Entre los días 1° y 12 de febrero estará de visita institucional a Venezuela la señora Alena Douhan, relatora de la ONU para verificar los “efectos de las medidas coercitivas unilaterales” en los derechos humanos. Es algo importante y que debe ser saludado con respeto por su investidura. Sin embargo, hay que comentar, de partida, que el enfoque de la relatora tiene una visión preconcebida: las sanciones son malas per se y violan derechos humanos. No es una actitud imparcial. Es una postura inquisitiva. Viene a investigar lo que ya tiene claro. Luego, no es una investigación, sino una constatación de su presunción: “Las sanciones son culpables”.
La relatora ha dicho: “»Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela (…) También haré recomendaciones sobre cómo se puede mitigar o eliminar cualquier efecto negativo». (Ver: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26699&LangID=S). Tampoco indica si analizará las causas estructurales y de fondo de la emergencia humanitaria compleja y las graves violaciones de derechos humanos que se viven Venezuela.
La parcialidad se ve claramente implícita en las preguntas, las cuales encierran la conclusión: “1. ¿Qué derechos humanos específicos se ven afectados por las sanciones unilaterales introducidas contra Venezuela? ¿Puede dar ejemplos de violación de derechos particulares mediante sanciones unilaterales?”. Y así, sucesivamente. Esta pregunta y todas las demás dan por sentado que los derechos humanos sí se ven afectados negativamente por las sanciones. No habla de supuestos efectos (negativos o positivos), sino que los da por sentado como violatorios de los derechos humanos.
Da la impresión de que el objetivo de la relatora es evaluar solo las sanciones emanadas de Estados Unidos. No toma en consideración las de Canadá, Unión Europea (27 países), miembros del TIAR (destacan las de Chile y Argentina con cientos de designados), Reino Unido, Suiza. Tampoco las menciones de la Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos (“FFM” por sus siglas en inglés). Si se sumaran todas ellas serían varios cientos de sancionados, entre personas naturales y jurídicas, incluyendo buques y aeronaves. Todas ellas con distintas medidas y diferente alcance. Lo primero que salta a la vista es que el asunto de las sanciones no es unilateral, sino que son masivas, colectivas y multilaterales, aun cuando individualizadas y selectivas. Todas ellas buscan el cambio de conductas lesivas a los derechos humanos y a otros bienes jurídicos, como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, previstos en el derecho internacional. Las sanciones individuales e inteligentes son legítimas y legales, conforme al Derecho Internacional.
Parece que la visita de la relatora es una presencia convenientemente acordada con el régimen. Ya diversas ONG han manifestado su inconformidad con el hecho de que no se han autorizado las solicitudes de las oficinas de relatores de la ONU, que han sido solicitadas insistentemente, a saber: a) el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, b) la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, c) la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. d) el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, e) la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación, e) la Relatoría Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Nivel Más Alto de Salud Física y Mental, f) la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y g) la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La alta comisionada de los Derechos Humanos ha recomendado que vengan a Venezuela.
Tampoco se ha permitido la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Relatoría de la OEA sobre Libertad de Expresión las cuales han gestionado la misma de forma infructuosa desde hace varios años: no quieren estas visitas. La conclusión es que no se quiere el escrutinio internacional ni que se investigue a fondo y que le digan la verdad.
La visita de la relatora es, también, congruente con la remisión que se hizo de la Situación II sobre Venezuela a la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, en la cual acusa al gobierno de Estados Unidos por imponer sanciones internacionales, que la remisión llama “medidas coercitivas unilaterales”. En esa remisión, el régimen imputa estos crímenes: asesinatos, exterminio, deportación, persecución y causar graves sufrimientos físicos y mentales. Los argumentos son bizarros.
En todo crimen atroz tipificado penalmente en el Estatuto de Roma de la CPI hay siempre violaciones de los derechos humanos. La diferencia está en la responsabilidad: mientras en los crímenes la responsabilidad es penal e individual de personas naturales, exclusivamente; en la violación de derechos humanos el responsable es el Estado, solamente.
El único inconveniente que he conseguido en mi indagación acerca de los efectos de las sanciones sobre el tema es el sobrecumplimiento u “overcompliance”, problema este ocasionado por bancos y otras instituciones que prefieren no tratar con “venezolanos” o con cualquiera que haya sido funcionario mucho tiempo atrás (hubo afectados que fueron funcionarios en los gobiernos democráticos y les congelaron arbitrariamente las cuentas en sus bancos). El sobrecumplimiento ocurre cuando el Oficial de Cumplimiento no hace su trabajo o cuando el banco no quiere gastar un céntimo ni tiempo en averiguar la real situación de su cliente, para saber si está sancionado o no. Es una discriminación por nacionalidad. El sobrecumplimiento es responsabilidad de terceros, no de las sanciones ni de quienes las emiten.
En fin, espero, de buena fe, que oiga lo que le dijeron algunas de las ONG consultadas por ella y su informe sea realmente imparcial y desprejuiciado. Así, debería destacar los problemas estructurales y de fondo que han dado origen a la emergencia humanitaria compleja que vive el país y a las graves violaciones de derechos humanos que sufren innumerables víctimas. Todo ello ha sido exacerbado y empeorado por la Gran Corrupción y la radicalización de las políticas públicas, no por las sanciones.
@FM_Fernandez