Algo conocemos acerca de la crisis que soportan los trabajadores venezolanos como receptores de uno de los salarios más bajos del mundo, la información es poca y el acceso muy obstruido, pero menos conocimiento manejamos y valoramos acerca del estatus de una institución clave para la existencia de la democracia como es el Estado de Derecho.
En efecto, coexistimos con la penosa situación que representa la pobreza del salario del trabajador venezolano, quien sobrevive en la miseria:
“Los salarios y servicios públicos han profundizado su caída libre, precarizando la condición de vida al extremo de la subsistencia. El ingreso mínimo que perciben los trabajadores es de 130 bolívares, equivalentes a 5,3 dólares, monto insuficiente para costear la canasta alimentaria, que llegó a 388 dólares en febrero, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Simplemente es imposible seguir adelante, pensar en el futuro si no se supera el estado miserable de la mayoría de los venezolanos que viven de su trabajo. En comparación con otros países de Latinoamérica, Venezuela muestra el salario mínimo más bajo de la región de acuerdo con datos comparados de 2023, apenas equiparable con los países africanos que actualmente tienen el salario mínimo mensual más bajo del mundo: Ruanda (3 dólares), Burundi (2 dólares) y Uganda (2 dólares). Venezuela es el país donde peor se paga”.
Esta condición del salario del trabajador es letal, es una condena a la miseria y a su virtual desaparición, pero sin embargo muy poco sabemos acerca del estatus de otro factor esencial para la existencia de la democracia y la libertad como es el “Estado de Derecho”, sin ser especialistas en el tema, la información que muestran los indicadores en este tema nos obliga a reflexionar. En primer lugar, en todas las evaluaciones de las instituciones especializadas, Venezuela ocupa el último lugar, se identifica como un país donde sus habitantes forman parte de los 6 billones de seres humanos que viven en sociedades sin Estado de Derecho, donde el gobierno de la ley está declinando o es prácticamente inexistente.
Entre 142 países ocupamos el lugar 142, es decir, el último lugar en la evaluación de la categoría “Adherencia al gobierno de la ley”, cuyo contenido se explica por sí mismo:
“Madagascar 114; Angola 115; México 116; Türkiye 117; Guinea 118; Honduras 119; Nigeria 120; Mali 121; Congo, Rep. 122; Zimbabue 123; Gabón 124; Uganda 125; Irán 126; Bangladesh 127; Mozambique 128; Etiopía 129; Pakistán 130; Bolivia 131; Sudán 132; Mauritania 133; Camerún 134; Myanmar 135; Egipto 136; Nicaragua 137; Congo 138; Haití 139; Afganistán 140; Camboya 141 y Venezuela 142”.
En esta penosa situación se destacan otros países latinoamericanos cuyos regímenes políticos son igualmente contrarios a la democracia: Bolivia en el puesto 131, Nicaragua en el 137 y Haití en el 139.
¿Cuán importante es esta situación es un detalle más de nuestra crisis?, ¿cuán relevante puede ser esta colocación en el último lugar en relación con nuestra adherencia a la ley, si nuestra aspiración es vivir en democracia como el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes electos por votación popular?
El Estado de Derecho es definido como el régimen propio de las sociedades democráticas en el cual la adherencia a la ley es una norma básica, fundante, la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Lo contrario significa vivir bajo un régimen autocrático, con el poder concentrado en una autoridad impuesta por la fuerza o por medio de la seducción socialista que ofrece a los pueblos existir bajo un régimen que controla la economía, anula la propiedad, los derechos civiles, humanos, políticos, en un estado de negación directa de la aspiración genuina a vivir en libertad.
La responsabilidad ciudadana está en juego si aceptamos que el Estado no es un hecho político originario, sino una creación o prolongación de la nación, producto de un pacto entre individuos, mediante el cual todo queda bajo la ordenación de la ley, para defenderse y protegerse. El derecho es la fuerza capaz de ordenar las relaciones del Estado con la sociedad al imponer “El reino de las normas”.
Si el Estado de Derecho está en crisis, lo sustancial de la democracia está en crisis y con ello la organización política de la comunidad orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización a los ciudadanos que parte de la primacía del individuo.
Al formar parte de los billones de personas que viven fuera del Estado de Derecho nos transmutamos en autocracia, como aquel sistema que aumenta la censura de los medios de comunicación, la represión de las organizaciones de la sociedad civil, la desinformación, polarización y autocratización. Procesos que se refuerzan mutuamente que conllevan directamente al fracaso económico por la intervención directa en los procesos productivos y la anulación de los derechos de propiedad. “La autocratización suele seguir un patrón similar. Los gobiernos primero atacan a los medios de comunicación y a la sociedad civil, polarizan con el irrespeto a los oponentes y la difusión de información falsa, para luego socavar las instituciones formales”. (V-DEM)
Por otra parte, es imprescindible reconocer que la única defensa que tienen los pueblos ante la penetración de ideas que propenden a la imposición de regímenes autocráticos- socialistas es el Estado de Derecho representado en el principio democrático de la división o separación de poderes, una forma de estructura organizativa de los estados basada en el reparto de los poderes de decisión y control en tres ámbitos, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La división de poderes y la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial es una condición básica para la existencia de la democracia, su ausencia se asocia directamente a la tendencia a largo plazo a la caída de los procesos económicos, el debilitamiento del acceso a la justicia, la debilidad de la existencia de los derechos humanos y el vaticinio corroborado históricamente de la imposibilidad del progreso económico, social y humanitario. En países como Chile, Colombia y México se observa cómo la existencia del Estado de Derecho se ha convertido en una sólida estructura que impide la destrucción de la democracia, es una estructura o arquitectura que paraliza la destrucción de las instituciones económicas, políticas y se convierte en la más efectiva defensa frente al avance de las propuestas socialistas, colectivistas, estatistas de los presidente de origen comunista.
