En momentos en los cuales se pretende realizar un debate sobre la propuesta de la privatización de Pdvsa, entre otras empresas del Estado, debemos reconocer algunas duras realidades en las cuales estamos sumergidos financieramente este año y los próximos para darle un nivel de seriedad a este debate político, que he escuchado desde hace treinta años, con la diferencia de que la Venezuela llena de esperanza de mi juventud se ha convertido en un campo de horrores debido a la caída de todos los indicadores económicos y sociales, que en la práctica han hecho retroceder al país varias décadas, causando en vastos sectores de la población daños irreversibles.
Ignorar que la economía ha perdido 70% de su tamaño en los últimos 10 años ha generado un empobrecimiento a gran escala de la población y del mismo Estado, que a pesar de la opacidad de sus cuentas y la manipulación presupuestaria desde hace al menos 7 años no logra ocultar su incapacidad financiera para acometer inversiones básicas que en otras épocas parecían cosas muy corrientes, como construcciones de grandes obras de infraestructura.
No es un secreto que muchas gobernaciones y alcaldías gastan en un año lo que anteriormente gastaban en un mes hace 20 años, haciendo la conversión de bolívares a dólares de la época, por lo cual muchas promesas electorales pasan de ser populistas a ser auténticas locuras, completamente irrealizables a pesar de las mejores voluntades de los funcionarios.
Es por ello que centenares de empresas públicas, desde nacionales hasta municipales, están funcionando como «zombis», con una incapacidad evidente de cumplir con sus objetivos y obligaciones administrativas, de lo cual no escapan las múltiples instituciones que están bajo la sombra de Pdvsa, que de acuerdo con lo que señalan los medios de comunicación durante los últimos años ha sido saqueada, canibalizada, estafada y, en fin, víctima de todo tipo de tropelías, desde la época de Rafael Ramírez hasta la de Tareck el Aissami. No parece entonces haber muchas esperanzas de tener una industria petrolera sin una participación extranjera muy importante en su recuperación y manejo de la misma Pdvsa, lo cual ya está ocurriendo con la participación de empresas rusas, chinas, iraníes, aunque la opinión pública sólo se ocupado de Chevron o cualquier otra empresa estadounidense o europea, con la misma hipocresía y doble rasero con el cual evalúan otros temas que abarcan la soberanía y la injerencia extranjera.
Es una realidad política nacional que, de continuar la actual administración de Nicolás Maduro, hará llegar la privatización de todo lo que considere necesario para mantener contentos a sus aliados foráneos, bajo el lenguaje de alianzas estratégicas y otros argumentos que escondan estas realidades. Solo así se puede entender el trasfondo de la Ley Antibloqueo y las de Zonas Económicas Especiales, que permiten a las multinacionales obtener los beneficios esperados de inversiones de tan alto riesgo, como puede ser un país en crisis como Venezuela, que ciertamente es una aventura financieramente hablando, aun para los capitales nacionales.
En este punto mi memoria viaja a la campaña electoral de 1988, cuando se prometió un retorno a la «Venezuela saudita», para luego realizar un Plan de Ajustes que no entendían ni los sectores políticos ni empresariales mayoritariamente, lo que inició el conflicto que acabó con dicho gobierno, llevó al poder a quienes rechazaban las reformas estructurales y finalmente derivó en la victoria electoral de Hugo Chávez, junto con todos los acontecimientos de los años posteriores.
Ofrecerle al país la solución de sus problemas sociales y económicos, a través de un Estado destruido a todos sus niveles en cuanto a capacidades operativas para atender grandes desafíos, es un asunto de la mayor gravedad política que no se puede subestimar, así como sería muy peligroso decirle a los empleados públicos y pensionados que los ajustes del salario mínimo serán realizados inmediatamente al nivel de la canasta básica después de un cambio de gobierno, sin esperar la recuperación económica del país.
Por estas razones, es muy importante que las propuestas de cambio para la nueva Venezuela eviten la satanización de las políticas de privatización, puesto que es la única salida existente para la recuperación estructural del país, a todos los niveles. El verdadero desafío es evitar que la misma se convierta en un proceso como el acontecido en la Federación Rusa, después de la caída de la Unión Soviética, donde se suponía que no existían los millonarios dado el carácter ideológico que aparentaban tener y supuestamente, en una privatización transparente, no había forma de que compraran activos del Estado, con sus propios recursos.
Imagínese el lector que se decidiera privatizar todas las empresas municipales del país y salieran los concejales comprando galpones, edificios, mercados y hasta terminales de transporte; entonces los ciudadanos se preguntarían ¿por qué fingían que no eran adinerados y escondían sus riquezas? Eso fue lo que ocurrió en Rusia y que muy probablemente podría ocurrir en nuestro país, si se maneja con criterio de «campamento minero», como diría Rafael Poleo, un proceso de estas características.
Existen políticos que no desean para nada renunciar a las arbitrariedades y derroches de la «Venezuela rentista» que la inmensa mayoría de los ciudadanos desconocen aún, pues existen demasiados secretos administrativos sobre el manejo irregular de las empresas del Estado, desde hace décadas, como si fuera un botín particular de los gobiernos de turno o una torta a repartir entre grupos de poder, que no pierden la costumbre de «matar la gallina de los huevos de oro», lo que implica inevitablemente el saqueo de las mismas.
Existen centenares de instituciones, tal vez miles si sumamos todas las empresas, fundaciones, institutos autónomos, servicios públicos especializados, que están en quiebra técnica, con una nómina cada vez menor de empleados públicos que esperan su jubilación para no perder sus años de servicio, pero que tienen terrenos, construcciones y hasta bienes muebles muy deteriorados pero con un valor. Un futuro gobierno, si en verdad se desea acabar con la corrupción, deberá instruir la presentación por medios digitales de informes con todos los bienes existentes de alcaldías, gobernaciones y ministerios, lo que sería mucho más importante que la Declaración Jurada de Patrimonio que la Contraloría General de la República utiliza para controlar el ciudadano, en vez de controlar a las instituciones.
Durante mucho tiempo estuvo arraigada la costumbre de utilizar el Estado para abusar del sector empresarial y tenerlo chantajeado para obligarlo a colaborar con las campañas electorales y favores personales para sus propios familiares. Esto generó un ambiente de hostilidad y crispación entre la sociedad civil y los partidos políticos en Venezuela, que no existe en otros países de Latinoamérica porque lo mejor de la sociedad civil y el empresariado militan en partidos políticos de su preferencia, siendo entes indispensables para el funcionamiento de un sistema democrático.
La antipolítica en Venezuela se alimenta permanentemente de no haber corregido estas fallas, que comienzan con la admisión de actos de corrupción administrativa que sólo pueden terminarse si dejan de existir las condiciones que los hacen florecer, por lo cual desde este momento se hace necesario decirle la verdad a la gente sobre la inevitable privatización de muchísimas empresas estatales, sin importar el signo político del partido de gobierno o la persona que finalmente quede designada para gobernar Venezuela desde el próximo año, después del proceso electoral.