Igual que en los años ochenta, los dirigentes opositores están en Costa Rica, en Estados Unidos y en Nicaragua, enfrentando la creciente represión. Después de la salida de la gran mayoría de los presos políticos, se ha reactivado el debate público sobre cómo unir a la oposición.
Pretender meterlos a todos en una misma organización no es viable, debido a que tienen proyectos políticos diferentes. Lo que se debe hacer es agruparse por sus convicciones políticas y luego coordinar entre los bloques.
No es cierto que la lucha es únicamente entre democracia y dictadura, es también por el tipo de gobierno que se establecería en el país, una vez resuelto el conflicto actual. Además, hay rechazo entre los demócratas que se opusieron a la dictadura del FSLN en los años ochenta y triunfaron el 25 de febrero de 1990, hacia quienes fueron parte de ese régimen. Igualmente rechazados son los que fueron parte de la dictadura de Somoza.
El bloque de la centro-derecha promovería el apoyo de los partidos políticos de esa convicción y el bloque de la izquierda haría lo mismo con los suyos. Los pronunciamientos ante los organismos internacionales de derechos humanos y ante los de carácter político se coordinarían entre ambos bloques.
Lo esencial es que, cuando llegue el momento de las elecciones libres, justas y transparentes, se presenten ambas alternativas políticas separadas ante el electorado, y que el pueblo nicaragüense decida quién debe gobernar.
En todas partes, es la ideología política la que define las diversas fuerzas que compiten por el apoyo popular, porque se supone que todos creen en la democracia. Este ordenamiento facilitaría la solución del conflicto actual, tanto a nivel nacional como ante la comunidad internacional.
En febrero de 2021 se presentó ante el país Unión Republicana (UNIR), integrada por el Partido Conservador (PC), el liberalismo y la sociedad civil de pensamiento republicano. Con la cancelación del PC en mayo de 2021, del PRD y CxL, el encarcelamiento de numerosos dirigentes opositores, la no reforma de la Ley Electoral y un Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado totalmente por magistrados afines al partido de gobierno, se frustraron las elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021 y se profundizó el conflicto nacional.
Para resolverlo, deben salir los restantes presos políticos, comenzando con el obispo Rolando Álvarez; restablecer las libertades ciudadanas y las personerías jurídicas de los tres partidos cancelados, efectuar las reformas a la Ley Electoral recomendadas por la OEA y la UE, y restructurar el CSE con magistrados que representen a la oposición.
Los nicaragüenses debemos restablecer la libertad y la democracia en nuestro país, para poder ofrecerle a nuestro pueblo un futuro de progreso en paz.
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El autor es presidente de honor del Partido Conservador (PC).