Tradicionalmente el aparato burocrático de Organización de las Naciones Unidas ha sido visto por la opinión pública internacional en un contexto de neutralidad política, obediente a los Estados miembros que resuelven sus diferencias mediante votaciones. Las declaraciones, opiniones y posturas ideológicas corresponden a los países que la integran en sus alocuciones en las reuniones y en las negociaciones que se llevan a cabo. Sin embargo, paulatinamente han ido ganando espacios cuadros de la izquierda internacional, lo cual se hace evidente en varios niveles, desde la cúspide hasta parte importante de su burocracia, difícil saber si es un plan premeditado o happy coincidence.
En las Naciones Unidas no discriminan sobre la tendencia de aquellos que son postulados a cargos dentro de la organización. En el caso de los altos cargos, el secretario general recomienda un candidato que luego es aprobado o no por el órgano del que se trate. Los funcionarios profesionales y no profesionales de la familia ONU aplican en un formulario standard donde lo importante son sus credenciales profesionales, aunque como en todo grupo humano, la recomendación, las afinidades y “una contribución voluntaria desinteresada” de algún Estado también funcionan.
Empezando por el secretario general Antonio Guterres, ex primer ministro de Portugal por el Partido Socialista Portugués y ex vicepresidente de la Internacional Socialista; Michelle Bachelet en el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien fue presidente de Chile en dos ocasiones por el Partido Socialista de Chile, además de su militancia anterior en la izquierda; la francesa Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco), conocida por sus simpatías con la izquierda y connotada manifestante en varias protestas contra la derecha francesa, especialmente hacia Jean-Marie Le Pen; Jose Graziano Da Silva, director general del Fondo ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ex ministro extraordinario de Lula da Silva para la seguridad alimentaria, afín al Partido de los Trabajadores; Antonio Manuel Carvalho en la Organización Internacional de Migraciones (OIM), ex ministro de Defensa de Antonio Guterres en Portugal, militante de su partido socialista y el doctor Tedros Adhanom Ghebreysus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), canciller y ministro de Salud de dos ex presidentes de Etiopía marxistas-leninistas.
Por otra parte, frente a estas autoridades socialistas, ¿con que Estados miembros de la ONU nos encontramos? Como lo destaca W. Andy Knight en su articulo “Democracy and Good Governance” en la publicación The Oxford Handbook on the United Nations, cerca de 120 países, que representan las dos terceras partes de la población mundial, aún se encuentran en situaciones de fragilidad en lo que respecta al cumplimiento de las normas democráticas, como serían el respeto de los derechos humanos, elecciones libres, lucha contra la corrupción y respeto a los líderes de la oposición. Muchos gobiernos de este tipo se encuentran representados en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos y actúan como un obstáculo en muchos temas que de sí son de justicia o de derecho, todo debido a sus afinidades políticas. Adicionalmente tienen una ventaja, al aliarse como ha venido ocurriendo, gobiernos comunistas con dictaduras, los cuales tienen la capacidad de concertarse en posiciones comunes de manera muy ágil en lo que llaman en muchos casos “solidaridad automática”, puesto que no necesitan, por su condición autoritaria, de un proceso interno en sus países para formular su política exterior, algo que no es usual en los países que ejercen en buena forma los preceptos de la democracia.
Evidentemente, la conjunción de altas autoridades afines con determinadas ideologías, que encuentran eco en Estados “correligionarios”, inciden en el contenido de un informe, una resolución o una recomendación, en fin, produce una distorsión frente a un miembro infractor o paria de la comunidad internacional y el caso venezolano ha sido ejemplo en varias oportunidades. Basta leer el informe semestral del PNUD donde parece que vivimos en un país de lujo hasta recordar el famoso informe de la FAO alabando y premiando al difunto Hugo Chávez por su lucha contra el hambre, previo pago de una “donación voluntaria” de un monto significativo en dólares.
¿Qué puede esperar Venezuela de la ONU? Primero hay que diferenciar dos niveles: el político, referido al reconocimiento o no del gobierno interino y el de la cooperación a cargo de los órganos especializados, entre ellos el de ACNUDH. En el primer caso ya lo expresó Antonio Guterres al referirse al gobierno interino al declarar: “El secretario general, la Secretaría, no nos dedicamos a reconocer o no a jefes de Estado”. Igualmente, recordemos que en la toma de posesión de Maduro ante el ilegítimo también Tribunal Supremo de Justicia estuvieron presentes el coordinador residente ONU en Caracas, al igual que el representante de la Unicef y el representante de la Organización Panamericana de la Salud. La actitud del secretario general de la ONU contrasta de manera diametralmente opuesta con su homólogo regional, Luis Almagro, quien a pesar de ser acusado de excederse en sus funciones en el cargo por su actuación en el caso nuestro, merece de un reconocimiento por su dedicación en la resolución de la crisis venezolana.
En cuanto a lo referido a la cooperación, la OIM y ACNUR han estado en el terreno proporcionando asistencia a la diáspora venezolana y la FAO y Unicef han procurado asistencia a la población en condiciones donde el régimen niega la crisis y es reluctante a cualquier ayuda que no sea la dudosa cubana o china. En relación al ACNUDH, el informe de su máxima autoridad ha sido rechazado por el régimen que previamente había aceptado su cooperación en la forma de una comisión técnica en el terreno para ayudar en el respeto y la promoción de los derechos humanos en el país. Hasta donde conocemos su labor ha sido bloqueada en muchas oportunidades por los funcionarios del régimen. Sorprende por otra parte que en el informe reciente de ACNUR no se haya mencionado la emigración venezolana entre las grandes movilizaciones de ese tipo ocurridas en el mundo durante este año.
Ya se sabe que el presidente interino participará al margen de la venidera Asamblea General de la ONU debido la imposibilidad por reglas procedimentales de impugnar ante el Comité de Credenciales de la Asamblea General de la ONU a la actual Representación Permanente de Venezuela ante el organismo. Igualmente, ya comenzó la 42ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, foros donde el gobierno interino debe realizar esfuerzos y emplear su recurso humano para lograr el legítimo reconocimiento, denunciar al régimen usurpador y concertar mecanismos que permitan acercarnos al fin de esta crisis que por momentos pareciera eterna.