El gobierno puso al país al límite de la anarquía jurídica, secuencia que tendría como desenlace un posible cierre del Congreso. Este último jueves 24 de noviembre, casi a la medianoche, el presidente Pedro Castillo dio un ambivalente mensaje a la Nación. Además de anunciar que armará un nuevo gabinete ministerial, el quinto en sus casi 16 meses de gestión, sostuvo entre líneas que el Parlamento rechazó bajo el concepto de denegación fáctica la cuestión de confianza —en realidad la declararon improcedente— presentada por su saliente primer ministro Aníbal Torres. Lo mismo repitieron luego algunos de sus ministros como Alejandro Salas (Trabajo), Roberto Sánchez (Comercio Exterior) y Félix Chero (Justicia). Esta postura, forzada en el campo de la interpretación, se dio después que también el Tribunal Constitucional (TC) declarara infundada la demanda del Ejecutivo de darle de baja a la Ley 31399, llamada también Ley referéndum y que con su derogación les iba a servir para encaminar la Asamblea Constituyente. Varios constitucionalistas extendieron sus argumentos sobre este nuevo episodio de una crisis política que está a la espera de diagnóstico por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Cerca de las seis de la tarde, la Mesa Directiva del Congreso dio su veredicto sobre la cuestión de confianza que había planteado el gobierno: decidieron “rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de maneras prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional”. “Asimismo, hemos exhortado al Consejo de ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza», agregaron. La mayoría estuvo a favor: José Williams (presidente de la administración congresal); Martha Moyano (primera vicepresidente) y Alejandro Muñante (tercer vicepresidente). Solo marcó en contra Digna Calle (segunda vicepresidente).

Las repercusiones fueron inmediatas. La primera vino desde la presidencia del Consejo de Ministros. Aníbal Torres, su titular, decidió presentar su carta de renuncia, lo cual fue después aceptado en la madrugada por el jefe de Estado en un mensaje a la Nación, en el que además dijo: «Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano, y, habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y su trabajo por el país, renovaré el gabinete». Esto, en líneas claras, significó que el gobierno asumía la improcedencia de la cuestión de confianza como un rechazo, una denegación fáctica, o una “denegación de confianza” como dirían después los ministros Salas, Sánchez y Chero. Es decir, usaron su primera bala de plata. Una segunda y podrán, pese a llegar a esta licencia constitucional de forma irregular, disolver el Congreso.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que el mandatario “está violando la ley” y que incluso está tomando lugar “al margen del sistema constitucional peruano”. Por esa misma línea también transitó su colega Aníbal Quiroga. Consideró que si se cierra el Legislativo “tendríamos un sistema político autoritario al margen de la constitución” y que estaríamos figurativamente “entre Venezuela y Bolivia”, en una “dictadura constitucional”. Respecto a la decisión del Congreso, dijo que fue la ruta correcta. «Yo creo que ha sido más sano, más pulcro y más rápido el tema del rechazo de plano (de la cuestión de confianza), lo que ha hecho hoy día el Congreso me parece que está muy bien, me parece que ha tenido los tiempos necesarios, fue una estrategia adecuada», señaló.

Por su parte, Natale Amprimo, abogado constitucionalista, ya había adelantado también que el Pleno podía “declarar improcedente la cuestión de confianza”. “La declaración de improcedencia declarada por el Congreso no califica como rechazo ni negatoria. Está en el artículo 86 del reglamento del Congreso”, explicó. Esto fue replicado por su colega Erick Urbina: “Ni el reglamento del Congreso ni la Constitución establecen que una improcedencia deba ser interpretada como un rechazo”.

Desde el Congreso ya varios legisladores levantaron su voz de rechazo contra el nuevo movimiento del Ejecutivo, que estos últimos días viene subiéndole el volumen a su tono amenazante. Parlamentarios como Alejandro Cavero (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular) reconocen que el concepto de denegación fáctica además de errónea sería la coartada para atentar contra la democracia. En cualquier momento, a cualquier hora, podrían presentar otra confianza, darla por denegada y cerrar el Congreso. La salida a esta crisis tiene varias alternativas sobre la mesa. Es momento que desde la plaza Bolívar tomen la última palabra.

Publicado en el diario El Reporte de Perú


El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!