Nos preguntamos si el descontento que supone la abstención en estas parlamentarias pudo ser capitalizable para la oposición del G4; pues, de ser así, estaríamos ante el insólito hecho de la renuncia de esa oposición a un contundente triunfo vista la catastrófica merma del apoyo popular sufrida por el régimen el 6D.

Es posible que esa oposición pudiera pensar que estaría en el mismo trance del régimen y su descalabro. Ese pudo haber sido el cálculo de quienes para justificar su no participación hicieron ver a la rectora Alfonzo como una presidenta del CNE que no ofreció las condiciones que sí les ofreció Tibisay Lucena para participar en 2015. Este argumento les sirvió para salirse por la tangente.

A la oposición venezolana le tomó una década superar la debacle de su total abstención en las parlamentarias del 2005 que no pudo capitalizar en ese largo tiempo. La participación en esas elecciones fue menor a 25%. Los 165 escaños de la Asamblea fueron ganados por el partido Movimiento Quinta República (MVR), después de que la oposición se retirara de la contienda alegando falta de confianza en el árbitro electoral. Ningún país, al igual que distintos organismos internacionales, desconoció esa Asamblea Nacional por más esfuerzos que hicimos en alegar su ilegitimidad.

Recorrimos países, expusimos el caso ante organismos internacionales y parlamentos extranjeros, contactamos a expresidentes, líderes y dirigentes de partidos políticos de esos países y su posición refractaria nos regresó de lleno a la terrible realidad de que sin un tiro entregamos esa Asamblea Nacional y, por vía de consecuencia, el resto de los poderes públicos.

En el proceso parlamentario de 2010, luego de la entrega absoluta de 2005, participó la alianza opositora y logró quebrarle al régimen la mayoría calificada de los dos tercios (110) al obtener 67 diputados de 165. Un logro importante que presagió el resultado de las elecciones de 2015. En ambos casos, pese a contar con un buen respaldo popular, fueron triunfos subutilizados. Negociaciones y acuerdos minaron la credibilidad en la dirigencia política de la AN porque fueron asumidas incluso como formas colaboracionistas. Un magistrado aquí, una prebenda allá, una participación en una plataforma petrolera, un contrato de plantas eléctricas inexistentes; en fin, situaciones todas que merman el ejercicio de una oposición responsable y seria cuando no van acompañados sus actos con autoridad política y moral. Igual ocurre con los cuestionamientos de hoy, como resultado de sospechas que han de ser aclaradas en el manejo de recursos opositores durante el interinato.

La debacle de 2005 también causó una larga sequía para la causa opositora en los otros procesos electorales que durante ese lapso tuvieron lugar. Las presidenciales: en los años 2006 y 2012 ganadas por Chávez y las de 2013 y 2018 “ganadas” por Nicolás Maduro. En esas elecciones, Rosales y Capriles fueron derrotados. Los chavistas Arias Cárdenas y Falcón en sus respectivos procesos se prestaron para llenar el vacío opositor. En las elecciones para alcaldías y consejos legislativos regionales de 2018, la oposición se abstuvo y las entregó (con algunas excepciones), pese a que en las parlamentarias de 2015 había obtenido un rotundo triunfo al lograr 112 diputados de 167.

Las contradicciones se hacían más comunes en una zigzagueante estrategia. La participación y la abstención electoral se hicieron entonces en forma selectiva y a discreción, solo cuando convenía o no a intereses grupales. Las elecciones regionales de 2012 y 2017, en las que participó la oposición, fueron organizadas y dirigidas por el mismo CNE que hizo los comicios para la elección y “reelección” de Maduro en el 2018.

Todo lo referido tiene para la Venezuela de hoy una grave connotación. En estas elecciones parlamentarias estaban en juego otros gruesos elementos que en los procesos electorales anteriores no se presentaron. Lo más palpable y simbólico, de lo que hasta la saciedad hemos expuesto, lo representa la afirmación de Guaidó sobre su inminente exilio hecha a la BBC ante una segura persecución. Haber entregado sin justificación realmente valedera esa AN y pretender la continuidad de la anterior lleva implícita también una diáspora de diputados y un eventual gobierno en el exilio, serían situaciones que una consulta jamás podría impedir, salvo que sus resultados sean defendidos a sangre y fuego no solo afuera sino aquí en el país.

Con unos dirigentes acomodados y ajenos a la penuria popular y unos partidos tan destartalados que carecen de organicidad y estructura, al igual que la sociedad civil que se nutría de una clase media hoy inexistente, es muy difícil la tarea. Necesitamos fortalecerlos, como ya lo hemos desarrollado en artículos anteriores, para poder ver una luz en el túnel tal vez a mediano plazo.

@vabolivar


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