A casi cuatro años de aquella proclamación popular en la que el diputado Juan Guaidó se juramentaba en cabildo abierto como presidente encargado de Venezuela (en desconocimiento de la legalidad de la elección presidencial de 2016) concluye con más pena que gloria el llamado “gobierno interino” de Venezuela. Una maniobra política sin precedentes que buscó constituirse en una instancia unitaria que condujera al “cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres” que nunca llegaron. De aquellas renovadas expectativas de cambio político, contrasta la sensación de frustración, división e incertidumbre que campea en todos los segmentos de la oposición venezolana.
Y es que, en los últimos días de diciembre de 2022, en medio de extensas y acaloradas deliberaciones parlamentarias, se selló el destino inmediato del interinato. Dos facciones de la Asamblea Nacional, en funciones desde 2015, plantearon propuestas divergentes de reforma al estatuto que rige la “transición a la democracia”, que está en vigencia desde enero de 2019, y que, entre otras pautas de funcionamiento, estipula una duración del interinato de cuatro años. Es decir, hasta el 5 de enero de 2023.
La propuesta que obtuvo la mayoría de los votos (63%) fue la de los partidos de oposición Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Movimiento por Venezuela. Dicha propuesta plantea la finalización del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Los debates, a su vez, pusieron en evidencia nuevamente la desconfianza mutua, la fragmentación y la profunda descoordinación interna de un gobierno interino, que, para 2019 y 2020, logró reunir el capital político nacional e internacional más importante que haya conseguido la oposición en la historia reciente.
Juan Guaidó y su partido Voluntad Popular buscaban la extensión del mandato del gobierno interino y, por consiguiente, el de su “presidencia” por un año más. Sin embargo, los cuestionamientos a su desempeño político no solo vienen desde el chavismo, sino también desde la propia oposición. Se trata de críticas que van desde la precaria capacidad de generar consensos y el desorden administrativo, hasta la opacidad y corrupción en el manejo de los activos venezolanos incautados en el exterior.
Sin embargo, el principal motivo de la pérdida del respaldo es la incapacidad demostrada por el gobierno interino para convertirse en el principal instrumento de cohesión y preservación de la “unidad democrática” que las fuerzas políticas que resisten a la dictadura de Nicolás Maduro demandan desde hace años.
Los cambios de contexto político del 2019 a 2022
La poca disposición a rendir cuentas, la incapacidad de fomentar acuerdos incluyentes y una errática conducción estratégica sobre las formas de resistencia a la dictadura fueron minando, con los años, la legitimidad del interinato. A esto se ha sumado el agravante de un cambiante contexto mundial y regional, radicalmente opuesto al que existía en enero de 2019.
A la poca atención a la persistente y compleja “crisis humanitaria” agravada por los efectos de la pandemia de la COVID-19 y el vaciado demográfico del país, se ha sumado un contexto global signado también por una crisis energética, debido a la invasión a Ucrania, una economía mundial hambrienta de petróleo.
Además, el nuevo viraje a la izquierda en gran parte de la región ha llevado a que el tema Venezuela deje de ocupar las prioridades diplomáticas del hemisferio. Esto ha impactado en los apoyos internacionales al propio interinato, lo cual contrasta con aquel reconocimiento diplomático recibido en 2019 por más de sesenta países, así como por organismos internacionales como la OEA y hasta las Naciones Unidas.
Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, es justo reconocer que el gobierno interino consiguió importantes logros en la visibilización internacional del talante dictatorial del gobierno de Maduro, la congelación internacional de activos, como consecuencia de la corrupción, así como el apoyo de sus embajadores en la promoción de alivios documentales y atención humanitaria a la migración forzosa de los venezolanos.
Asimismo, se destaca la articulación de varias delegaciones que han promovido varias rondas de negociaciones con el chavismo, dentro de las cuales sobresalen los recientes encuentros en México, en los que se ha logrado la creación de un “acuerdo de protección social” que pudiera canalizar ayudas humanitarias al país con la gestión de las Naciones Unidas y la medicación de la comunidad internacional. Estos logros quedan en total incertidumbre para el año 2023, una vez que finalice la existencia del Gobierno interino.
En suma, con el cambio de año, el país se enfrenta a un nuevo escenario de incertidumbre, circunstancias totalmente evitables, en especial, por cómo termina el gobierno interino sin haber podido cohesionar la unidad política y determinar candidaturas de cara a unas elecciones que el chavismo podría volver a adelantar para el 2023. Más aún, a sabiendas de la implosión del interinato y ante el ambiente de acusaciones cruzadas que predomina hoy en las oposiciones venezolanas.
Entretanto, continúa la emergencia humanitaria, la devaluación del bolívar y el estancamiento económico que acecha a los más humildes e impulsa la salida masiva de venezolanos que se ven forzados a emigrar en busca de un lugar en el mundo donde prosperar.
Xavier Rodríguez-Franco es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Salamanca. Analista de asuntos parlamentarios. Editor del blog Parlamundi y del pódcast de Latinoamérica21.
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