Confieso que la reserva que tenía de la milicia castrense no la podía disimular. Nunca entendida como animadversión, al inicio de mis estudios en el  bachillerato coincidente con la resistencia opuesta por los estudiantes de secundaria y universitaria al régimen usurpador y cruel del dictador general Marcos Pérez Jiménez, tuvo su fundamento de justificada reserva, en la discriminación que en  la Escuela Militar se le insinuaba a los cadetes que se preparaban para el ejercicio de la milicia, opuesta a la no consideración de civilidad.

En la década de los años cincuenta se produjo la llamada guerra fría protagonizada por Estados Unidos y la Unión Soviética, que cesada la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo en dos mitades: una para los occidentales y otra para los comunistas. John Foster Dulles, accionista de la United Fruit, secretario de Estado de Estados Unidos en el mandato que presidió Dwight Eisenhhower en la década señalada, se convirtió en el protector de los gobiernos militarizados en Suramérica, incluido el de Venezuela. Dada su inversión económica y las de sus hermanos, entre uno, de su arbitrario proceder se dio por señalar de comunista al gobierno de Guatemala, presidido por Jacobo Arbenz Guzmán. Propició el bombardeo de una humilde ciudad con el objeto de seguir explotando sus tierras. Los estudiantes los protestamos cuando se hizo presente en Caracas e intervino  en las sesiones de Décima Conferencia Hispanoamericana.

Muchos, como suele suceder, tenían la creencia de la perpetuación en el poder del general Pérez Jiménez, quien alardeaba a más no poder sobre el respaldo monolítico de la Fuerza Armada. Por el contrario, se le propinó su derrota: huyó

Las reservas habidas sobre la Fuerza Armada Nacional: influencia de una deformación institucional en el sector castrense que en la época que fuere la última de nuestras dictaduras. Se exhibía dominada entre otros aspectos: por el autoritarismo, la autonomía institucional, el intervencionismo, la xenofobia y el machismo que dejaron de  persistir. Con ello también mi proximidad al debate abierto,  con sustento de que en las sociedades en  tiempos de crisis no debería existir ejército, dado lo costoso de su manutención.

La dictadura militar que celebraba la Semana de la Patria, que ejecutó obras de cemento armado, que unió al país  mediante carreteras, que invirtió en el desarrollo agrícola, no pudo sostenerse reprimiendo las libertades y ejecutando la tortura de los presos políticos, llenando  sus bolsillos, los de familiares, amigos y testaferros, aumentado  la persecución política. Creando campos de concentración. Infundiendo miedo, apercibido de la mayor atrocidad mediante la actuación de un civil conocido como Pedro Estrada,  jefe de la Seguridad Nacional. Tan reprochable  sistema hubo de sucumbir. El Ejército, el institucional, procedió al cumplimiento de su deber. Harto de despotismo impuso la concienciación democrática. Se unió a la ciudadanía, terca opositora al dictador militar y en  resuelto compromiso con esta libró la hazaña revolucionaria cívico militar del 23 de enero de 1958. Revirtió la civilidad. Se conformó el Gobierno de Transición. Se llamó a elecciones para elegir al presidente de la República, a los senadores y diputados al Congreso Nacional. Se redactó la Constitución. La unidad de la institución, desde la significativa fecha se mantiene cumpliendo la Constitución.

Hugo Chávez, que con otros compañeros conformó una logia militar para derrotar a un gobierno democrático electo por el pueblo, no pudo fraguar su aventura. La Fuerza Armada se lo impidió. Por lo que nadie puede hablar hoy en día de una unidad monolítica en la Fuerza Armada al servicio de cada ocurrencia  de Maduro.

Todo nos conlleva a la firme convicción de que para que haya legitimidad  de una legalidad, esta tiene que descansar en la paz, la libertad, bienestar y democracia como principios cardinales insobornables.

Expuesto lo precedente, imperativos doctrinarios y revolucionarios, que nos obliga a no admitir que el “dictador” sea quien crea el derecho, quien profiere  sobre el contenido y alcance del delito; quien disuelva los poderes  y se asuma la condición de la autoría militar, distinguiendo entre amigo-enemigos, nos obliga hacer distinción entre lo que debe entenderse por militarismo. Y lo que nos lleva a entender la legalidad  militar.

El “militarismo” no es más que una doctrina decimonónica, producto de nuestro atraso feudal, caracterizada por una serie de elementos opuestos esencialmente a los derechos fundamentales y libertades públicas: el concepto de militarismo. No es más que una degeneración contraria por completo al concepto militar. El militarismo lleva a quienes lo propugnan a ejercerlo con una no disimulada y fuerte preponderancia de los asuntos militares en política de una nación. Venezuela fue por mucho tiempo víctima de tal situación. Debemos estar claros.

Por el contrario, el ejercicio de la milicia militar conduce el desempeño de una profesión al servicio de las armas  de acuerdo a la legalidad vigente. La institución militar venezolana se ha opuesto al autoritarismo. Considera una degeneración de la honrada condición militar, por lo que nuestra Institución Armada lo conceptúa como una deformación del ejercicio de la profesión militar a los que por un tiempo en sus oficios se le limitan ciertos derechos. Recobrados plenamente, cuando se desprendan del uniforme, habido su regreso a la vida civil. Nuestra institución militar ha sido consecuente al estar al “servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Todo lo aquí expuesto, en razón del criterio sostenido, nos obliga a hacer consideración sobre el  discurso pronunciado por el ratificado ministro del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino López, quien se desempeñó en las actividades comerciales como vicepresidente de una compañía de comercio hasta el año 2007, cuando fue  nombrado para el cargo de la cartera de Defensa. Función para la cual fue ratificado. Con motivo  de su ratificación en fecha del vigésimo aniversario de la CRBV, declara: “En Venezuela la oposición política nunca podrá  ejercer el poder. No pasarán. No serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos”. Fin de la cita.

La perorata discursiva  sin apego a la Constitución ha sido objeto de diversas interpretaciones. Para algunos: los que defienden el Estado de Derecho han de considerarlo como la  expresión de una ideología con hechura militarista, definido como oposición directa con los movimientos por la paz. Para otros, como su pase a ser segundo en la diarquía del régimen, con desplazamiento del capitán Cabello. Otros lo califican como un discurso laudatorio para su permanencia burocrática. Y para otros, lo expresado con mandato de fuerza no tiene otra consideración que la de pasar de ser la expresión de un militarismo demodé a  “militar” en el partido de gobierno para avanzar en el desarrollo de su pasión socialista. En verdad este afortunado no ha dejado de intervenir en la controversia política.

Posdata: presento excusas. Aprovecho la oportunidad para declarar, habida consideración de una publicación, que URD no tiene ninguna clase de compromiso político con Claudio Fermín. Su línea es la de oposición a fondo contra la usurpación.

 


El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!