El 25 de este mes la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que es oportuno recordar fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para estudiar el comportamiento en esta materia del régimen de Nicolás Maduro desde 2014, presentó su 4º Informe, en el cual dice textualmente: «En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa».
Marta Valiñas, presidenta de la misión, informó que para la presentación de este informe se ampliaron las estrategias de represión investigadas, como la violación de la libertad de expresión, asociación y derechos sindicales, del cual se desprende que el Estado sigue recurriendo a las tácticas de represión de mano dura que activa o desactiva a su voluntad.
En su alocución, destacó que persiste la represión selectiva contra líderes sociales y políticos, intensificada con motivo de las elecciones opositoras previstas para el 22 de octubre de 2023. Agregó que los activistas dedicados a los derechos sexuales y reproductivos también enfrentan una represión cada vez mayor en Venezuela. casos de represión que fueron documentados. Se refirió también a la limitación por parte del Estado venezolano del funcionamiento de las ONG, sindicatos y partidos políticos, usando al Poder judicial para intervenir a sus juntas directivas y destacó que el régimen de Nicolás Maduro lejos de estar dispuesto a corregir violaciones del pasado, ha decidido continuar con su política de represión.
Lo que vemos ahora, dice Valiñas, es un impacto acumulado de estas prácticas de represión que ha dado lugar a una cultura predominante de miedo, desconfianza y autocensura de los pilares fundamentales del espacio cívico y democrático que actualmente se encuentran restringidos en Venezuela.
Se refirió también a la disolución de las FAES, que fue sustituida en julio de 2022 por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), que calificó como la “continuación de facto de las FAES”.
La misión investigó 28 casos de tortura y malos tratos contra personas recluidas en lugares de detenciones oficiales o clandestinas, que confirman que la violencia sexual y de género sigue utilizándose como forma de tortura y humillación.
Justamente sobre la práctica de la tortura como método más aberrante para castigar a los opositores, con motivo de la realización de la asamblea de las Naciones Unidas se proyectó en el Times Square de la ciudad de Nueva York el video Realidad Helicoide, creación de la organización Voces de la Memoria, fundada por Víctor Navarro, expreso político, basado en el testimonio de 30 personas que estuvieron allí detenidas, en el cual se desea mostrar lo que viven las víctimas de tortura de la dictadura, además de pedir el cierre de los centros de tortura.
En dicho video se afirma que desde 2020 el Sebin responde directamente a la vicepresidencia, que dicho sea de paso ocupa desde junio de 2018 Delcy Rodríguez, quien ha recibido varias sanciones internacionales responsabilizada por violación de derechos humanos, hija del líder Jorge Rodríguez muerto en tortura en el año 1976, acontecimiento que le produjo el efecto contrario a la sensibilización, si nos remitimos a estas acusaciones. Seguramente priva el criterio de que los derechos humanos pueden ser arbitrariamente respetados o violados de acuerdo con la ideología del castigado y el castigador.
Me vienen a la mente las palabras del fiscal Strassera en su discurso en el juicio a las Juntas: “Yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”.