Hoy quiero aprovechar este espacio para manifestar mi profundo rechazo a las 7 detenciones arbitrarias ocurridas de manera sistemática las últimas 2 semanas contra ciudadanos y dirigentes políticos que transitan la ruta a las presidenciales del 28 de julio de manera pacífica, democrática y constitucional.
La justicia penal está obligada a respetar las garantías constitucionales, así como los derechos civiles y políticos de la ciudadanía establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dejar de ser un instrumento de persecución y cárcel contra quienes piensen distinto.
Para que existan elecciones libres en nuestro país el Estado debe permitir la liberación de los presos políticos, víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el debido proceso; debe anular las órdenes de persecución, detenciones arbitrarias y cárcel contra la disidencia opositora; deben acabar las desapariciones forzadas. Asimismo, el CNE debe frenar el ventajismo descarado del Estado impregnado de descalificaciones e imputaciones públicas; el Plan República debe someterse a nuestra Constitución y no excederse en sus funciones.