lo que no está en el expediente, no existe.
Una capilla necesita de al menos un santo; una exposición de un catálogo o texto; las medicinas se buscan en la farmacia, y lógicamente, un delito configura la existencia de víctima y victimario lo que, evidentemente, nunca hubo en el amañado y premeditado juicio que se le montó a esta digna venezolana.
Bien dijo en tono de sorna el abogado que dirigió en forma espléndida la defensa de la jueza Afiuni: “Es como si se hablara y aceptara un homicidio sin muerto”.
Nunca una venganza privada puede conducir al encarcelamiento de una persona inocente, y al parecer, eso ocurrió en el caso de marras. Tanto así, que el Ministerio Publicó –en cuya cabeza estaba la inefable luisa ortega díaz– admitió en la audiencia preliminar, que no estaba demostrado en el expediente, que la jueza María de Lourdes Afiuni hubiera solicitado ni recibido cantidad de dinero alguna.
Conforme con tal aseveración, con vista al señalamiento fiscal, procedía decretar de inmediato la libertad plena de la procesada, pues su reclusión no tenía y nunca tuvo basamento jurídico.
Es preciso recordar –no olvidarlo jamás– que esta mujer venezolana ha sido víctima de la justicia, hoy en manos de siniestros operadores, que sin remilgo alguno acataron la no menos siniestra orden presidencial del finado, dada en perversa cadena nacional, de encarcelarla y mantenerla entre los muros de una horrible cárcel donde padeció los más graves vejámenes que no son del caso explicar ahora.
Abogados, jueces y fiscales que con sumisión perruna no dudaron en obedecer a la mandonería chavista, firmes y a discreción. Aduladores acataron aquellas diabólicas instrucciones de Hugo Chávez, prescindiendo de los más elementales principios del derecho y la justicia. Queda claro, el régimen del arañero, y hoy día el de la usurpación, con funcionarios como estos, no tiene ni paz ni afinidad con la justicia.
Vale la pena insistir que en materia penal el silencio de la ley o la inexistencia de esta, operan a favor del encausado; que, no habiendo delito, no puede haber encarcelamiento, de conformidad con el principio (aforismo latino) Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, ningún delito, ninguna pena sin ley previa.
Sostener que existe “corrupción sin dinero” o “espiritual” es tan burdo como la sensación de inseguridad, la revolución bonita, los innumerables intentos de magnicidios, o cualquier otro eslogan o consigna gobiernera, que solo existe en las mentes de sus ilusos creadores.
El caso Afiuni tiene muchas aristas; sin embargo, es bueno poner de bulto la seria amenaza que siempre existió en contra de su integridad física y emocional, estando en las mazmorras del INOF. Por ello es que ante el peligro que se cernía sobre su humanidad, encarcelada sin pruebas, víctima de una venganza privada, el país decente no dejó nunca de exigir justicia en su procesamiento.
De allí que su familia, defensores y sociedad civil, clamaran, con toda razón, que el sistema de justicia garantizara su existencia y la propia vida de la prisionera.
Sobre estos particulares, importantes todos, se encargó el periodista Francisco Olivares de plasmarlos en su libro La presa del Comandante, revelador de la lamentable y conmovedora experiencia.
Resulta curioso, por decir lo menos, que estando en su momento los poderes públicos en Venezuela en manos de mujeres, en su mayoría, no se atrevieron nunca a voltear la mirada –al menos la mirada- hacia este caso tan emblemático de saña, injusticia y cobardía. Postración total.
Entretanto, la jueza Afiuni, aún maltratada y vejada en sus más elementales derechos humanos, siempre se mostró convencida de haber actuado apegada al ordenamiento jurídico vigente en el país; entereza y cataplines demostró tener esta valiente venezolana, cuando afirmó: «Si pudiera devolver el tiempo lo volvería hacer mil veces».
Como si fuera poco, a la ilegal detención, al inhumano trato y a la permanente situación de riesgo que padeció esta mujer, una espada y no de Damocles, pendía sobre su destino y ya cayó: el TSJ sentenció en su contra.
Nada borrará en modo alguno las desgracias vividas, pero seguro estoy que la fortaleza, el aplomo y sobre todo la dignidad de esta admirable mujer, se impondrán al odio y al miedo que pretende inocularnos la usurpación aposentada tramposamente en el poder, heredera de aquel régimen culpable primigenio de esta y otras muchas terribles injusticias.
Se le ha negado el permiso para buscar y encontrar cura en el exterior, violándose así, una vez más, el derecho a la protección de la salud como contenido fundamental del derecho a la vida.
Nunca. En esta hora aciaga ni nunca. No bajaré persianas a mis ojos. No dejaré de escuchar. No haré silencio.