En los modelos de códigos penales de los diferentes estados de la Unión están presentes 4 elementos básicos en el proceso por un delito penal:
- la “intención” de cometer el delito.
- actuar a consciencia de que esta conducta producirá un resultado delictivo.
- comportarse con imprudencia o con un desprecio deliberado por la seguridad de los demás.
- poner negligentemente a otros en un riesgo irrazonable de daño.
Como la “intención” es un estado mental, promover la prueba de una conducta es dificultoso porque el Código Penal exige a los fiscales pruebas más allá de cualquier duda. De esta manera el trabajo de un abogado defensor consiste fundamentalmente en generar dudas sobre la “intención”. Este ha sido el esfuerzo de los prominentes abogados que defienden a Donald Trump de un posible enjuiciamiento por sedición e insurrección.
Los códigos penales de los estados federales dividen la “intención” en 3 categorías: delitos de intención específica; delitos de intención general y delitos de responsabilidad objetiva. Los dos primeros son los que requieren pruebas de estado mental necesario que configurar la “intención”. Cualquiera que haya prestado atención a las presuntas acusaciones en contra de Donald Trump durante su presidencia -sostiene un analista de la revista POLÍTICO- sabe que muchas de las revelaciones que los espectadores ven como “explosivas” no siempre tienen consecuencias legales.
Hasta la pasada semana las evidencias reunidas por el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, habían encontrado cierta resistencia para interpretarlas como una “intención específica” de Trump en la comisión del delito de sedición e insurrección. Otros creen que los elementos entonces conocidos satisfacían los supuestos de una asociación para delinquir. No obstante, es necesario recalcar que los elementos de culpabilidad que encuentre la Comisión Investigadora del Congreso no tienen consecuencia jurídicas directa para enjuiciar a Donald Trump. Los resultados de esta investigación son remitidos al Departamento de Justicia recomendando su enjuiciamiento. Se presume que el Departamento de Justicia ha abierto su propia investigación de cuyas resultas y las del Congreso servirán de base para formularle cargos al ex presidente.
La cuestión pues se reduce a si el Departamento de Justicia puede probar más allá de toda duda razonable que Trump, con la complicidad de funcionarios y congresistas republicanos, tenía la “intención” de cometer estos delitos de sedición e insurrección. Como han observado algunos abogados, la culpabilidad penal por los intentos de anular las elecciones pueden depender de si el expresidente y sus cómplices creían honestamente que Trump ganó las elecciones de 2020. Si este es el caso existen abundantes evidencias de allegados, miembros del gabinete y altos funcionarios republicanos que insistieron, no sólo en que había perdido las elecciones, sino que renunciaron en protesta por la negativa de Trump de conceder la derrota.
Evidencias directas
El martes de la semana pasada estas apreciaciones cambiaron radicalmente con el testimonio de la exfuncionaria de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson, quien con un testimonio bombástico ha logrado avanzar significativamente la posibilidad de enjuiciamiento penal del expresidente Trump. Cassidy Hutchinson fue la asistente del jefe de Gabinete de Donald Trump, Mark Meadows. Tal como lo ha probado la dinámica burocrática, Cassidy Hutchinson durante su tiempo en la Casa Blanca, su acceso y cercanía a alto gobierno es indudable, lo cual confiere a sus testimonios una enorme credibilidad.
Con un variado alijo de evidencias directas, la joven Hutchinson de 25 años, ha provocado un verdadero terremoto político en Estados Unidos y ha colocado al expresidente Trump en condiciones que han hecho dudar a los más escépticos acerca de la real posibilidad de una eventual acusación penal por parte del secretario del Departamento de Justicia, Merrick Garland de quien, como había trascendido, se mostraba algo renuente a abrir la caja de pandora y las repercusiones mundiales para Estados Unidos que provocaría su decisión.
“Una de las cosas extrañas de todo esto”, dice Orin Kerr, profesor de derecho de Berkeley, “es que Trump ha estado haciendo cosas que cualquier persona normal se habría dado cuenta que eran ilegales. Entonces, ¿cómo dudar de la psicología de Donald J. Trump en términos de lo que estaba pensando?”
Para la doctrina penal una evidencia directa prueba algo sin necesidad de acudir a una inferencia lógica o una presunción y es esto lo que resulta del testimonio de Cassidy Hutchinson. Una evidencia directa en el sistema penal americano toma a veces la forma de testimonio de alguien que dice que el acusado les dijo que tenía la intención de cometer el delito o de un testigo ocular que dice que el acusado actuó deliberadamente, o la confesión del acusado de que tenía la intención de actuar. En cada uno de estos ejemplos, la declaración apunta directamente a mostrar la “intención” del acusado de cometer un delito. Lo único que tiene que hacer el jurado es creerle a los testigos.
En la audiencia del pasado martes el Comité Investigador escuchó el testimonio de Cassidy Hutchinson, quien describió el papel fundamental de Pat Cipollone como consultor jurídico de la Casa Blanca durante los eventos del 6 de enero. “Mark, tenemos que hacer algo más”, dijo Hutchinson que escuchó a Pat Cipollone decirle a Mark Meadows, jefe de Gabinete de la Casa Blanca. “Literalmente están pidiendo que se cuelgue al vicepresidente”. “Tú escuchaste a Trump, Pat”, respondió Meadows. “Él piensa que Pence se lo merece. Trump no cree que la turba esté haciendo algo malo”. Hutchinson también testificó que Cipollone se opuso a las sugerencias de asesores en el sentido de que los agentes del Servicio Secreto permitieran a Trump que se uniera a la multitud de sus seguidores que marchaban hacia el Capitolio. “Vamos a ser acusados de todos los delitos inimaginables”, dijo Hutchinson que había respondido el consultor jurídico, Pat Cipollone.
Hutchinson recuerda que, un agente líder de la escolta presidencial le dijo que Trump le había arrebatado por la fuerza el volante de las manos del chofer, para tratar de desviar el vehículo hacia el Capitolio. Un agente del servicio secreto le retiró la mano al presidente con fuerza e insistió que por razones de su seguridad no le permitirían acompañar a la multitud que asaltaba el Capitolio. Este testimonio que involucra al consultor Jurídico de la Casa Blanca ha resonado tanto que el Comité lo ha convocado a rendir testimonio al Comité Investigador.
Considerando el respeto que en Estados Unidos se observa del privilegio legal cliente/abogado, la convocatoria al consultor Jurídico de la Casa Blanca a dar testimonio pone de relieve el grado de agresividad de los miembros del Comité Investigador.
Por otra parte, la presencia del consultor jurídico de la Casa Blanca como testigo, tiene resonancias históricas. John Dean, el consultor Jurídico de la Casa Blanca durante el Watergate fue igualmente llamado a declarar por el Comité Investigador entonces y sus testimonios fueron tan contundentes que precipitaron la formulación de cargos criminales contra Richard Nixon y lo obligaron a renunciar a su cargo de presidente de Estados Unidos para evitar un embarazoso proceso judicial.
No es el caso de Donald Trump, como expresidente no le quedaría otra alternativa que enfrentar el juicio.