Imaginemos la resolución de expedientes por medio de un robot equipado por un algoritmo que, a alta velocidad, va resolviendo expedientes, sin tener en cuenta privilegios ni adscripción a partidos o sindicatos, ni siquiera tener lazos de amistad o parentesco con los responsables. Apreciará, sin embargo, los aspectos considerados en la norma: edad, ingresos, situación laboral, lugar de residencia y otros. Trabajará este robot de día y de noche y solo «descansará» cuando haya que cambiar alguna pieza o suministrarle algún tipo de combustible.

La producción de resoluciones será infinitamente más alta que la de legiones de funcionarios y su coste más barato. Algunos cálculos señalan que el coste de un robot es aproximadamente el equivalente a siete meses de los gastos que genera un empleado. El profesor Carles Ramió indica que «la aplicación de la RPA (automatización robótica de los procesos) en la parte más burocrática de la administración pública, podría implicar la robotización de 90% de las tareas y aportar ahorros económicos superiores al 70%».

¿Ciencia ficción o realidad? En numerosos países comienza a ser una realidad, especialmente cuando se trata de trámites que otorgan subvenciones o reconocen derechos, si se poseen determinadas condiciones iguales para todos los potenciales beneficiarios.

De hecho, las entidades financieras realizan desde hace años muchas transacciones con carácter automático a petición de los clientes. Asombrosamente, el mundo financiero actual (y las leyes) conceden la posibilidad de transferir miles de millones de dólares, a cuentas de individuos en instituciones financieras situadas en otros países tan lejanos y recónditos que resulta difícil saber su ubicación exacta. Sin embargo, la petición de cualquier documento, por habitual que sea en las administraciones públicas, continúa rodeado de requisitos y certificaciones, a menudo excesivas.

La irrupción de la inteligencia artificial va a traer profundas alteraciones en las administraciones públicas. Algunas serán excelentes y mejorarán la confianza de los ciudadanos, porque pondrán dificultades a la corrupción, al amiguismo y el nepotismo, generarán celeridad y automatización de procedimientos, impulsarán la desaparición de  trámites generados por las propias administraciones que solicitan datos y certificaciones, que ya conoce el Estado, pero están en poder de otros organismos e instituciones.

Otros, empero, pueden preocuparnos: desaparición de numerosos empleos en las administraciones (la OCDE *calcula que 9% de los empleos de los países miembros corren un alto riesgo de ser automatizados, y que 25% verán radicalmente transformados sus tareas), la vulnerabilidad de los datos que pueden ser utilizados (lo son ya) para fines espurios, la protección a su confidencialidad y la vigilancia ética a los algoritmos que pueden llevarnos a resultados no deseables o a la fácil manipulación de la opinión pública.

Un complejo panorama que precisa del concurso de todos, para lograr que los adelantos técnicos sirvan finalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y no para un enriquecimiento ilícito de quienes poseen estos datos e informaciones de las que sacan provecho.

Las innovaciones, no solo las tecnológicas, pueden permitir que las administraciones mejoren la vida de los ciudadanos y faciliten el trabajo de los empleados públicos, pero solo si los responsables y los propios funcionarios practican una actitud proactiva, abrazando los cambios e innovaciones.

En este campo, es importante recordar que pocas son las empresas que han subsistido a las innovaciones: muchas quedaron por el camino. Esperemos que esto no ocurra con las administraciones, encargadas de la realización de las políticas públicas. En Cartagena de Indias (Colombia), en los primeros días de mayo , el CLAD organiza un simposio internacional con el lema «Innovar es crear valor público», que avanzará sin duda en el debate y la investigación de nuevos caminos de innovación en las administraciones públicas.


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