Fiel a los principios de comer y no dejar comer, ahora nos aplican la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, la cual representa en los términos de su redacción, objetivos y propósitos, una forma más de imponer controles sobre la sociedad civil y un obstáculo más a la labor que cumplen las ONG en el país, en materias de interés nacional como son salud, educación, derechos humanos o medio ambiente, ¿en beneficio de quién? De todos.
Esta ley viene como anillo al dedo con lo que sucedió en Turquía. En lo que representan las ONG, en la ayuda y la colaboración que prestan, independientemente de los círculos políticos que le rodean. En la actualidad tenemos el caso del atroz terremoto en Turquía y Siria, ayer fue el deslave en Vargas, ni hablar de su presencia en las zonas marginales o en la lejana África. Si hoy los venezolanos vivimos las penurias causadas por las medidas “coercitivas unilaterales”, una ley para la fiscalización y regularización de las ONG representará más vicisitudes para quienes de alguna forma se benefician de la ayuda que estas organizaciones prestan en materia de salud, educación, preservación del medio ambiente. Las víctimas serán aquellas personas atendidas por ese voluntariado que sube cerro, baja a las quebradas y hace presencia en los hospitales.
Esta ley recuerda la desafortunada Decisión 24 del Grupo Andino que satanizó la inversión extranjera, controlando las áreas de inversión, determinando los montos y decidiendo quién invertía y quién no. Al final, la desinversión fue tal que hubo que adaptarla a las realidades por la Decisión 220, proveyendo reglas más accesibles para la inversión extranjera.
Es lógico que el Estado se proteja contra el flujo de capitales de dudosa procedencia, proveniente posiblemente de la delincuencia internacional, del tráfico de drogas, del lavado de dinero y otras fuentes de recursos provenientes de los más variados delitos, que hacen necesario establecer los controles necesarios, para bien de la economía y protección de la sociedad; pero cuando estos controles se establecen con fines políticos se convierten en un mal propósito. En una salvajada, donde el que más sufre es el pueblo, ese venezolano de a pie que acude y busca la ayuda, que los hospitales públicos no le pueden ofrecer; esa madre, esa esposa que busca ser atendida por los organismos especializados en la defensa de los derechos humanos. Con esto queremos dejar claro que no se está en contra del control, sino en contra de que la ley sea un instrumento de control político.
La preocupación está en que en la forma en que está redactado el proyecto aprobado en primera discusión afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles, sean estas de hecho o de derecho, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales. Al menos esta es la conclusión a la que se llega al leer los artículos 2, 6 y 8. La laxitud como está redactada la propuesta de ley representa en los mismos términos de la Orden Ejecutiva de Obama, una amenaza para cualquier forma de organización de la sociedad civil, debido al excesivo control sobre las ONG, no solo nacionales sino también extranjeras.
Todavía está pendiente una segunda discusión, por lo cual vale la pena advertir que los excesos de control pueden convertirse en un bumerán para el gobierno, ante las crecientes deficiencias que sufre el país, donde las ONG pueden ayudar a solventar muchas de ellas, en beneficio de ese venezolano que hoy sufre de carencias, no propiamente a causa de las medidas coercitivas unilaterales, sino por la corrupción y mala administración de los gestores oficiales