El diario Curacao Chronicle, en su edición de 15 de enero de 2018, denunció contrabando de oro a gran escala desde Venezuela hacia el Caribe, incluyendo Curazao y Aruba, según investigación que realizó en nuestro país el periodista y criminólogo internacional Bram Ebus, financiada por Pulitzer Center on Crisis Reporting, sobre la extracción ilegal de oro en el sur de Venezuela y que suministró a NPO Radio 1 en Bureau Buitenland (VPRO).

Ebus señala que docenas de aviones realizan vuelos, las 24 horas del día, “bajo las narices” o complacencia de los miembros de la Fuerza Armada e indica como su fuente al mayor general Cliver Alcalá Cordones, que tuvo a su cargo el control de áreas mineras hasta 2013 y quien asevera que militares se aseguran de que las aeronaves permanezcan fuera del radar y se enriquecen; y que 80% del oro venezolano sale del país como contrabando, es decir, miles de kilos por mes.

Ebus visitó durante tres meses el área llamada Arco Minero para investigar la minería ilegal, por lo que fue detenido por la Guardia Nacional durante 24 horas(1).

La investigación de Bram Ebus, denominada “Explorando el Arco Minero. La destrucción de 110.000 kilómetros cuadrados en el proyecto minero más grande de Venezuela”, aparece publicada por arcominero.infoamazonia.org(2), según la cual “el afán de las fuerzas armadas por los minerales se traduce en un visible militarización de las zonas mineras”, o áreas decretadas por el gobierno como “Arco Minero del Orinoco”, como un proyecto contra la minería ilegal y de solución a la crisis económica, que coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales legalmente protegidos y en las cuales poco importa si el oro tiene un origen legal o no: o, si es extraído por compañías o por bandas armadas o “pranes”. Dichas zonas son: Área 1: Bauxita, coltán, tierras raras y diamantes. Área 2: Oro y hierro. Área 3: Bauxita, oro y hierro; y

Área 4: Bauxita, oro, cobre, dolomita y caolín.

La intención del gobierno, ante su déficit, con la creación de esta extensa zona minera, es reducir la dependencia del petróleo mediante la extracción de oro, diamantes y coltán. Ebus afirma que “el oro ilegal extraído allí se contrabandea a gran escala hacia el Caribe es un secreto público “, y que “soldados, mineros, políticos, todos lo saben”. Y que el Arco Minero resultó “un gran desastre: la zona está llena de cráteres, con agua envenenada por mercurio y la supervivencia de las comunidades indígenas está en juego” y que “todo tipo de negocios oscuros, en parte está en manos del gobierno”; “todo esto tiene lugar bajo la atenta mirada del Ejército”.

Según el diputado Elías Mata han sido detenidos barcos pesqueros con cargamento de barras de oro que salen del país hacia las islas del Caribe, específicamente Aruba y Curazao, y que por contrabando de oro Venezuela ha perdido alrededor de 20.000 millones de dólares.

Sobre este particular informó el diputado Mata que el miembro de la Segunda Cámara del Parlamento holandés, Ronald van Raak, había solicitado a su gobierno un informe sobre este contrabando de oro.

De acuerdo con el informe elaborado por el mencionado diputado Mata, según el Atlas de Economía de la Universidad de Harvard, en el año 2015 Curazao exportó 514 millones de dólares, lo que representa 32% del total de sus exportaciones. En Venezuela 80% del oro sale por la vía del contrabando y que para 2015 aparecen 883 millones de dólares exportados por el país, es decir, apenas 2,3%. Asimismo, destacó que en ese año el país produjo alrededor de 4.415 millones de dólares, alrededor de 110 toneladas de oro, y si se le disminuye lo que supuestamente exportó legalmente en 2015 salieron de contrabando 88 toneladas de oro del país. Pero que si se atiende a las denuncias de los diputados oficialistas Juan Barreto y Adel el Zabayar, no serían 88 toneladas de contrabando sino 200 toneladas.

