GDA | El Tiempo | Bogotá
La justicia al servicio de la política. Tal es el título del último libro de Ricaurte Losada Valderrama, que acabo de leer. Directores y alfiles de nuestro mundo político encontrarán injusta esta aseveración. No es mi caso. Aunque nunca he puesto en duda la limpia moralidad de nuestros magistrados, recuerdo fallos que llevaron a la cárcel a prominentes militares o civiles por obra de falsos testigos, que surgieron de pronto. Solo más tarde supimos que obedecía a un recurso político de las FARC, ideado por «Alfonso Cano», para acompañar su lucha armada.
Siempre he pensado que a nuestro sistema judicial le ha faltado un buen equipo de investigación, ajeno a las acusaciones o defensas que a veces saltan en la prensa y en el Congreso. El caso de Ricaurte Losada es sintomático: sus adversarios acabaron despojándolo de su investidura de senador e inhabilitándolo a perpetuidad para ejercer cargos de elección popular. Veamos cómo se le infligió este soberano castigo.
Hijo de una pareja de campesinos, Losada nació en la apartada vereda Riecito, situada a doce horas a caballo de San Vicente del Caguán. Ajeno al mundo rural que lo rodeaba, salió hacia Bogotá, donde vivía un tío suyo. Fue en la capital donde, por empecinada voluntad suya, logró graduarse de bachiller. Su interés en la política nació cuando fue elegido presidente de la junta comunal del barrio Primavera.
Fue el real comienzo de una exitosa carrera política. Sus efectivos discursos y su capacidad organizativa les abrieron camino a sus aspiraciones: jefe de instrucción electoral del Partido Liberal, alcalde de Teusaquillo durante la administración de Hernando Durán Dussán, concejal de Bogotá, presidente del Concejo, senador de la República –con una de las más altas votaciones del momento– y fundador del movimiento Transformación Liberal. Todas estas conquistas estuvieron siempre acompañadas con ideas de la socialdemocracia y el pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán.
Jamás se imaginó que su carrera se vendría a pique. ¿Cómo y por qué? Son los avatares de la vida política del país. Los principios y las conveniencias de la clase política no siempre van juntos en Colombia. Fue lo que sucedió cuando la Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a una nueva Constitución, obedeciendo el clamor popular y en contra del ordenamiento jurídico. Pues bien. Ricaurte Losada no estuvo de acuerdo con esta maniobra. No vaciló en afirmar ante el Senado que en el proceso constituyente de 1991 se habían dado cinco golpes de Estado.
El castigo a Losada por esta impugnación no se hizo esperar. Teniendo en cuenta que su fundación educativa Jorge Eliécer Gaitán había otorgado durante cinco años auxilios económicos por 250.000 pesos a 2 familiares suyos (25.000 por año a cada uno), sin que fueran dineros oficiales, se lanzaron contra él las primeras sospechas, seguidas de muchas otras.
Por ejemplo, se encontró incompatible su figuración formal sin ejercicio como representante legal de tal fundación con su investidura como senador. Presumieron, sin prueba alguna, que por esto recibía dos sueldos. Finalmente le quitaron su investidura, y fue inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo de elección popular.
De esto hace ya veinticinco años, aunque en todos los procesos que le hicieron fue absuelto. En suma, debe entenderse bien el título de su libro La justicia al servicio de la política. Es un problema actual que no se ha solucionado y afecta a cientos de colombianos. Conozco las quejas de muchos de ellos. También, desde hace mucho tiempo, me duelen las injustas condenas de Andrés Felipe Arias y el coronel Mejía Gutiérrez, entre muchos otros.
Necesidad inaplazable: despolitizar la justicia y darles un juez real a los magistrados de las cortes y del Consejo de Estado.