Cuando John Bolton era todavía el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca (no hace tanto que renunció), le dijo a una de sus principales asistentes que Rudolph Giuliani, ex alcalde neoyorquino, hoy abogado personal de Donald Trump, era como una granada de mano que le iba a explotar a todos. Se refería a las actividades del ex alcalde en Ucrania, quien se empeñó en que el gobierno ucraniano indagara sobre la supuesta intervención de ese país en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 y sobre el rol de Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, como directivo de una empresa gasífera de la ex nación soviética.

Los dos asuntos están en el centro de la investigación que se le sigue al presidente norteamericano en el Congreso, con miras a su remoción, debido a que el mismo Trump pidió al recién electo presidente ucraniano que adelantara tales investigaciones teniendo como telón de fondo una ayuda militar a Ucrania que el Congreso había aprobado y el gobierno de Trump retenía, y la posibilidad de que el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, se encontrara con Trump en la Casa Blanca como una muestra de la alianza entre las dos naciones.

Las peticiones de Trump a su colega ucraniano, mientras retenía la vital ayuda, se han considerado como un intento de soborno para que Ucrania enlodara la reputación de un rival político doméstico, potencial candidato presidencial. Además de abusar del poder, se trataría de un acto atentatorio contra la seguridad nacional, pues beneficiaría directamente a Rusia en detrimento de un aliado europeo. Como se sabe, Rusia se apropió de la península ucraniana de Crimea y ocupó parte de la frontera oriental, que también reclama como suya, sobre la cual Ucrania y Rusia se mantienen en guerra desde hace 5 años.

La asistente de Bolton, Fiona Hill, era también hasta no hace mucho la directora senior para Europa y Rusia del Consejo Nacional de Seguridad. Renunció a la Casa Blanca poco después de su jefe. Y en dos interpelaciones en la Cámara de Representantes no solo habló de las apreciaciones de Bolton sobre Giuliani, sino que también desmintió que Ucrania haya tenido alguna intervención en las elecciones de 2016. Eso es lo que precisamente propagan los organismos de inteligencia rusos, dijo, que son quienes sí intervinieron. Y con ello se sumó a todos los que han sido interpelados, que así lo han reconocido, con el aval de todos los organismos de inteligencia estadounidenses y de una exhaustiva investigación realizada por el fiscal especial Robert Muller. Sobre Hunter Biden no se ha comprobado nada irregular en su actuación como directivo de la empresa ucraniana, salvo el aparente conflicto de intereses por ser su padre el vicepresidente de Estados Unidos mientras ocupaba su cargo.

La reciente noticia de que Giuliani ha abogado por el bolichico Alejandro Betancourt para librarlo de cargos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos es de importancia significativa dentro de la trama ucraniana que ha conducido a la investigación de Trump, el llamado impeachment, porque ofrece contexto sobre las actividades de Rudy en Ucrania, Europa y el mundo.

El enviado especial del gobierno de Trump para Ucrania, Kurt Volker, y el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, declararon ante el Congreso que en lo que respecta a Ucrania, el presidente les decía: “Hablen con Rudy”. Rudy, entretanto, les indicaba a estos embajadores que los deseos del presidente eran que Ucrania investigara a los Biden y a la desmentida participación de Ucrania en las elecciones de 2016 contra Trump. El presidente Zelensky debía al menos anunciar en televisión que iba a adelantar esas investigaciones. Públicamente, Giuliani llegó a declarar en TV que estaba interesado en las investigaciones, y para tales propósitos, se descubrió después, se alió con un par de ucraniano-americanos que lo urgieron a que la embajadora norteamericana de entonces en Ucrania, Marie Ivanovich, fuese removida de su cargo. A mediados de año, la embajadora Ivanovich fue efectivamente removida y meses después, ya con Trump bajo investigación por el impeachment, los dos ucranianos aliados de Giuliani resultaron presos por contribuciones millonarias ilegales a un comité de reelección de Trump.

La defensa de Giuliani al bolichico, en cuya mansión de Madrid se alojó el neoyorquino junto con sus dos socios ahora presos, brinda una explicación de las actividades del ex alcalde, debido a que Giuliani actúa fuera de Estados Unidos como abogado de Trump, pero asegura que lo hace pro bono, es decir, no cobra honorarios por ello, y que el dinero que percibe y los gastos de sus viajes lo aportan sus clientes, uno de ellos Betancourt.

Giuliani no es oficialmente un funcionario gubernamental, que como tal tendría que rendir cuentas de sus actuaciones al Departamento de Estado, u otra agencia de gobierno con responsabilidades de seguridad y política exterior, pero es escuchado por agentes externos al venderse como abogado del presidente (su estadía en Madrid fue para reunirse con el asesor de seguridad nacional de Zelensky) y a la misma vez aboga por sus clientes foráneos en organismos del Estado norteamericano, evidenciando un claro conflicto de intereses. Es decir, a Giuliani no le paga el presidente por sus gestiones en el exterior, donde dice representarlo, pero se aprovecha con ello de obtener clientes externos que necesitan de sus gestiones en el Estado norteamericano, precisamente por su condición de ser el abogado del mandatario. El encargado de asuntos criminales del Departamento de Justicia de Estados Unidos no recibió a Giuliani y escuchó los alegatos de Alejandro Betancourt simplemente porque el ex alcalde y ex fiscal es un buen abogado. Es también porque el personaje se presenta como mismísimo abogado del presidente de la nación.

Después de conocerse el vínculo de Giuliani con Betancourt, los medios revelaron que el ex alcalde negoció, aunque no concretó, representar a un ex fiscal general ucraniano, Yuri Lutsenko, por 300 millones de dólares, porque Lutsenko quería que lo ayudara a recuperar activos que alegaba habían sido robados al gobierno de su país. Lutsenko y Giuliani conversaron en Nueva York y luego en Varsovia a principios de año, mientras Giuliani recogía información de Lutsenko sobre dos tópicos de interés útiles a Donald Trump: los Biden en Ucrania y la supuesta interferencia ucraniana en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016.

Antes de ser el abogado de Trump, Rudy Giuliani era admirado en Estados Unidos como el Alcalde de América, por su liderazgo como alcalde de Nueva York durante el famoso 11 de septiembre de 2001, el día del ataque a las Torres Gemelas en Manhattan por terroristas islámicos pagados por Osama bin Laden. Giuliani fue electo alcalde de Nueva York después de haber sido fiscal federal del Distrito Sur en la misma ciudad, donde obtuvo fama por su éxito en el combate contra la mafia italiana y delincuentes de cuello blanco. Como alcalde también logró reducir al mínimo la delincuencia en la ciudad.

El ex fiscal ucraniano Lutsenko es considerado por todos los organismos de seguridad nacional estadounidenses como un funcionario corrupto. Los aliados presos por el Distrito Sur de Nueva York lo están por hacer aportes millonarios a la campaña de reelección de Trump con dinero proveniente del exterior, lo cual está prohibido. Los dos presos y otros ucranianos que ayudaban a Giuliani a tratar de enlodar la reputación del ex vicepresidente Biden sentían que una campeona contra la corrupción, como lo era la embajadora Ivanovich, era un obstáculo para la exitosa realización de estas y otras labores. Por eso, junto con Giuliani, promovieron su regreso a Washington. Al bolichico Alejandro Betancourt se le atribuye formar parte de una sociedad que habría contribuido a esquilmar miles de millones de dólares al Estado venezolano y por ello es parte de una acusación criminal por fraude y lavado de dinero en Estados Unidos.

El anterior acusador de corruptos, el ex Alcalde de América, pareciera jugar ahora un muy diferente rol.

@LaresFermin


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