Es imprescindible, por todas estas razones que reconozcamos como ciudadanos responsables los campos o factores que atañen directamente al Estado de Derecho, según la clasificación del “World Justice Program” (información recabada por el acucioso investigador y sociólogo Rafael Quiñones):
Factor 1: Limitaciones de los poderes del gobierno
El Factor 1 del Índice de Estado de Derecho del Word Justice Program mide el grado en que los gobernantes están obligados por la ley. Comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, por los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes son limitados y responsables ante la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como una prensa libre e independiente.(En Venezuela vivimos bajo un régimen carente de límites, usa “las habilitaciones” para usurpar las funciones del Poder Legislativo, el cual es simplemente fantasmal).
Factor 2: Ausencia de corrupción
El factor 2 del Índice de Estado de Derecho del WJP mide la ausencia de corrupción en el gobierno. El factor considera tres formas de corrupción: el soborno, la influencia indebida de intereses públicos o privados y la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios del poder ejecutivo, el poder judicial, el ejército, la policía y el Poder Legislativo.
¿En qué medida los actores políticos utilizan el cargo político para obtener beneficios políticos o privados? Este indicador ha aumentado en sentido negativo en Venezuela, en el año 1957 era 0.61 en 2022 es 0,98, según reporta la más importante organización mundial en análisis de la democracia: V-DEM
Factor 3: Gobierno abierto
El Factor 3 del Índice de Estado de Derecho del WJP mide la apertura del gobierno definida por el grado en que un gobierno comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que el gobierno rinda cuentas y fomenta la participación ciudadana en las deliberaciones de políticas públicas. Este factor mide si las leyes básicas y la información sobre los derechos legales se publican y evalúa la calidad de la información publicada por el gobierno (en Venezuela, la organización Conatel ha clausurado más de 400 medios de comunicación en la última década y la información sobre el desempeño económico ha sido prácticamente eliminado desde el año). En el área económica, desde fines de 2015 no se publica más información sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mostraba la inflación mensual en el país y en diez ciudades escogidas por su influencia geográfica. Lo mismo ocurre con el producto bruto interno (PBI) -o sea los bienes y servicios que se producen en la economía venezolana-: desde los últimos cuatro años hasta hoy no se ha publicado ningún dato.(https://chequeado.com/hilando-fino/venezuela-un-pais-con-falta-de-cifras-oficiales/).
Factor 4: Derechos fundamentales
El Factor 4 del Índice de Estado de Derecho del WJP reconoce que un sistema de derecho positivo que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos en el derecho internacional es, en el mejor de los casos, un «Estado de Derecho» y no merece ser llamado un Sistema de Estado de Derecho. Dado que hay muchos otros índices que se ocupan de los derechos humanos, y dado que sería imposible que el Índice evaluara la adhesión a toda la gama de derechos, este factor se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que están más estrechamente relacionados con las preocupaciones relacionadas con el Estado de Derecho (las cárceles venezolanas están ocupadas por más de 300 opositores políticos que permanecen encerrados sin ningún juicio previo).
Factor 5: Orden y seguridad
El factor 5 del Índice de Estado de Derecho del WJP mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad del Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el estado de derecho trata de promover. Según el Observatorio venezolano de la violencia Venezuela cierra el año 2021 con un estimado de 11.081 personas fallecidas por causas violentas, lo cual se corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es el resultado de cuatro tipos de muertes violentas que consideramos son los componentes que están pautando la violencia letal en la sociedad: homicidios, resistencia a la autoridad, averiguaciones de muerte y desapariciones.
Factor 6: Aplicación regulatoria
El factor 6 del Índice de Estado de Derecho del WJP mide el grado en que las regulaciones se implementan y hacen cumplir de manera justa y efectiva. Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran comportamientos dentro y fuera del gobierno. Este factor no evalúa qué actividades decide regular un gobierno, ni considera cuánta regulación de una actividad en particular es apropiada. Más bien, examina cómo se implementan y hacen cumplir las regulaciones.” Los inspectores fiscales allanaban con frecuencia las instalaciones de la principal empresa venezolana, los sindicatos en favor del gobierno promovían el descontento laboral y las fuerzas de seguridad secuestraban sus camiones de alimentos y arrestaban a sus gerentes”.
Factor 7: Justicia civil
El Factor 7 del Índice de Estado de Derecho del WJP mide si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras injustificadas y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Factor 8: Justicia penal
El Factor 8 del Índice de Estado de Derecho del WJP evalúa el sistema de justicia penal de un país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de Derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y entablar acciones contra individuos por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la impartición de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios de prisiones.
Para concluir, es una obligación ciudadana que los venezolanos valoren la significación del hecho político de existir en una sociedad donde el Estado de Derecho como referente fundacional de la existencia de la democracia está ubicado en el último lugar entre los países más pobres y atrasados del mundo, nos superan países como Haití, Nicaragua y Bolivia. Sociedades lamentablemente inmersas en crisis políticas, económicas y culturales profundas. En los nuevos tiempos por venir debemos responsabilizarnos como ciudadanos por ser una sociedad donde se convive bajo un pleno Estado de Derecho. Debe ser nuestra gran y profunda aspiración como ciudadanos que ansiamos construir una sociedad de seres humanos libres e iguales.