Miguel Henrique Otero, en artículo del domingo 3 de abril, advierte sobre los efectos de una campaña gubernamental destinada a demostrar que el régimen venezolano acepta las prácticas democráticas -y admitirá el resultado electoral de 2024- y que la economía mejora, gracias a la recuperación de la producción. Coincide esa campaña con otra que procura exponer el descrédito de la oposición, que aparece como una fuerza disminuida, dividida e incapaz de ofrecer una alternativa de poder. “Mentiras y silencios, en resumen, una canallada cuyo producto final no es otro que el fortalecimiento del régimen”, indicó el presidente editor de El Nacional.
El grupo que controla el poder en Venezuela sabe que el clima de tranquilidad visible esconde una situación de muchas dificultades y de especial peligrosidad para el mantenimiento del régimen. El escaso apoyo popular obtenido en las elecciones parlamentarias y regionales (con emblemática derrota en Barinas) pone en evidencia el rechazo y la voluntad de cambio del país que revelan todos los sondeos, aun los más recientes: la votación de Nicolás Maduro apenas superaría el 10% y la de su partido 15%. Los aliados externos toman distancia y la nueva izquierda de América Latina lo excluye de sus filas. Ahora aparece entre los “parias” del mundo, que encabeza Vladimir Putin. Eso explica las iniciativas ante Estados Unidos, los llamados a la oposición democrática y los anuncios de liberalización económica. Para lograr buenos resultados esa medidas se acompañan de publicidad sobre “la recuperación” y la “sensación de bienestar”.
Para imponer (dentro y fuera) una falsa visión de la situación, el régimen utiliza, especialmente, los medios de comunicación (propios y ajenos). Desde que tomó el poder el chavismo se fijó como objetivo el dominio total de los mismos (“hegemonía comunicacional”). Del uso exclusivo en los estatales y el abuso en “cadenas” y propaganda, se pasó a medidas de control de los privados. Luego se negó la renovación de licencias a emisoras, que se entregaron al aparato partidista (con confiscación de bienes, como en el caso de Radio Caracas Televisión). En 2021, de 992 medios sólo 6% se identificaba como opositor. En 2013 se creó un “complejo editorial” para eliminar la prensa libre, mediante el manejo de la distribución del papel. De 130 periódicos en 2009, en junio de 2021 quedaban 16 (sólo 3 diarios). Desapareció, entre otros, El Nacional (cuyas instalaciones y maquinarias se asignaron a uno de los jefes del régimen).
Sin embargo, hasta ahora el régimen no ha podido ocultar la realidad de un país sin libertades cuya población se hunde en la pobreza. El grupo en el poder sustituyó el sistema democrático por un régimen autocrático y tiránico, unipartidista con “representación minoritaria de la mayoría”. No existe Estado de Derecho, separación de poderes, respeto a los derechos humanos, elecciones libres, justas y transparentes. Los principales partidos de oposición han sido ilegalizados y muchos de sus líderes encarcelados u obligados a salir del país. La elección de Nicolás Maduro en 2018 estuvo viciada de inconstitucionalidad e irregularidades y no fue reconocida por la comunidad internacional. Lo mismo ocurrió con las elecciones parlamentarias (2020) y regionales (2021). La designación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, así como del fiscal, del defensor y del contralor se ha realizado en contravención a las normas constitucionales.
Por otra parte, ninguno de los derechos reconocidos en la Constitución está garantizado. La libertad se ve constantemente amenazada. Según el Foro Penal, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2021, un total de 15.769 personas fueron arrestadas por motivos políticos. De estos, 875 civiles fueron procesados ante tribunales militares. El último día de 2021 se contaron 244 presos políticos. Por otro lado, la justicia ordinaria es lenta y el sistema penitenciario “inhumano”. Los detenidos se hacinan en las cárceles y 7.374 murieron (entre 1999 y 2020) bien por las condiciones existentes o durante los muchos motines que se produjeron (según el Observatorio de Prisiones). Como mandan los manuales de los antiguos regímenes comunistas, miles de empresas (1.332 según Conindustria) y millones de hectáreas de tierra (3,6 millones según registros del INTI) han sido confiscadas. Son ahora bienes improductivos. Ni siquiera la propiedad de los bienes de uso personal está protegida.
