El Estado venezolano, violador de derechos humanos, ya no tiene espacio en la CPI para recurrir la sentencia firme dictada por la Sala de Apelaciones. Pruebas obtenidas por el fiscal en la investigación le autorizan para solicitar a los jueces citación y orden de capturas.
Es una gran satisfacción el paso agigantado que han dado las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad con la sentencia firme de la Sala de Apelaciones de la CPI contra el recurso que introdujo el Estado en su estrategia de impedir que el fiscal Karim Khan continúe investigando, cómo lo decidió la Sala de Cuestiones Preliminares. El Estado se niega a reconocer las facultades, competencias e historia de la CPI y el compromiso adquirido cuando firmó el Estatuto de Roma en el año 2000 que califica a este tribunal penal internacional a investigar estos crímenes sin privilegios, alguno para los investigados y procesados penalmente .
Le recuerdo al Estado que la CPI no es el Consejo General de Derechos Humanos de la ONU ni es el sistema interamericano de la OEA que siguen perdiendo fuerza y credibilidad porque la mayoría de sus miembros son representantes de Estados violadores de derechos humanos y sus investigaciones se quedan en meras preocupaciones.
Las víctimas, repito, han logrado dar un paso agigantado en este camino a veces largo por recorrer; sin embargo, esta decisión no tardó mucho y eso acorta los tiempos.
Quiero insistir en lo que he dicho antes: la única esperanza para reparar este daño irreparable es la CPI.