La asamblea nacional constituyente, instancia creada por el Ejecutivo y avalada por el máximo tribunal de la República TSJ, deja profundas heridas difíciles de sanar en nuestra Constitución y los derechos humanos en nuestro país.
El carácter plenipotenciario y los poderes otorgados le han permitido aniquilar bajo la figura ilegal del llamado desacato al único foro político legítimo electo en el año 2015 por mandato de la soberanía popular que reside en el pueblo a través del voto directo y secreto, como arma sagrada para dirimir los conflictos en una democracia.
Despojar a la AN de las facultades, competencias, atribuciones de legislar y control establecidas en nuestra carta magna, ya indicaba que el objetivo no era la elaboración de un nuevo pacto social o Constitución, sino por el contrario, invadir los espacios del Parlamento tomando posesión e iniciando la persecución implacable a más de 30 diputados, a quienes se les allanó su inmunidad parlamentaria para luego ordenar a los cuerpos represivos violadores de los derechos humanos buscarlos, detenerlos y recluirlos en los calabozos del Sebin, la Dgcim, Ramo Verde y Fuerte Tiuna, donde han sido víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, otros enviados al destierro y la mayoría tuvo que huir a otros países.
La ANC controla, legisla, nombra, juramenta a gobernadores, poderes públicos, ejecuta actos de memoria y cuenta del jefe del Estado, esto constituye un golpe duro a la separación de poderes, autonomía e independencia, como lo establece nuestra norma suprema.
Sin duda alguna, estamos en presencia de un verdadero paredón judicial contra la alianza opositora sin el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Esta instancia no satisfecha con toda la vulneración de los derechos humanos, aprueba la ley contra el delito de odio permitiendo al Estado perseguir, detener y enviar a prisión a periodistas, médicos y todo ciudadano que exprese descontento e inconformidad contra la profunda crisis de salud , de servicios básicos como el agua, gas doméstico y energía eléctrica, que actualmente se vive en nuestro país.
La decisión por parte del Estado de anunciar la fecha de extinción de la ANC no borrará la violación sistemática de derechos humanos y el entierro de la separación de poderes en nuestro país. Habría que preguntarle al Estado, qué Constitución es la que ejecuta, la aprobada en el año 99 por el soberano que está vigente y que estamos todos obligados a acatar y a respetar ¿alguna de bolsillo?