Debemos reconocer, y así lo han demostrado los hechos, que la política del expresidente Donald Trump de aparente gran presión hacia el régimen de Maduro nunca impidió a este último encontrar las fórmulas oportunas y eficaces para evadirla y mantenerse en el poder. La visión y estrategia unilaterales cimentadas en una narrativa disuasoria (amenaza de la fuerza) y en las, hasta ahora, infructuosas sanciones económicas, no lograron el objetivo básico de un cambio político. Nicolás Maduro y sus asesores externos trabajaron exitosamente en la estrategia de mantener a una oposición venezolana en estado permanente de confusión y, por supuesto, dividida. En el plano internacional han sido evidentes las ventajas que acompañaron al régimen, gracias a la ausencia de una estrategia unificada entre los dos principales factores de apoyo a la causa democrática de Venezuela: la Unión Europea y Estados Unidos.
Un giro importante
En contraste con lo que fue la administración Trump, y en sintonía con algunos de los anuncios sobre política exterior dados a conocer por Joe Biden durante la campaña presidencial de 2020, ya para el pasado 28 de enero, el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvieron un primer contacto oficial, en el que destacaron la importancia de “renovar la asociación estratégica” entre las dos partes, con miras a abordar de manera conjunta “los apremiantes desafíos mundiales”. Así mismo, confirmando la línea ya anunciada por la nueva administración estadounidense, los dos altos funcionarios se comprometieron a trabajar mancomunadamente a favor del fortalecimiento del multilateralismo y un sistema global “basado en reglas”.
Seguidamente, el martes 16 de febrero, el mismo secretario de Estado Blinken y la ministro de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, sostuvieron una conversación telefónica en la que se transmitió al gobierno español –sobre la base y el interés de fortalecer los vínculos bilaterales y las relaciones transatlánticas– el deseo de Estados Unidos de trabajar conjuntamente con ese país, la UE y otros aliados, de cara a ciertos desafíos comunes, entre los cuales se destacó: la crisis de Venezuela, la pandemia del coronavirus, el cambio climático y la relación con Rusia y China.
Una interpretación obligada de estos primeros contactos entre Europa y Estados Unidos nos muestra la importancia que parece asignar la administración Biden a España como bisagra clave respecto al tema de Venezuela. Por su parte, la ministra española, tal vez recordando a Donald Trump, no ha ocultado su complacencia, tanto por el interés de Washington en recuperar una alianza extraviada, como por el convencimiento de las nuevas autoridades estadounidenses de que en lo relativo a Venezuela, la estrategia seguida durante los dos últimos años no ha arrojado los resultados esperados.
No puede escapar a estas consideraciones la suspicacia que en oportunidades han generado ciertos episodios y el vínculo ideológico que existe entre el régimen de Nicolás Maduro y el partido de gobierno español de Pedro Sánchez (PSOE), al cual pertenecen tanto el alto comisionado Josep Borrell como la ministro González Laya, circunstancia que, según algunas opiniones, pudiera descalificarlos como interlocutores válidos, en tanto que ser vistos como un obstáculo para el objetivo inmediato de acercar las posiciones entre Europa y Estados Unidos. Pero en aras de la honorabilidad de las instituciones europeas, se hace siempre imperativo conceder el beneficio de la duda.
Nuevos adelantos posibles
A instancia de una invitación del alto comisionado Josep Borrell, el mismo 28 de enero, es probable que muy pronto, el secretario de Estado, Antony Blinken, asista a una de las próximas sesiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. También es posible que el tema Venezuela forme parte de la lista de prioridades, y que, en función de ello, sean abordadas en el orden del día ciertas aproximaciones preliminares. Una de ellas, seguro tendrá que ver con el mecanismo de asociación que habrá de ser creado.
Actualmente existe el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que, como es sabido, reúne en su seno a algunos países de América Latina y de Europa, y cuyo objetivo primogénito ha sido el de coordinar los mayores esfuerzos posibles en la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana, a través de “la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías de un proceso libre y justo, supervisado por observadores internacionales independientes”.
La nueva visión de la administración Biden dada a conocer por varios de sus voceros, y que otorga suprema importancia a la restauración de “una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual” (de Venezuela), comparte lo básico de este postulado del GIC, y, por tanto, de la Unión Europea, que contribuyó lógicamente a su formulación. Sobre este fundamento, no es descartable entonces que la coalición necesaria a la que ha hecho referencia el gobierno de Estados Unidos tome, eventualmente, la forma de un GIC ampliado (GIC+ Estados Unidos), o tal vez de un nuevo mecanismo con principios y propósitos complementarios.
Otro de los aspectos que pudiera ser abordado en un primer acercamiento es el estatus de representatividad de la oposición venezolana. Ya Estados Unidos aclaró las dudas en cuanto a su firme apoyo a la investidura de Juan Guaidó como presidente interino y a la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, mientras que el Consejo de la Unión Europea se ha decantado por solo considerar a Guaidó como interlocutor privilegiado, dando por terminado el mandato de la Asamblea Nacional por él presidida. Si bien es posible que este no constituya un punto de honor para la administración Biden, el hecho de que otra de las instituciones comunitarias, en este caso el Parlamento Europeo, comparta la postura de Estados Unidos, representa una carta estratégica a su favor en lo que habrá de ser ese proceso de acercamiento y definición de posiciones conjuntas.
Sin duda, el tema más álgido a ser considerado en un eventual encuentro Estados Unidos-UE es el referente a las sanciones. En declaraciones dadas a conocer a la prensa el pasado 18 de febrero, el asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Juan González, fue enfático al destacar que “no está planteado realizar un levantamiento de las sanciones que pesan contra funcionarios y algunas instituciones del régimen de Maduro, ya que esa no es una prioridad para el presidente Biden”. Sin embargo, el alto funcionario matizó sus señalamientos criticando el carácter unilateral de las sanciones de la administración anterior, un enfoque que, según, jamás ha propiciado un verdadero proceso de transición o un cambio político en país alguno, y que obvió la importancia del consenso y de las alianzas con sus socios europeos y de la región.
Por las razones anteriores el asesor de seguridad explicó que, para garantizar el mayor peso y éxito de la política de sanciones, se hace necesario “formar un consenso entre la entera comunidad internacional para subir la presión, y para asegurar que quienes están robando miles de millones de Venezuela no encuentren refugio en ninguna parte del mundo”. Es muy factible que, en el proceso de acercamiento de posiciones sobre este tema, la Unión Europea -respondiendo a presiones de ciertos sectores, entre otros, las Naciones Unidas- sea más proclive a la flexibilización de las sanciones por razones de orden humanitario. Queda en manos de Estados Unidos tratar de convencer a sus socios europeos en el sentido de que una reorientación y reforzamiento conjuntos de las sanciones es el único instrumento de presión creíble y potencialmente efectivo ante el régimen madurista.
Lo cierto es que el enfoque planteado por la administración Biden, basado en una política bipartidista (demócratas y republicanos) y en una estrategia de aproximación multilateral en pro de una salida democrática y pacífica en Venezuela, pareciera indicar el camino correcto hacia la consolidación de un verdadero bloque internacional, con el concurso de sus socios europeos y latinoamericanos.