Por Andrea Rondón García y Ana María Carrasquero
Desde el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad hemos denunciado que existe desde el año 2005 una política sistemática de destrucción de la propiedad privada. Se trata de una política porque se puede ver claramente actuaciones y omisiones por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la ejecución de esta política también podemos ver etapas en su avance. Cada etapa supone el uso de un instrumento “legal”, un método de actuación u omisión acompañado de casos emblemáticos. De igual modo, en el Observatorio de Propiedad hemos documentado las violaciones de la propiedad y disponemos de las estadísticas que respaldan cada etapa. Esto no pretende ser exhaustivo, porque para ello remitimos a las investigaciones que pueden consultarse en la página del Observatorio (www.paisdepropietarios.org), pero nuestra intención es mostrar que se pueden identificar etapas en este avance (y con ellas la actuación dolosa del Estado) y cómo nos encontramos hoy en día con este avance.
A partir de 1999: la campaña electoral de Hugo Chávez Frías incluía el llamado a una Asamblea Constituyente y su primera actuación trajo como resultado la Constitución de 1999. A partir de este año, y a través de decretos leyes, se iniciaría la transformación del ordenamiento jurídico para ir minando el derecho de propiedad.
2005-2010: este periodo se caracterizaría porque las primeras víctimas de esta política de Estado fueron los dueños de tierras, posteriormente la agroindustria y las transnacionales de distintos rubros. Los casos más emblemáticos fueron los del productor Franklin Brito (este caso sería un punto de inflexión), quien murió el 30 de agosto de 2010 y la expoliación de Agroisleña. Las reformas a la Ley de Tierras fueron agresivas al incluir términos vagos e imprecisos; procedimientos de rescate de tierras; exigencias imposibles de cumplir para demostrar la titularidad de las tierras, además, dichas medidas se ejecutaron mediante un despliegue grosero de funcionarios civiles y militares fuertemente armados, como si se tratara de una operación contra criminales. La excusa empleada fue el «garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria».
Con el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007) se estableció como meta implantar un nuevo modelo productivo socialista, para lo cual se trazó como línea la sustitución de la propiedad privada por la propiedad social. Es así que en 2007 justificándose en el interés estratégico pasaron a manos del Estado empresas como la Electricidad de Caracas, Cantv y la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, resultando afectadas ConocoPhillips, British Petroleum, ChevronTexaco, ExxonMobil, Statoil y Total.
En 2008 se sentaron las bases para lo que sería el monopolio estatal del cemento (Lafarge, Holcim, Cemex), luego se sumaría el control de las siderúrgicas (Sidor), y se iniciaría la Misión Vivienda, que a su vez dio lugar a una ola de expropiaciones (en realidad expolios) de edificaciones, desarrollos habitacionales, estacionamientos, galpones y terrenos urbanos durante 2011.
2014 y siguientes años: los ataques contra la propiedad se verán, por una parte, en la imposibilidad de continuar operaciones de las compañías por las condiciones adversas presentes prácticamente desde el año 2000, y por otra, en la toma de algunas de estas compañías por parte del gobierno para «asegurar la continuidad» de las operaciones. Todo esto lamentablemente amparado en distintas leyes. Los funcionarios repetían como consigna “empresa parada, empresa tomada”. Casos resaltantes: Clorox, Zuly Milk, Supermercados Día a Día, Daka, Kimberly, Kreisel, entre otros.
2017-2020: la violación de la propiedad ya no se vería como un caso ajeno o aislado o la afectación «del que tiene». Aunque de un modo o de otro se han afectado personas y familias desde el inicio, lo cierto es que desde el año 2017 es completamente patente en cada uno de nosotros y finalmente la mirada internacional se posó en nuestro país. La violación de la propiedad es cotidiana gracias al manejo irresponsable de la política monetaria que trajo consigo hiperinflación; la voracidad tributaria en todos sus niveles; la dependencia a las importaciones por la destrucción del sector privado; etc. Este es el período de la crisis humanitaria, que ha sido visible en estos últimos años, pero que se gestó con las etapas antes descritas.
Durante el año 2020: llevamos 8 meses «encerrados». En la etapa actual, en la que el seguimiento de los casos es más difícil, se evidencia un mayor ataque a los negocios e inmuebles de las personas. Se siguen empleando a voluntad las fiscalizaciones a comercios y empresas con fines proselitistas, pues aseguran luchar contra la guerra económica (esta vez contra el bloqueo económico). Hace poco se hizo viral en redes sociales el caso del restaurante Casa Urrutia. Estos no son casos simplemente domésticos o del vecino.
Como estamos limitados por el estado de alarma y como la economía en general está profundamente deprimida, el ataque se dirige a los pocos espacios todavía productivos o con potencial para ello. Quienes aún producen, lo hacen a riesgo de convertirse en las víctimas de turno de esa política sistemática de destrucción de la propiedad privada que se perfiló desde la llegada de este proyecto totalitario.
Los casos cada vez son más cercanos, ahora son domésticos y cotidianos. Ya no son los casos aislados que escuchábamos al principio. Pasamos de las grandes haciendas, empresas y transnacionales al restaurante que frecuentábamos con la familia. Nos decimos, no con resignación pero si con la claridad de quien conoce los métodos y los objetivos de esta política de Estado: «Y de aquí a tu casa o a la mía es un paso». No lo harán con todas las casas, ese es su método. La víctima de la violación lo sufre directamente; pero el resto también lo hace porque sabe que mañana puede ser cualquiera. Para el régimen, se aprovecha una propiedad para su círculo cercano y al mismo tiempo es un ejemplo para el resto.
A pesar del tono de este artículo, este trabajo lo hacemos cada año sin perder las esperanzas de que lo aquí descrito y lo documentado en el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad sirva en un futuro para la determinación de responsabilidades; para ayudar a la restitución de activos y, en definitiva, para ayudar a la reconstrucción del país y de nosotros mismos.