“Una mafia disfrazada de sindicato está al mando del yacimiento de oro más grande de Venezuela”, se titula una investigación de Edgar López, publicada en arcominerodelorinoco.com[3], que resume su contenido, como “el auge de la delincuencia organizada en los pueblos del sur del estado Bolívar ha sido directamente proporcional al abandono estatal de la zona. Los jefes de las bandas criminales imponen el terror con los mismos métodos de violencia extrema que usan los líderes de las prisiones venezolanas, los pranes y han convertido el negocio minero en una red hamponil que subyuga y corrompe a todos”.

En la zona de Las Claritas, por ejemplo, que es el centro poblado más cercano a la principal reserva de oro en Venezuela, su mercado está determinado por el mercado negro. El precio de venta del oro lo fija, a modo de cartel, el sindicato en 90.000 bolívares el gramo y si alguien intenta superarlo es maltratado o asesinado.

Un caso paradigmático de la mafia organizada y de la impunidad en el Arco Minero, al que se refiere la investigación de Edgar López, lo es el caso del teniente del ejército bolivariano Jesús Leonardo Curvelo, a quien le incautaron 33.034.920 bolívares en efectivo, embalados en 31 cajas de cartón, cuando pasaba por el puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, La Romana, en la carretera Troncal 10.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que Curvelo y el conductor, Pedro Rafael Goitia Salazar, formaban parte de una organización criminal y que el dinero provenía de las organizaciones gubernamentales relacionadas con programas sociales: Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal, cuyas sedes están en instalaciones militares.

Curvelo estuvo 14 años de servicio como asistente personal del general Julio César Fuentes Manzulli, comisionado de la Gobernación del Estado Bolívar para los Pueblos del Sur, cuya función era la de combatir las mafias mineras. Obtuvo casa por cárcel después de 106 días detenido, hasta el 3 de febrero de 2016 y huyó del país hacia Portugal.

Ya desde fuera, en un informe fechado el 28 de septiembre de 2016, que dirigió al diputado Américo de Grazia, Curvelo afirma que el dinero incautado era una encomienda de Fuentes Manzulli y que sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez (Juancho), el jefe del Pran del Sindicato 4 Minero Las Claritas(4).

Posteriormente, Curvelo, en entrevista telefónica del 17 de enero de 2017, admitió que había realizado otras operaciones delictivas y que la última remesa de dinero que intentó llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque no hubo coordinación entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del estado Bolívar. Igualmente, señaló que el día de su detención recibió una llamada telefónica del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Eduardo Gámez Flores, que dijo era sobrino de la primera dama,, Cilia Flores, y quien le participó que ya estaban resolviendo su problema

En su entrevista Curvelo afirma que sabía que estaba transportando dinero de origen ilícito, pero que por estar trabajando por 14 años con un general no tenía más que preguntar y que se sentía tranquilo, porque su “jefe tenía conocimiento de esto”. Admitió también que, además de dinero, suministró armas de fuego a los jefes de bandas criminales vinculadas con la minería.

El periodista Edgar López termina su investigación diciendo: “En el expediente del caso Curvelo no aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes Manzulli ni el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huida del teniente del ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido. La Fiscalía no avanzó en la identificación de los integrantes ni en la precisión de otras operaciones de la organización criminal que respaldó al acusado y que podría continuar sacando provecho del tráfico de oro, dinero y armas en los pueblos del sur del estado Bolívar”.

