Nicolás Maduro anunció, el miércoles 5 de agosto en la noche, la creación de la superintendencia nacional antidrogas. “Una institución con un nivel superior, cívico-militar-policial para luchar contra las drogas”, dijo en un acto por el 83º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.
La gran paradoja es que al día siguiente, jueves 6 de agosto en la mañana, la Fuerza Aérea Colombiana confirmó que en una operación conjunta con la Fuerza Aérea de Guatemala interceptaron una aeronave del narcotráfico y lograron la incautación de más de 2 toneladas de cocaína cargadas en territorio venezolano. El Jet Gulfstream, matrícula N40BD, “que había iniciado su itinerario desde México hacia Venezuela y de allí hacia Centroamérica”, fue obligado a aterrizar en el departamento guatemalteco de Petén con 27 millones de dólares en droga.
Aunque se desconoce en qué medida pudo haber influido este episodio, lo cierto es que la semana siguiente –faltando a la promesa de Maduro– no nació la superintendencia nacional antidrogas, a pesar de que ya se tenía la “estructura” del nuevo organismo. “Venezuela ha sido declarada mundialmente territorio libre de producción y procesamiento de drogas”, había dicho el jefe del régimen.
Pero el narcotráfico desde Colombia, en una conspiración de mafias criminales para inundar de drogas Estados Unidos y Europa, cuenta con luz verde de militares y civiles del régimen venezolano agrupado en el Cartel de los Soles, sostiene la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo independiente de la ONU.
Washington apuesta por el éxito de la operación antidrogas que lanzó en el Caribe el primero de abril, con la cual ha incautado cocaína y marihuana por un valor de mercado de casi 4.000 millones de dólares. Eso constituye un ejemplo de lo que puede hacer en asuntos de seguridad. Con todo, sigue preocupándole el creciente “flujo” de aeronaves con drogas procedentes de Venezuela hacia Centroamérica con el respaldo de carteles mexicanos del narcotráfico, la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC.
Esa preocupación explica la reciente visita a Colombia del consejero de seguridad nacional estadounidense Robert O’Brien, acompañado de Mauricio Claver-Corone, encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional, y el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, que dirige las operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
La entidad de la misión que estuvo en Bogotá permite observar la determinación de Estados Unidos de profundizar la cooperación para terminar con los carteles colombianos de la droga y el Cartel de los Soles. En ese sentido, Colombia decidió el viernes 28 de agosto reactivar la brigada estadounidense de asesoría y entrenamiento contra el narcotráfico. Esto sirve también para entender la virulencia de los ataques del régimen venezolano contra el presidente colombiano Iván Duque.
Y es que los ataques contra Colombia por su política frente al narcotráfico no son tan recientes. El entonces presidente Juan Manuel Santos aprobó en 2015 –pese a las presiones de Caracas– las extradiciones a Estados Unidos de los colombianos Gersaín Viáfara Mina, alias Eliseo, contacto en Venezuela de narcos militares y sus jefes, y del “empresario” Óscar Hernando Giraldo Gómez, descrito por el diario El Tiempo de Bogotá como “el testigo estrella que destapará el Cartel de los Soles”.
En Colombia consideraron entonces que esa medida que amenazaba la posición de algunos de los personajes más poderosos del chavismo, generó la represalia del cierre de frontera y la extradición masiva de colombianos ordenada por Maduro ese año –acaba de cumplirse un lustro–, con el pretexto de que eran paramilitares.
Maduro argumentó que el ataque del 19 de agosto de 2015 en el que resultaron heridos tres miembros del Ejército y un conductor civil que realizaban operaciones de inteligencia fue perpetrado por paramilitares colombianos. Pero otras fuentes coinciden en que el incidente en realidad era parte de la guerra entre mafias que en Venezuela se disputan operaciones de narcotráfico y el contrabando de extracción.
Ahora, cuando merma el flujo de la droga que sostiene al régimen y en las noches sin sueño de palacio se conspira para encubrir el lavado de dinero sucio con Alex Saab –cuyos abogados en Cabo Verde probablemente son los de cara más larga–, de los ataques nerviosos contra los aliados de Washington en la empresa de acabar con los mafias en Venezuela es posible inducir la medida del pánico.