Es paradójico que después de que descalifica la actuación del fiscal de la Corte Penal Internacional en la investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en el año 2017, el Estado promete proteger los derechos humanos cuando se puede decir que estos ya están aniquilados.
Considero que es definitivamente una oferta engañosa cuando ha mostrado indiferencia y desprecio por los docentes, empleados públicos, pensionados y jubilados, en los más de dos meses de movilización que han tenido en reclamo de unos salarios dignos para alcanzar un mejor bienestar social y calidad de vida.
Sus salarios son de hambre y las pensiones miserables, pero la respuesta de la ministra de Educación es que no hay dinero para aumentar el salario, con lo que continúan violando los derechos humanos, lo que se ha constituido una política de Estado.
Me pregunto: ¿cuál protección van a brindar si tenemos un sistema de justicia sin autonomía e independencia, despojado de las atribuciones que están establecidas en nuestra Constitución Nacional, con 70% de los jueces provisorios nombrados a dedos obviando los concursos para obtener su titularidad, con un debido proceso en tela de juicio al vulnerar de manera constante el derecho a la defensa, el ser oído, el juez natural, la presunción de inocencia y las audiencias suspendidas sistemáticamente?
¿De qué protección de derechos humanos se habla si los menos pudientes no tienen derecho a un sistema de salud porque los hospitales no reúnen las condiciones para salvar vidas y el ejemplo es el sufrimiento de los pacientes crónicos que no tienen cómo cumplir sus tratamientos porque no gozan de seguros de salud, lo que los coloca en riesgo de perder su vida? ¿De qué protección de derechos humanos se habla si los servicios básicos son sistemáticamente deficientes? ¿De qué protección con una libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo cada día más limitados? ¿Cuál protección si los derechos políticos cada día tienen más restricciones con inhabilitaciones casi perpetuas, con partidos políticos despojados de sus directivas y un registro electoral congelado con un CNE subordinado al Plan República?
Exijo al Estado darle cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución en su artículo 19 en lo que respecta a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todos sin discriminación alguna. ¡Esa la verdadera protección de derechos humanos!