«El Consejo de Administración deplora la respuesta de la República Bolivariana de Venezuela en la que indica que no acepta las recomendaciones de la Comisión de Encuesta». Así de contundente fue el rechazo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la no aceptación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta por parte del gobierno venezolano; mecanismo activado por el incumplimiento de convenios internacionales del mundo del trabajo.
Esta comisión de alto nivel de la OIT para la documentación de graves vulneraciones de derechos y cuyas recomendaciones son desacatadas por el gobierno de facto, forma parte de un conglomerado de mecanismos internacionales activos para Venezuela, consecuencia de las violaciones sistemáticas y generalizadas contra los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Entre ellos cabe destacar el Meseve de la CIDH, los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos, y el Examen Preliminar que cursa ante la Corte Penal Internacional.
La Comisión de Encuesta examinó y determin[o las violaciones por parte del gobierno de Venezuela de los convenios internacionales sobre libertad sindical y protección de los derechos de sindicación (Número 87), Consulta tripartita (144) y sobre el Método para fijación de salarios mínimos (26), exigiendo tomar cartas en el asunto y proponiendo los correctivos en cada caso. Tal como evidencia el Informe Anual de Provea 2020, la situación laboral de Venezuela ha estado signada por la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, así como del deterioro de su calidad de vida; manteniéndose la hiperinflación y la dolarización de facto causantes de insalvables desigualdades. No obstante, el autodenominado gobierno obrero de Nicolás Maduro desoye el consejo de los expertos y profundiza las causas de la precarización y el hostigamiento.
En vista de la negativa a rectificar, la OIT, en la figura de su Consejo de Administración, instó a la República Bolivariana de Venezuela a que convoque para mayo de 2021 un foro de diálogo social tripartito; acordó solicitar al director general de la OIT un informe escrito para el 3 de mayo de 2021 sobre las medidas que el país haya adoptado para dar curso a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta; planteó la posibilidad de que se adopte una resolución en la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo; inscribió un punto en el orden del día de su 343.ª reunión (noviembre de 2021) titulado «Examen de todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, requeridas para asegurar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta en los plazos señalados»; y solicitó al director general que presente un segundo informe actualizado en su 343.ª reunión (noviembre de 2021).
De las resultas de los informes del secretario general pudiera derivarse una futura resolución de la Conferencia de la OIT que invite a los Estados miembros a tomar medidas en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT: «En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones». No es poca cosa este nuevo revés de la dictadura, destacando el tono y las medidas de seguimiento implementadas, recordando además que en los 100 años de historia de la OIT, apenas se han establecido 13 comisiones de encuesta.
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