La ley de Zonas Económicas Especiales, no es una solución a corto plazo, requiere además de un espacio geográfico definido; de un ambienten que contemple transparencia y seguridad jurídica frente a la corrupción
Las Zonas Económicas Especiales pareciera que fueron descubiertas o inventadas con la nueva ley recién promulgada para tales efectos, olvidando que sus orígenes se encuentran en el Puerto Libre de Margarita y la Zona Franca del estado Nueva Esparta, seguidas de otras zonas como la del Táchira y Falcón. Con esto quiero significar que la cuestión no es crear leyes, sino darle la ejecución e instrumentación según su objetivo; al final Margarita se convirtió en un gran bodegón con licores, quesos y chocolates, sin un mayor beneficio real para el pueblo de una economía productiva.
Rescatado el modelo, porque no se puede decir que se inventó, debido a que las ZEE datan de los años cincuenta, en Irlanda y en la década de los ochenta recibieron un gran impulso con el presidente Den Xiao Ping, luego del rotundo fracaso del modelo de producción maoísta de las “Comunas Populares” y del “Gran Salto”, ambos, responsables de la “Gran Hambruna China”. Ambos modelos, después de la «apertura y de las reformas”, fueron reemplazadas por los municipios y el Partido Comunista admitió que la Comuna del Pueblo fue un gran error.
No hay duda de que las políticas del socialismo del siglo XXI han tenido sus efectos adversos sobre la economía. El resultado de las elecciones en la UCV es un ejemplo de ello, y si se les ocurre hacer lo mismo que en Barinas, conocemos el resultado. Pero para no desviarnos del tema de la ZEE, algo está sucediendo en el alto gobierno y los organismos responsables de las políticas económicas, con sus guiños con el neoliberalismo, en particular con la adopción de algunas de las satanizadas recetas del Fondo Monetario y de los 10 postulados del Consenso de Washington. No por casualidad ante la crisis vivida incluso antes de las sanciones, la falta de abastecimiento en el mercado interno, la solución estuvo en liberar parte de las importaciones, un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo. Desafortunadamente, haciendo uso de las facilidades de los “Puerta-Puerta”, se instaló una perversa cadena de comercialización en contra de la vieja consigna de “compra venezolano” y de ahí se derivó en la importación de esas atropellantes camionetotas, características de la clase poderosa y reinante, en contra de la industria automotriz venezolana.
En esta misma línea del Consenso de Washington, la devolución de las propiedades confiscadas y las privatizaciones es otra señal. Días atrás se anunció, la venta de entre 5% y 10% de las acciones de Cantv, usando un argumento impecable: “Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnologías, necesitamos nuevos mercados”, por lo que pareciera se hizo la luz. No obstante es poco probable que la inversión extranjera se arriesgue a invertir en una empresa que el Estado venezolano seguirá controlando; ni siquiera en una inversión a riesgo compartido
Las ZEE internacionalmente se caracterizan por sus 1) Incentivos 2) la Regulación y su 3) Operatividad en cuanto a Infraestructura industrial, infraestructura de comunicaciones, consultoría in situ, marketing, courier o transporte, las cuales representan grandes debilidades a la hora de competir con otras ZEE.
No obstante su promulgación, representan una señal o cambio en las políticas públicas al contener claros y positivos elementos de una apertura para atraer y dar acceso a la inversión extranjera directa, que de otra forma no se lograría.
La captación de la inversión extranjera siempre ha sido una carrera competitiva. Para 2018 existían más de 4.000 Zonas Económicas Especiales que representan más de 41% de las exportaciones mundiales, generan casi 68 millones de empleos y reciben 20% de la inversión extranjera directa. La cuestión está en que, como se dice, el papel aguanta todo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. La autoridad regulatoria tiene que crear el ambiente adecuado para atraer los inversionistas y sus capitales, es decir que crear un medio propicio, debido a que la desconfianza es grande y su déficit mayor.
Uno de los grandes problemas que afronta es la falta de seguridad jurídica a pesar de la ley de Inversión Extranjera Productiva (2017). El Índice de Percepción de la Corrupción, instrumento que todo inversionista tiene sobre su mesa, indica que Venezuela desde 2017 registra un descenso continuado creando como consecuencia una “percepción negativa”. Otra debilidad es la transparencia. En este contexto las autoridades deben tomar acciones para mejorar su posición en los índices internacionales, para mejorar su imagen.
La intención y propósito no es desmejorar o descalificar este nuevo mecanismo para salir de la crisis socioeconómica a la cual hemos llegado, al raquearnos con Estados fallidos. En el índice de corrupción y transparencia el año pasado obtuvimos una calificación de 14, en una escala de 100, donde (0) es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción, fue aventajada solo por Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11). Supongo que la “matraca” en algunas dependencias públicas, funcionarios deshonestos en los puertos y alcabalas, se deben estará frotando las manos con esta nueva ley, la cual quedara como otro ejercicio legislativo, si no se toman las medidas para mejorar la imagen y ser más competitivos.