Por su parte, la Asamblea Nacional, en acuerdo de fecha 14 de junio de 2016, declaró contrario a los intereses de la República y a los derechos ambientales el decreto N° 2248, de fecha 24 de febrero de 2016, de creación del Arco Minero del Orinoco, que comprende una extensión de 111.846,70 kilómetros cuadrados, y, que por ende lo desconocía y desautorizaba su creación, por atentar contra las reservas de agua dulce no contaminadas, del país, ubicadas al sur del río Orinoco, la biodiversidad de la Reserva Forestal de Imataca, de El Caura, La Paragua y las zonas protectoras de la cuenca del río Caroní, los tepuyes, que son formaciones biogeografías únicas en el mundo, y porque atenta contra el hábitat de los pueblos indígenas y las Áreas bajo Régimen de Administración Especial, Áreas Protegidas o de Especial Importancia Ecológica. Áreas estas para cuya desafectación se requería la autorización de la Asamblea Nacional.

En dicho acuerdo se denuncia igualmente que con el citado decreto el gobierno pretende otorgar los contratos y concesiones para la explotación de los recursos de esa extensión, sin la debida autorización de la Asamblea Nacional. El gobierno de Maduro, con fundamento en el cuestionado decreto, anunció el 5 de agosto de 2016 la firma de una serie de acuerdos por 4,5 millones de dólares con empresas nacionales e internacionales, entre otros con la empresa Faoz, para la explotación de yacimientos de tantallo(5) y niobo(6) y la constitución de una empresa mixta, con la compañía Gold Reserve, a quien con anterioridad el gobierno de Chávez había revocado el contrato para la exploración de oro y cobre de la minas Las Brisas y Las Cristinas, en el municipio Sifontes, del estado Bolívar.

Posteriormente, en septiembre de 2016, Maduro autorizó la creación de la empresa mixta Siembra Minera, constituida por la Corporación Venezolana de Minería y GR Mining de Barbados. Asimismo, anunció que se invertirían más de 4 millardos de dólares en la zona y que se instalarían con alianzas internacionales, tres empresas mixtas para la explotación del coltán, mineral refractario imprescindible para la industria electrónica, militar y aeroespacial(7).

A finales de 2017, Maduro anunció la delimitación de 23 áreas para uso minero en una extensión de 3.409 kilómetros cuadrados, es decir, 3% del Arco Minero, de las cuales 22 están destinadas a la explotación de oro y la otra a la de diamante, lo cual se acordó en el decreto N° 3189, por el que transfirió a la citada corporación y a la Empresa Nacional Aurífera el derecho de desarrollar la explotación de oro y minerales estratégicos en dichas extensiones, para cuyo desarrollo el gobierno incorporaría más de 10.000 personas, mediante un plan llamado Chamba Juvenil, es decir, minería a pequeña escala, con consecuencias para el ambiente y la salud de las personas, por equipos que arrasan el suelo y que necesitan mercurio, que contamina y envenena las aguas, los peces y las personas.

El gobierno, por decreto N° 2413 del 5 de agosto de 2016, declaró elemento estratégico para su exploración y explotación al niobio (Nb) y al tantallo (Ta), y mediante los decretos No.2538, 2539 y 2540, publicados en la Gaceta Oficial N° 41026, creó, sin la autorización de la Asamblea Nacional, como lo exige el artículo 150 de la Constitución, tres empresas mixtas para la exploración y explotación del coltán, en las que la Corporación Venezolana de Minería tendría la mayoría de las acciones. La primera de ellas con Energold Minerals Inc., canadiense, que según Bloomberg dedica a la explotación de diamante y bauxita, denominada Empresa Mixta Minera Metales del Sur. La segunda, con la Corporación Faoz C. A., sobre la cual se desconoce su actividad, llamada Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza. Y, la tercera, con Supracal C. A., empresa venezolana del estado Lara dedicada a la fabricación y distribución de cal, denominada Empresa Mixta Oro Azul.

A la Empresa Mixta Parguaza, mediante decreto N° 2683, publicado en la Gaceta Oficial N° 41078 del 19 de enero de 2017, le transfirió el gobierno el derecho de exploración y explotación de coltán, ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo granito, diamantes y oro, en un área de 10.201 hectáreas en el municipio Cedeño del estado Bolívar.

