La reforma del Poder Legislativo se ha dado un nuevo varapalo la semana pasada al no alcanzar los 87 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional sin la necesidad de someter la decisión a referéndum. Si bien inmediatamente se aprobó una reconsideración a la votación, la incertidumbre sobre el resultado deja aún remotas las posibilidades de ver concretada la tan necesaria reforma del Poder Legislativo.

Esta reforma hoy toma la forma de un retorno a la bicameralidad y, aunque esta no es necesariamente la fórmula ideal que solucionará todos los problemas orgánicos y estructurales del Poder Legislativo, puedo afirmar con total convicción que, de realizarse, mejoraría significativamente la actualidad institucional de la representación nacional.

Y esto último es indispensable, pues la impopularidad actual del Congreso podría salirnos más caro de lo que creemos.

Un sistema que no da más

Para nadie es un secreto que el sistema parlamentario unicameral actual es altamente deficiente. Al mismo tiempo, a nivel de opinión pública, el Congreso de la República se ha convertido en una de las instituciones más repudiadas por los ciudadanos peruanos.

Si bien esto último no es un fenómeno exclusivamente peruano, en tanto las clases políticas generan desconfianza y sentimientos negativos en casi todos los países del mundo, la velocidad con la que la aprobación del Congreso llega sistemáticamente a niveles que bordean el 10% es altamente preocupante.

Por ejemplo, según IPSOS, en enero de 2023, solo 14% de los peruanos aprobaba la labor del presente Congreso, instalado a mediados de 2021.

Si bien esta desaprobación se explica en parte por escándalos vinculados a congresistas particulares que afectan a la institución en su conjunto, existe un hecho inobjetable: la impopularidad crónica del Congreso es un lastre que pone en riesgo a la república.

Me explico. La representación nacional tiene que tomar decisiones sobre la aprobación de leyes y reformas que pueden ser impopulares pero necesarias y, si la institución no cuenta con la legitimidad para aprobar estas reformas, es posible que exista un alto rechazo de la población que pueda ser capitalizado por agentes políticos para promover una narrativa y una agenda antirrepublicana, reformista radical y, obviamente, vinculada con el interés de estos mismos agentes de alcanzar y retener el poder.

Ya vimos como la excusa del Congreso impopular fue instrumentalizado por un combinado de agentes nacionales y extranjeros para oponerse a la destitución constitucional del golpista Pedro Castillo y la sucesión constitucional que llevó a Dina Boluarte a la Casa de Pizarro. Hoy día seguimos padeciendo los estragos de estos embates con una insurrección en el sur que aún no se detiene y el resquebrajamiento de nuestra relación diplomática con países tradicionalmente hermanos como México y Colombia.

En el pasado reciente, Martín Vizcarra llevó al extremo la narrativa del Congreso impopular para torpedear la renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional y deshacerse de la oposición a su gobierno en un solo acto. Aquella disolución del Congreso por una hoy inconstitucional “denegación fáctica” de confianza fue aplaudida por un preocupante 80% de la población. Pocos meses después se votó en elecciones democráticas a otro Congreso, con una conformación diametralmente distinta, el cual culminó su corto mandato con niveles paupérrimos de aprobación.

Reformas, representatividad y legitimidad

La necesidad de un Congreso con legitimidad es indispensable para una sana vida republicana. Para esto no solo es necesario una reforma como la de la bicameralidad. Es indispensable que se implementen mecanismos que mejoren la representatividad de cada parlamentario, que se restituya la reelección y que se incrementen los escaños para reflejar de manera razonable la población del país.

Asimismo, teniendo en cuenta nuestra realidad política, también debe simplificarse el procedimiento para desaforar parlamentarios criminales y, si es posible, otorgarle a la población la posibilidad de revocar el mandato de sus representantes.

La bicameralidad es un primer paso, pero no es la panacea. El debate de nuevas propuestas debe continuar y no debe vincularse con ninguna bandera política en particular, pues esta no es una cuestión ideológica sino de supervivencia republicana.

Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú


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