A nadie debería pasar inadvertido que el Foro de Sao Paulo volverá a reunirse en Caracas los días 22, 23 y 24 de enero. Nadie debería desestimar que, en lo esencial, esa red aglutina a los antidemócratas de América Latina, pero también a organizaciones y partidos de España, Europa y otras partes del mundo que tienen como signo común el odio a las libertades. Nadie debería permanecer indiferente al significado político, social y económico de este encuentro: celebrar los avances alcanzados en 2019 y definir las líneas de acción correspondientes a 2020 y 2021.

Lo he escrito en varias oportunidades y es mi deber reiterarlo aquí: el Foro de Sao Paulo es la más poderosa y extendida organización criminal del planeta. En su estructura concurren grupos dedicados al terrorismo y el narcotráfico; gobernantes que han desfalcado las arcas públicas de sus respectivos países; delincuentes que, supuestamente afiliados a propósitos políticos e ideológicos, forman parte activa de extendidas redes de corrupción.

Es primordial entender dos gravísimas realidades. La primera: el Foro de Sao Paulo ha protagonizado un cambio sustancial en el desenvolvimiento político de América Latina: ha convertido el delito en el eje axial de su acción. Ha descubierto en el uso amplio y sistemático de la delincuencia, un poderoso recurso para mantenerse en el poder. Los regímenes de Ortega y Murillo en Nicaragua, de Maduro en Venezuela, y el de los Castro en Cuba, lo demuestran de forma inequívoca.

La plataforma del procedimiento, que tuvo en Chávez su principal estratega y diseminador, consiste en corromper a los poderes públicos, a las fuerzas armadas, a las estructuras clave de las instituciones. Corromper para crear una lealtad irrenunciable, ajena a la ley, a los derechos humanos, al objetivo de las sociedades de prosperar y hacer del trabajo un camino hacia el bienestar.

No hay que olvidar que la llamada revolución bolivariana, probablemente la operación más extendida y perfeccionada de la fusión entre delito y política, se propuso exportar su modelo por todo el continente. Chávez hizo de la renta petrolera venezolana una eficaz herramienta para intervenir en la política de otros países. La reciente detención en Bolivia de una señora que llevaba 100.000 dólares a Evo Morales en un maletín, dinero proveniente de Pdvsa, no tiene nada de excepcional. Durante 20 años, miles y miles de maletas llenas de dinero han sido utilizadas para financiar los objetivos y planes del Foro de Sao Paulo.

La circulación de estos dineros tiene consecuencias que desbordan los límites del continente. Involucran a grupos terroristas del Medio Oriente, a mafias rusas y bielorrusas, a sistemas bancarios que operan en la opacidad, a redes del narcotráfico, a contrabandistas de combustible y minerales, a agentes financieros encargados de blanquear recursos financieros, cuyos montos se cuantifican en miles de millones. No lo olvidemos: esos dineros han cruzado el Atlántico y han alcanzado, hasta donde sabemos, la política en España, Portugal y Turquía. Y es probable, hay sólidos razonamientos para estimarlo, que hayan penetrado en los asuntos públicos de otros países de Europa.

Pero la diplomacia de los maletines con dólares en efectivo y venta de petróleo a precios por debajo del costo de producción -con los cuales el régimen de Chávez y Maduro compró protección diplomática- no fue la única herramienta. También se crearon tapaderas institucionales como el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Petroamérica, Petrocaribe, la Alternativa Bolivariana para las Américas, el Fondo Alba-Caribe, Telesur, y otras empresas y mecanismos, cuya verdadera función era la de facilitar la circulación de dineros provenientes de los más diversos ilícitos.

No se ha comprendido en su verdadera dimensión que esta cuádruple operación de (a) financiamiento de las operaciones del Foro de Sao Paulo, (b) puesta en marcha de organismos con jurisdicción internacional que facilitaran las transferencias de recursos, (c) el programa de maletines de dólares y (d) la venta de petróleo por debajo de su costo, son procesos interconectados que han formado parte de un plan para propagar la desestabilización en América Latina.

No se ha entendido que, en líneas generales, promover malestar social y revueltas, en todas sus formas posibles en Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Perú, constituye un logro en dos planos: el primero, avanzar en el objetivo de mayor ambición, que es destruir la legitimidad y la credibilidad de la democracia representativa. El segundo, como claramente lo han declarado algunos de sus más perversos voceros, desestabilizar a las democracias de América Latina, es imprescindible para prolongar la duración de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Y a eso se refiere la segunda realidad, el punto que dejé en suspenso algunos párrafos atrás: que la reunión del Foro de Sao Paulo que se producirá en Caracas tendrá como su tema central la coordinación de un plan regional de desestabilización. Protestas que deriven en violencia, exijan la intervención policial y desencadenen denuncias de violaciones de los derechos humanos. Violencia en las calles que levante un muro para ocultar la destrucción de la vida en Venezuela.


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