Según el FMI, desde 2013 (cuando Nicolás Maduro asumió el mando) hasta finales de 2020 el PIB de Venezuela se redujo a 18,25% de su tamaño. Era imposible bajarlo más. Los ingresos petroleros habían permitido cierto aumento desde 2003; pero a partir de 2014 comenzó una profunda recesión que aún se mantiene. Desde 2016 la magnitud de las caídas anuales impactaron a los analistas. Como resultado desde esa fecha se perdieron 4,4 millones de empleos. Esa situación ha obligado a millones de venezolanos a emigrar (la segunda gran crisis de desplazamiento externo en el mundo). Según Acnur-ONU son más de 6 millones, la mayoría de los cuales han buscado refugio y protección en los países vecinos (5.046.907 para comienzos del mes pasado) A esos deben sumarse quienes desde Venezuela retornaron a sus países de origen (como lo hicieron 845.000 colombianos).
El estudio Encovi – UCAB de septiembre de 2021 revela que la pobreza (en ingresos) aumentó en el último año: afecta a 94,5% (17,9% más) de la población y la pobreza extrema a 76,6% (8,9% más). Los no pobres son solamente el 5,5%. La pobreza multidimensional (según las condiciones de vida) aflige a 65,2% (en 2014 a 39,3%). Los servicios de educación y salud no funcionan. Incluso, las universidades no pueden mantener sus actividades normales. No existen estadísticas serias en esas áreas esenciales. Pero bastan dos cifras: desde 2014 la cobertura de educación entre 3 y 24 años cayó en 8% (a 65%) y la esperanza de vida en 6,4 años (a 76,6 años). A esos males se agrega el de la inseguridad. En 2021 la muertes violentas fueron 11.081 (40,9 por 100.000 habitantes, de los más altos del mundo). El de Caracas es aún mayor: 77,9 por 100.000 habitantes. Agentes de seguridad han causado 2.332 (6,3 diariamente) de esas muertes
A la campaña animada por el régimen ha contribuido –sin saberlo ni quererlo- la oposición democrática. No tanto porque algunos de sus antiguos dirigentes han aceptado expresamente la permanencia de Nicolás Maduro hasta 2025, sino más bien porque pareciera que los partidos que la integran han abandonado la exigencia de su salida como condición para llegar a acuerdos que permitan la solución de la gravísima crisis que afecta al país (creada por sus ejecutorias). Ese es un paso indispensable para el propósito del régimen: dar basamento a una legalidad que no se le reconoce. Y lo buscan –hasta ahora sin éxito- sus representantes en las conversaciones que han tenido con aquellos partidos. Por eso, más de 50 países no han reconocido los resultados de las elecciones de 2018 y 2020 y muchos de ellos sostienen al llamado “gobierno interino”. Eso, sin duda un éxito político importante, no ha sido aprovechado.
El régimen carece de apoyo popular. Porque la crisis continúa y no se puede esconder tras una falsa prosperidad que se manifiesta en algunos negocios y bodegones a los que sólo tiene acceso 5,5% de los venezolanos. Pero, la debilidad de la oposición ha facilitado las intenciones del grupo que secuestra el poder. Los sondeos, en efecto, señalan la desconfianza de la mayoría frente a los partidos opositores hasta ahora dominantes. Por eso, no han logrado capitalizar el descontento. En realidad, las distintas organizaciones que han asumido la coordinación en procesos exitosos (2007 o 2015) nunca presentaron una idea o proyecto de país y un programa de gobierno, que recogieran las expresiones reales del sentimiento nacional: democracia y libertad, justicia y desarrollo. Son instrumentos indispensables para la formación de un gran movimiento popular, dotado de la fuerza política necesaria para provocar de inmediato un cambio en la dirección del Estado.
No existe recuperación económica. No se ha detenido el colapso del proceso productivo. No sale humo de las chimeneas de Puerto Ordaz para anunciar el comienzo de la actividad. Tampoco se bombea petróleo para saciar la sed del mundo angustiado por la guerra. No se vive en paz: centenares de presos políticos llenan las cárceles del régimen. Las medidas tomadas son superficiales, no ha regresado el bienestar. Como señaló un reportaje de The New York Times (2.3.22), “las fachadas coloridas … esconden los interiores decrépitos de los edificios”. Todavía Venezuela espera por la libertad y la democracia para recomenzar la construcción de una sociedad más justa y más humana.