Ahora bien, la Corporación Faoz no tiene experiencia en el área y tampoco aparece en el Registro de Contratistas y su página web está vacía al momento de la firma de la constitución de la empresa mixta, y sin embargo, según el mismo Maduro deberá invertir por lo menos 2.250 millones de dólares en el proyecto que estipula una inversión de 5.000 millones de dólares. Por esta razón, se dijo: “Arco Minero: Autorizan a empresa de maletín para explotar coltán en Parguaza” (8).

Al respecto, Carlos Tablante, en un artículo titulado “Las minas de la corrupción”, señala que los acuerdos ilegales celebrados, sin licitación pública, con las empresas canadiense, italiana, suiza, china y congolesa representan más de 10.000 millones de dólares, y que de esas empresas, con anterioridad el gobierno le había revocado sus contratos, supuestamente a Gold Reserve por prácticas contra el medio ambiente y que la empresa suiza Glencor, tiene un oscuro historial en Guayana en la explotación de níquel. Asimismo, dice Tablante, en su artículo mencionado, que las empresas que firmaron los contratos con Maduro y el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal, no tienen ninguna experiencia, ni el capital, ni los recursos humanos para emprender la explotación de los yacimientos, en especial, el coltán, y que por lo tanto son “empresas de maletín”[9] . Fedor Linares, en su artículo “El Arco Minero del Orinoco: fraude y catástrofe”, afirma que con la implementación del proyecto, aparte de las razones oficiales, como la de atender sus obligaciones, las razones reales son la de mantener el gobierno sus políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia internacional y que “es una nueva fuente ilícita de recursos e ingresos”, y que el proyecto responde básicamente a un interés privado:” la satisfacción de los intereses de la élite gobernante”. Y, que desconoce “derechos y principios constitucionales” para favorecer los intereses de esta élite, “y del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación” (10).

Por otro lado, el Banco Central de Venezuela, que centraliza las operaciones, no presenta registros sobre las compras de oro. Por los daños masivos al medio ambiente, que determinan destrucción o pérdida de ecosistemas en las zonas del llamado Arco Minero del Orinoco, así como el riesgo grave que supone para sus habitantes al contaminar sus aguas y cultivos, a la luz de la comunidad internacional, su creación se puede calificar de “ecocidio” y, por ende, de un delito contra la humanidad.

En efecto, se entiende por ecocidio el daño masivo o destrucción medioambiental de un territorio o zona, de tal magnitud que puede poner en peligro la supervivencia de sus poblaciones. La Asamblea Nacional, en su acuerdo de fecha 14 de junio de 2016, por el que declaró contrario a los intereses de la República y a los derechos ambientales el decreto N° 2248 de fecha 24 de febrero de 2016 de creación del Arco Minero del Orinoco, señalaba los daños que las actividades mineras permitidas, así como los contratos a otorgar en dicha zona, en su extensión de 11.846,70 kilómetros cuadrados, a 150 empresas de 30 países diferentes, que represente 12,2% del territorio nacional, afecta los frágiles ecosistemas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Decreto este que por sus consecuencias, no solo viola los artículos 127 a 129 y 304 y 327 de la Constitución, sino también la normativa internacional ambiental suscrita por Venezuela, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco, y el Protocolo relativo a las Áreas, Flora y Fauna Silvestres y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente en la Región del Gran Caribe; y el Tratado de Cooperación Amazónica, del 3 de julio de 1978, suscrito por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, cuyo propósito es el desarrollo armónico de la Amazonía y lograr un desarrollo integral de sus respectivos territorios mediante el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente.

En efecto, la actividad minera en gran escala, en 22 zonas y en una de minería primaria, construyen serias amenazas de contaminación con mercurio y cianuro y la deforestación de bosques tropicales, lo que además impacta la salud y proliferan enfermedades como la malaria. Estos daños serían irreversibles por su incapacidad de regeneración.

