112 países han abolido la pena de muerte en su legislación, al concluir el año 2023, según información suministrada por Amnistía internacional, mientras en Venezuela Nicolás Maduro, en un discurso populista en el marco de su campaña presidencial, solicitó una reforma a la Constitución del país, para incorporar en ella las penas de cadena perpetua e “inhabilitación de por vida”, por delitos como corrupción y traición a la patria.
De acuerdo con información de Amnistía Internacional, la ejecución es la máxima pena y es irrevocable: nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973 más de 191 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas, tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad.
Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua, a la hora de reducir la delincuencia.
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.
Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos, que prohíben el empleo de la pena de muerte, en acatamiento del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
Por otra parte, el Protocolo número 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, hace referencia sobre la abolición de la pena de muerte, y el Protocolo número 13 del mismo Convenio, reitera sobre la abolición de la pena de muerte, en todas las circunstancias.
También el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte hace énfasis en el derecho internacional, el cual dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional. Y Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución, y mantiene la esperanza de que este abominable castigo sea relegado a los anales de la historia y de que así va a ser.
Amnistía Internacional lleva más de 45 años haciendo campaña en todo el mundo por la abolición de la pena de muerte, y un seguimiento del uso que los Estados hacen de esta manera, la más extrema, de castigo cruel, inhumano y degradante, con el propósito de señalar públicamente a los países que siguen aplicando la pena de muerte, para hacer que rindan cuentas.
¿Venezuela se sumará a los países que como Irán -por cierto su aliado- aplican esta pena capital, como en tiempos pretéritos de la historia de la humanidad? ¡Amanecerá y veremos!
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