La reciente salida de Juan González de su posición como asesor del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca marca un momento crítico en la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Su gestión, caracterizada por una serie de concesiones al régimen de Nicolás Maduro, ha culminado sin avances significativos hacia la restauración de la democracia en el país sudamericano. Este episodio refleja no solo la complejidad de la situación venezolana, sino también la dificultad de negociar con un régimen criminal que ha demostrado una y otra vez su disposición a manipular las relaciones internacionales a su favor.
La negociación de González con Jorge Rodríguez mostraron una desconexión fundamental entre las intenciones diplomáticas de la administración Biden y las realidades en terreno de la política venezolana.
Las concesiones hechas por González y su equipo, desde la extracción de figuras claves de la lista de sancionados de Estados Unidos hasta el indulto de Alex Saab, testaferro de Maduro, no han logrado más que satisfacer al régimen venezolano. Estas acciones, lejos de promover un cambio democrático, han sido interpretadas como signos de debilidad por parte de Caracas, disminuyendo aún más la posición de Washington en el escenario internacional.
La decisión de retirar el reconocimiento a Juan Guaidó y de invitar a Maduro a participar en negociaciones sin condiciones previas claras ha enviado un mensaje preocupante sobre el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos en América Latina. A pesar de las buenas intenciones, la estrategia de «reset» en las relaciones con el chavismo ha resultado ser un fracaso, demostrando una vez más que las concesiones unilaterales a regímenes autoritarios raramente conducen a resultados positivos.
La salida de González, aunque presentada como una transición hacia la campaña electoral de Biden, no debe verse simplemente como un cambio de personal. Debe ser interpretada como una oportunidad para reevaluar y recalibrar la política de Estados Unidos hacia Venezuela. La experiencia ha mostrado que la política de apaciguamiento hacia el régimen de Maduro no solo es ineficaz, sino que también puede ser contraproducente, fortaleciendo a un régimen débil que ha mostrado poco interés en negociar de buena fe.
Es imperativo que la administración Biden adopte una postura más firme y coherente hacia Venezuela, centrada en la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el apoyo a una solución política inclusiva. Esto incluye mantener una posición clara y consistente en cuanto a las sanciones, respaldar la decisión de los venezolanos de elegir su candidata presidencial en unas primarias y trabajar con aliados internacionales como Brasil y Colombia para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro.
La lección aquí es clara: la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela requiere de una estrategia más matizada y robusta, una que reconozca la complejidad de la situación venezolana y la naturaleza criminal del régimen. Solo a través de una combinación de presión diplomática y apoyo a las fuerzas democráticas dentro de Venezuela, Estados Unidos puede esperar contribuir de manera significativa a una solución a la prolongada crisis en el país. La salida de González debe marcar no el fin, sino el comienzo de una nueva era en la política estadounidense hacia Venezuela, una que priorice la firmeza y la coherencia en la defensa de los valores democráticos.