El 5 de julio, con ocasión de la conmemoración de la independencia de Venezuela, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó una actualización de su informe en el cual hace una revisión que refleja escasos avances, muchos estancamientos y algunos agravamientos de diferentes aspectos de los derechos humanos en el país.
Entre los avances destaca visitas y entrevistas de su equipo en los centros de detención civiles y militares, y el acceso a unos cuantos expedientes de la Fiscalía y audiencias judiciales, e intercambios directos de la oficina del comisionado con los fiscales sobre casos identificados, así como de una disminución del número de muertes documentadas a manos de agentes del Estado y de las denuncias de tortura y malos tratos.
También se refiere a retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las protestas que se registraron en 2014, 2017 y 2019, además en el enjuiciamiento de los responsables de las 101 muertes que la oficina del comisionado ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, de los cuales solo 8 han sido llevadas a juicio; así como de la desatención del llamamiento para que se libere a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente y las personas cuya detención preventiva ha superado el límite legal.
En una visión de conjunto, diría que el escrito refleja el estrepitoso fracaso de este régimen que pretendió erigirse en el redentor nacional en especial de los sectores desposeídos. Registra las graves fallas de los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud y destaca que las continuas protestas están concentradas en reivindicaciones de derechos económicos y sociales, así como mejores condiciones de trabajo y salarios como de pensiones.
El personal sanitario, el sector educativo y la sociedad civil en general han denunciado un entorno intimidatorio, incluidos arrestos y detenciones de personas que protestan por las carencias. Ilustrativo con este proceder resulta la detención de dos dirigentes sindicales de la empresa estatal Sidor, acusados de incitación al odio, asociación criminal y boicot, así como el juicio en curso de seis dirigentes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir. Otro es el juicio en curso de seis dirigentes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir, tras su detención hace un año, también en relación con protestas laborales.
El comisionado expresa su preocupación por las amenazas e incluso asesinatos de líderes campesinos por defender los derechos a la tierra o denunciar la corrupción, así como intimidación por parte de grupos armados y criminales no estatales contra defensores indígenas que protegen su territorio del narcotráfico y la minería. Nótese que se trata del grupo verbalmente más reivindicado del chavismo (.Lo del cacique de hojalata y los petroglifos de la avenida Francisco Fajardo, ahora Guaicaipuro, lo dejamos para otro día)
Resalta que los esfuerzos para contrarrestar estas actividades deben estar en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y estar acompañados de medidas para mejorar los medios de vida de las personas afectadas. Existe una clara necesidad de reactivar el proceso de demarcación de los territorios indígenas, con énfasis en la autodemarcación. (subrayado mío)
Pero no solo a estos sectores les ha fallado la revolución, también es notorio el abandono hacia las mujeres. En su escrito el comisionado alienta a que se adopten nuevas medidas para promover los derechos de las mujeres, incluso mediante la modificación de la legislación restrictiva sobre el aborto y exhorta al Ministerio Público a cumplir con la elaboración de un protocolo para la investigación de asesinatos por razones de género, o feminicidios, atendiendo a una importante recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
No se omite en el informe la permanencia de la persecución y estigmatización de todo tipo de disidencia, restricciones a la información pública, así como a las libertades de opinión y expresión, entre ellas figura el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. y el bloqueo de 44 páginas de Internet.
En lo que respecta a los próximos procesos electorales nacionales destaca estar siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo CNE desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos, o sea, transparentes, inclusivos y participativos. Insta expresamente a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia. Otorga carácter de urgencia al abordaje de la inhabilitación administrativa de miembros de la oposición, como es el caso de María Corina Machado y Henrique Capriles para ocupar cargos .
La respuesta oficiosa en materia electoral hasta el momento ha sido la de Ratti, el alacrán de turno, quien solicitó al TSJ ahora la suspensión de las primarias porque María Corina tiene el mal pensamiento, no expresado, de acabar con la paz de los venezolanos.
Como respuesta oficial sumemos el noble detalle de que el presidente Maduro ascendió, el mismo 5 de julio, a general de división a Rafael Franco Quintero, sobre quien pesa un extenso historial de abusos y violaciones de los derechos humanos ya debidamente recogidos por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (ONU).
Disculpen lectores lo largo de este artículo, no lo es tanto como los abusos dictatoriales del gobierno que nos aplasta.