Foto EFE

En los países subdesarrollados, en especial en América Latina y sobre todo en Venezuela, existe una enorme desarticulación con respecto a la atención y «protección» de la infancia, derivado de los convenios firmados por los Estados desde la I Convención internacional de Derechos sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes el 20 de noviembre de 1989.

En efecto, pretender que con la firma de acuerdos y compromisos en materia de niños, niñas y adolescentes con instituciones internacionales integradas con la Organización de Naciones Unidas, como la Unesco o Unicef, basta para decir que se está «trabajando» en favor de la infancia, no sólo es eufemístico, sino que en algunos casos hasta resulta demagógico cuando ello se hace con la finalidad de atacar a Estados Unidos para decir que esta nación junto con Somalia son los únicos países que no firmaron el compromiso de derechos humanos hacia finales del siglo XX.

Así, pues, en el caso venezolano, después de que se alcanzó la redacción y promulgación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes (Lopna) en 1998 -de la cual fuimos corredactores- cuya vigencia se materializó el 1-4-2000, Venezuela alcanzó la formación de una estructura integral en materia de atención a la infancia con la creación del Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente, así como los consejos estadales y municipales, cada uno de ellos con la creación de los fondos de protección para programas y proyectos, y cuya articulación venía a garantizar los derechos colectivos y difusos de la población infantil, que a su vez estaban reforzados con la atención de los casos individuales a través de consejos de protección en cada municipio del país.

En tal sentido, hubo experiencias significativas como el caso de Nueva Esparta, donde el Fondo Estadal de Protección administrado por el Consejo Estadal de Derechos del Niño y Adolescente (Cedna), el cual nunca podía ser inferior al 1% de los ingresos ordinarios por situado constitucional que recibía la gobernación, lo cual permitió la atención directa de más de 60% de la población infantil del estado y más de 80% de manera indirecta con la ejecución de los programas que se llevaban en las instituciones educativas, y que lograron un salto cualitativo importante cuando se conformaron las defensorías educativas.

Desgraciadamente, hacia finales de 2007, la entonces «asamblea» nacional materializó una irresponsable reforma a la Lopna que eliminó de ipso facto, tanto el Consejo Nacional como los Consejos Estadales de Derechos del Niño y Adolescente, y todo el trabajo de una década fue eliminado y destruido sin un mínimo estudio de políticas públicas, y desde entonces todos los indicadores en materia de protección infantil no solo se vinieron en decadencia, sino que las cifras incluso desde hace casi una década se omiten o no se publican, y con la emigración y la pandemia del covid-19 tales índices en materia de alimentación, salud, educación, y sobre todo de (des)integración familiar se han multiplicado, lo cual hunde mucho más a Venezuela y países con necesidades similares en el ámbito del subdesarrollo.

De hecho, es tal la crisis de Venezuela en materia de protección a la infancia que habría que revisar en profundidad el informe sobre la clasificación de Desarrollo Humano de la ONU (2020): Más allá de los ingresos, más allá de los promedios, y más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI (1), y como nuestro país cayó hasta el puesto 98 de una tabla de 189 países, y lo que es peor, en un constante hundimiento que nos están llevando de ser una nación con ingresos altos, a tener ingresos medios, lo que hace más grave y preocupante la situación si valoramos que según la propia ONU, han emigrado del país, más de 7,1 millones de connacionales, según en su más reciente informe en esta materia (2), y donde hemos visto el cómo hasta niños, hijos e hijas de estos emigrantes han fallecido ahogados en las fronteras del río Bravo con Estados Unidos o en la selva del Darién de Panamá, es decir, con una población nacional en decrecimiento, y peor, donde los niños hasta son víctimas mortales de esta interminable crisis económica y social; con un enorme problema geopolítico para la región.

En Venezuela, todas las políticas públicas sin excepción están excesivamente centralizadas, incluyendo las relacionadas con niños, niñas y adolescentes, y con mayor error las vinculadas con la educación y la salud, lo que hace más difícil ejecutar una praxis de protección a la infancia que sea eficiente, acertada y asertiva. Por el contrario, al ignorar que estas políticas deben ser descentralizadas, y más aún, desconociendo los aspectos geográficos y culturales, será más complejo poder llevar a cabo una planificación de Estado con mejor distribución de los recursos, y por ende, que haya éxito en la ejecución de atención a los pueblos, y en especial con sus niños.

Por ejemplo, ¿cómo puede un Estado tratar de que en los comedores escolares haya el mismo plato de comida a nivel nacional por el hecho de un férreo control presupuestario y que desde Caracas sean enviados tales alimentos al resto del país? ¿Cómo puede el ministerio de educación ignorar frutas en un almuerzo, y si las va dar, éstas sean de la misma proporción a nivel nacional con las complejidades de transporte y combustibles, y de descomposición orgánica de tales alimentos? ¿Por qué si la Colonia Tovar en Aragua o Bailadores en Mérida producen fresas en suficiente cantidad no se plantea que en los planteles de estos sectores haya dicha fruta como parte esencial de esa alimentación, y de igual forma, se realice con los estados llaneros en sus producciones de naranjas, así como valorar la cosecha de mangos en las regiones orientales, y su distribución y consumo efectivo en las escuelas y liceos de tales zonas geográficas?

Nada más apartado de la realidad. Acaso, no sería mejor, que la comunidad educativa de una escuela indígena yanomami de Amazonas, o warao en Delta Amacuro o de pescadores de la isla de Margarita, manejen un presupuesto que no sea inferior a un dólar diario por estudiante, y que a su vez se adquieran tales alimentos conforme con las potencialidades agrícolas y pecuarias de cada región, y cuyo menú diario sea dirigido por un grupo interdisciplinario de las áreas respectivas.

En cuanto a la salud, resulta incomprensible que haya mayor cantidad de suero antiofídico en hospitales y ambulatorios de Caracas, – por ser la capital del país – mientras existe un déficit enorme de tal medicamento en casi todos los centros de salud de estados como Táchira, Apure, Guárico, Amazonas y Bolívar, que en determinados casos, incluso ha costado la vida a niños, niñas y adolescentes, y la población en general.

Situaciones como estas solo pueden planificadas por equipos multidisciplinarios en las áreas educativas, sociales, nutricionistas y asistenciales, y que lamentablemente, no sólo fueron desmanteladas con la reforma de la Lopna en 2007, sino que en la actualidad no existen espacios de vinculación para el estudio de políticas públicas en materia interinstitucional, que ha sido sustituido por la «decisión» de tres o cuatro burócratas que monopolizan tan importantes decisiones en desmedro de millones de ciudadanos, y con más preocupación sobre la población infantil.

Diseñar y ejecutar un plan integral de políticas públicas de atención, protección y seguridad a los niños, niñas y adolescentes en Venezuela y América Latina es algo que no está en la firma de «convenios» que posteriormente son incumplidos. Alcanzar tales hechos requiere generar un oxigonio financiero, jurídico y administrativo que en la contemporaneidad no existe, y aunque pudiera estar plasmado en «documentos» su praxis ha sido inútil e inexistente.

En la próxima entrega explicaremos la imperiosa necesidad del cómo hacer, plantear y ejecutar un plan de políticas públicas de protección integral a nuestros niños, niñas y adolescentes para Venezuela, con posibilidades para América Latina.

@vivasssntanaj_

[email protected]

(1) https://www.elnacional.com/opinion/madurismo-hunde-a-venezuela-en-el-indice-de-desarrollo-humano/

(2) https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html


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