Uno de los grandes problemas que enfrentamos los venezolanos, desde tiempos de Hugo Chávez hasta ahora, es la opacidad en la información pública. Tener datos oficiales en Venezuela es realmente una odisea, no hay manera de obtener cifras de los funcionarios del Estado, pareciera que hay una prohibición expresa de ello.
Por esto, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde hace varios años, se han dedicado a recabar datos, cifras, testimonios, etc., que puedan dar al mundo una aproximación bastante cercana a la grave situación en materia de violaciones de los derechos humanos que vivimos en Venezuela.
La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, desde hace muchos años se ha dedicado a recabar información veraz sobre la situación que se vive en el sistema penitenciario venezolano, bajo una rigurosa metodología de investigación y con un equipo de investigadores que hoy en día cubre toda la geografía nacional y cuya función principal es levantar esa data que las autoridades se niegan a dar.
En otras oportunidades me he referido a la llamada Comisión para la Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro el pasado 21 de julio con el fin de acabar en 60 días con el hacinamiento y el retardo procesal en los centros de detención preventiva del país: Esta vez me quiero referir a un informe especial que Una Ventana a la Libertad acaba de hacer público llamado “60 días de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. ¿Acabar el hacinamiento?”, realizado para dar a conocer en cifras los resultados del trabajo desarrollado por esta comisión.
Es importante aclarar que las únicas cifras oficiales del trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial las dio su presidente, Diosdado Cabello, en una sesión de la Asamblea Nacional el pasado 14 de septiembre, en la que dijo: «Nosotros en pandemia hemos visitado 394 centros, entrevistado a 27.963 hombres y mujeres, buscado, revisado y adecuado al momento que estamos viviendo», hasta allí la información oficial.
El informe de Una Ventana a la Libertad, que abarca desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto del presente año, 10 días más del plazo de 60 días dado por Maduro, indica que durante ese lapso los miembros de la comisión solo visitaron 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional.
Igualmente se otorgaron 6.529 libertades y se realizaron 1.085 traslados a recintos carcelarios, para un total de 8.446 reclusos beneficiados por el trabajo de esta comisión, lo que representa solo 21,8% de la población penitenciaria.
Es claro que dentro del plazo acordado de 60 días no se logró cumplir con la meta de eliminar el hacinamiento de los centros de detención preventiva. Este continua, al igual que el retardo procesal y las graves violaciones de los derechos humanos de los privados de libertad, hombres y mujeres.
En el Informe Especial se señala que liberar o trasladar a centros penitenciarios 21,80% de las personas detenidas, según cifras de la misma comisión, en 70 días (10 días extras) habiendo dicho que acabarían con el hacinamiento en los CDP en solo 60 días, es una agresión a las personas detenidas. “Es un chantaje para que acepten cualquier culpa o condición y una afrenta a las familias que siguen luchando por las debidas garantías procesales para sus familiares que, si bien pudieron haber cometido un delito, no dejan de ser portadoras de derechos humanos”, agrega el informe.
Finalmente esperamos que, aun cuando no se logró cumplir con lo establecido en el lapso de 60 días, el trabajo de esta comisión continúe y se logre erradicar ese uso perverso que se le ha dado a los centros de detención preventiva de convertirlos en las nuevas cárceles venezolanas.
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