Para quienes incursionamos en el campo de la opinión pública y el activismo internacional no es inusual recibir de nuestros contertulios una respuesta escéptica en la que se cuestiona la utilidad del factor presión internacional como ingrediente relevante en el desarrollo de la política interna, mucho más acentuado en el caso de dictaduras como es el que lamentablemente vive la Venezuela de hoy.
Habiendo ya trajinado estos caminos durante varias décadas podemos decir, con fundamento, que tal afirmación bastantes veces suele estar equivocada. La presión internacional, más aun si es legítima, es una fuerza cuya importancia se torna mayor cuanto menor sea el poder del Estado o gobierno contra el cual se ejerce. No es lo mismo la presión que pueda ejercer Costa Rica y vecinos que la que pueden ejercer Estados Unidos, India, Rusia, China, etc. Lo mismo ocurre con el comercio internacional y los esquemas de integración. No es lo mismo la Unión Europea en su conjunto que alguno de sus miembros, así sea Alemania que juega en grandes ligas.
Lo anterior viene a propósito de las reacciones causadas por la inexplicable inhabilitación de María Corina Machado, cuya repercusión interna tiene alguna consecuencia pero -hasta ahora- no ha resultado en un costo político suficientemente alto para la dictadura como para incentivarla a transitar por una senda más democrática, especialmente en cuanto a las venideras elecciones presidenciales.
Es por ello que en los equipos de campaña de la candidata ha resultado evidente que frente a los obstáculos para una solución democrática interna se haya dado inicio a una campaña que permita demostrar que es ahora en el ámbito internacional donde puede y debe ejercerse la presión que termine obligando al régimen a tomarla en cuenta con el fin de impedir que el clamor que ella genera se transforme en un costo mayor que el beneficio de permanecer en el poder “por las buenas o por las malas”.
Pese a las restricciones que el gobierno pone a la información, el ciudadano llega a enterarse de que día a día se producen manifestaciones, declaraciones y amenazas de endurecer las sanciones existentes o colocar nuevas. Es así como en los primeros dos días después de la arrastrada decisión del TSJ casi veinte estados latinoamericanos expresaron su protesta o reclamo. Cierto es también que varios permanecieron callados, con lo que demostraron su escaso interés en tomar partido en la lucha por la democracia en Venezuela (Lula, Petro, etc.) y el deseo de no introducir ese tema en sus propias agendas internas cuando las cosas no están en su mejor punto.
En ese mismo sentido han habido manifestaciones cuyo peso no puede ignorarse. Así el caso de la participación de María Corina ante los parlamentos de Brasil, Italia y Estados Unidos, las resoluciones de la OEA, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, etc. Este último acaba de aprobar una resolución que deplora en términos muy severos la violación del Acuerdo de Barbados y la infame decisión del Tribunal Supremo incluyendo también la imposibilidad de poder enviar una misión de observación para las elecciones cuando las haya porque no se podrá garantizar la confiabilidad y transparencia de los resultados en los términos estrictamente profesionales con que trabajan sus delegaciones. Naturalmente, el régimen estará muy contento de que así sea y no demorarán en invitar “delegados internacionales” cuyas opiniones y dictámenes vendrán decididos antes de la celebración de la elección.
Volviendo a la resolución del Parlamento Europeo de fecha 8 de febrero (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0080_ES.pdf</link) no solo es importante su texto sino el hecho extraordinario de que entre 499 parlamentarios presentes en la sesión, la votación aprobatoria fue de 446 con tan solo 21 votos negativos y 32 abstenciones. Entre quienes apoyaron la resolución se encuentra gran parte de la bancada socialista europea incluyendo el PSOE de España. Esto nos revela que la representación popular electa de casi toda Europa ha estado informada y consciente de la situación que se vive en nuestro país y decidida a no reconocer ningún resultado electoral que no cuente con suficientes garantías y sea avalado por su Misión de Observación.
¿Lo anterior va a tumbar a la dictadura? No, pero contribuye a formar un patrón de presión que no puede ser ignorado impunemente ni aun con el lenguaje soez o las frases hechas que resultan de la preocupación por una situación cada vez más frágil que va aislando a la dictadura en un mundo altamente comunicado donde la globalización y la interdependencia imponen parámetros de comportamiento cuya transgresión conduce al aislamiento.
Otro ejemplo es la recientísima declaración suscrita por IDEA, que incluye la firma de alrededor de cuarenta expresidentes latinoamericanos democráticos cuyo peso específico tampoco puede ser ignorado.
En todo caso, si lo anterior no fuese suficiente, está la posición del gobierno de Estados Unidos que ya endureció la sanción contra la empresa estatal Minerven y ha anunciado que si no se cumple el Acuerdo de Barbados en materia de garantía de elecciones libres, no renovará la Licencia número 44 (https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions) que permitió a la empresa Chevron reanudar algunas operaciones en Venezuela, lo cual -a su vez- ha permitido incrementar en algo la producción petrolera con el consiguiente beneficio fiscal que es indispensable para que los usurpadores puedan aspirar a permanecer en Miraflores.
Lo anterior es apenas un pantallazo de lo definitivamente importante que resulta la presión internacional, especialmente si es ejercida por un oponente de decisiva influencia mundial aunque algún desorbitado acuda a la expresión de mandar a la m… al país que -para bien o para mal- aún tiene un peso determinante en la dinámica continental.
@apsalgueiro1