Tales son los daños que internacionalmente se le considera “el quinto crimen perdido contra la paz”[11], por no encontrarse previsto expresamente entre los cuatro crímenes internacionales en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, limitándosele siempre a situaciones de guerra y a daños intencionales, pero si los daños son de tal magnitud, extensos, duraderos y graves, que afectan a poblaciones como las indígenas y a la mayor reserva de agua del país, y desproporcionados a sus supuestos fines y ventajas, se alega si quienes actúan lo hacen consciente e intencionalmente de los daños que provocan , por qué, por ejemplo, no se elaboraron antes los estudios ambientales que imponen las leyes nacionales e internacionales y por qué permiten la pequeña minería, o brigadas socialistas, que utilizan mercurio.

Podría hablarse de que tales hechos cabrían en la competencia de la Corte Penal Internacional, conforme el artículo 30, de su Estatuto[12]. En ese orden de ideas se ha manifestado el profesor Alexander Luzardo, proyectista de las normas ambientales de la Constitución y profesor titular de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad Central de Venezuela, que ha denominado al Arco Minero del Orinoco, como “el ecocidio del siglo XXI”[13]. Recientemente, la Coordinación de Consejo de Caciques Generales del Pueblo y Comunidades Indígenas del Municipio Gran Sabana del Estado

Bolívar, en un comunicado a la opinión pública nacional e internacional, ante la acusación que hiciera el general de reserva activa Roberto González Cárdenas en el programa Dossier transmitido por el canal nacional Venezolana de Televisión y por el canal internacional Telesur en contra del pueblo pemón, al que calificó de promotor de un movimiento secesionista, además de rechazar tal señalamiento, denunció al referido general como cómplice de los grupos armados colombianos de las zonas con yacimientos auríferos del sur del país, y afirmaron: “Asimismo, alertamos al Estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro sobre la complicidad que mantiene la FANB en la región con el sistema de Pranato de dominación[14], que se traduce en paramilitarismo colombiano, que tienen el control de las zonas con yacimientos auríferos en El Dorado, 88, Callao, Tumeremo y San

Martin de Turumbang. Y en consecuencia se ha visto una movilización forzada de las comunidades indígenas violando sus derechos humanos, y por ende, el silencio ante esta situación lo consideramos traición a la patria (sic) por parte de los cuerpos de seguridad de la nación”.

 

[2] https://acominero.infoamazonia.org/sttory

[4] Ver Nota 148 sobre la definición de “Pran” y de “Pranato”.

[5] Metal blanco plateado (Ta) de número atómico 73, muy duro y de apesto semejante al del acero.

[6] O columbio que se emplea principalmente aleado en aceros para conferirles una alta resistencia, por

ejemplo, en la construcción de turbinas de aviones y propulsores de cohetes espaciales.

[9] Cuentas clarasdigital.org.

[11] Gauger, Anja (29012), “Ecocide is the Missing 5

th crime against Peace” (sas-space.sas.ac.uk , Human

Rights Consortium, School of Advanced Study, University of London)

[12] Soler Fernández, Rosel, “El ecocidio:¿crimen internacional?”. Ieee.es( (Instituto Español de Estudios

Integrales), Documento Opinión, DIEEE0128-2017_Ecocidio_

[13] https://www.larazon.net(2016/07/pro-alenxander-luzardo-el-mal-llamado-ArcoMinero.

[14] Pranato, es un neologismo, supuestamente de la subcultura delictual colombiana, de un sistema dominación de una prisión dirigida un líder carcelario, que controla la población de reclusos y que llega hasta administrar la prisión. Y que ha llegado hasta surgir fuera de las cárceles en los barrios como una organización de pandilleros bajo el control de un líder o “pran” que acumula el dominio de la población. Palabra que se construye bajo la idea de padre, padrino, profeta, maestro (“El Pran: ¿Símbolo o significado”, Prensa OVV Mérida), (https://observatoriodeviolencia.org.ve/el-pran-simbolo-o-significado/)