Retomando el tema de la relación entre la Iglesia, el Estado y el capitalismo me abocaré en este artículo a revisar, siempre siguiendo los postulados de la doctrina social de la iglesia, los fundamentos de la acción política que deben guiar a un católico, especialmente en lo que atañe a la vida económica y a la comunidad política.
En primer lugar, la doctrina recalca que la riqueza no es un mal, por el contrario “Las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia –CDS-, 329), y por ello “la eficiencia económica y la promoción de un desarrollo solidario de la humanidad son finalidades estrechamente vinculadas, más que separadas o alternativas” (CDS, 332). Coincide plenamente la Iglesia con la doctrina liberal clásica (capitalismo) en que: “Objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo” (CDS, 334), lo que nos dicen los grandes teóricos del capitalismo Moderno (Mises, Hayeck, Friedman) que la base del progreso está en la acumulación de la riqueza, lo indica claramente el CDS, muy contrario al discurso del decrecimiento de los progresistas y a la monserga miserabilista de la Teología de la Liberación y muchos en la Iglesia que le son sus compañeros de camino. Quiere ser la Iglesia explícita en esto cuando sin ambages postula:
“En la perspectiva del desarrollo integral y solidario, se puede apreciar justamente la valoración moral que la doctrina social hace sobre la economía de mercado, o simplemente economía libre: ‘Si por “capitalismo” se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios productivos, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva” (CDS, 335)
Más detalladamente postula la doctrina social de la Iglesia su apoyo a la iniciativa privada: “Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica, y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos” (CDS, 336). No hay aquí espacio para discursos de tercera vía, ni ocultamientos de modelos socialistas, bajo eufemismos de cualquier índole, tanto que se jactan los progresistas de los derechos humanos, pues bien, la Iglesia declara la iniciativa económica de la persona, como un derecho humano.
Con mayor precisión hace la doctrina social de la Iglesia una defensa de la empresa privada al indicar “En esta producción de bienes y servicios con una lógica de eficiencia y de satisfacción de los intereses de los diversos sujetos implicados, la empresa crea riqueza para toda la sociedad: no solo para los propietarios, sino también para los demás sujetos interesados en su actividad. Además de esta función típicamente económica, la empresa desempeña también una función social, creando oportunidades de encuentro, de colaboración, de valoración de las capacidades de las personas implicadas” (CDS, 338). La Iglesia proclama la justificación de las utilidades del capitalista: “La doctrina social reconoce la justa función del beneficio, como primer indicador del buen funcionamiento de la empresa” (CDS, 340).
Para la Iglesia el mercado es consustancial a la actividad económica, es decir el capitalismo es el sistema económico apropiado para que la sociedad ejecute su función económica: “El libre mercado es una institución socialmente importante por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios” (CDS, 347), obviamente y en esto entra en acción el ordoliberalismo que hemos analizado en otros artículos en este diario, “La doctrina social de la Iglesia, aun reconociendo al mercado la función de instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico, pone en evidencia la necesidad de sujetarlo a finalidades morales que aseguren y, al mismo tiempo, circunscriban adecuadamente el espacio de su autonomía” (CDS, 349).
En consecuencia, con el principio de subsidiaridad analizado en el anterior artículo, la Iglesia precisa contundentemente que la acción del Estado en la actividad económica debe guiarse por este principio y por lo tanto ser limitada: “El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales” (CDS, 351). No hay pues contradicción, sino por el contrario coincidencia entre la doctrina social de la Iglesia y los principios liberales postulados por ejemplo por Mises, contra el Estado intervencionista en su magistral obra A Critique of Interventionism, 1929, 1976.
Por lo tanto la tarea fundamental del Estado para la Iglesia es definir un marco jurídico de regulación de las relaciones económicas, propugnando un justo equilibrio entre la iniciativa privada y la acción pública, por consiguiente, una tributación expropiatoria como la que el gobierno del socialismo del siglo XXI de Petro acaba de aprobar con la aprobación de parlamentarios supuestamente católicos y sin que la jerarquía católica se haya pronunciado en contra por violar ese equilibrio que postula la doctrina, por lo tanto yendo en contra del bien común propugnado. Precisamente a este respecto señala el compendio: “Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad” (CDS, 355) y detalla para que no haya confusión:
“La finanza pública se orienta al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales: el pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la imposición de los tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos. En la redistribución de los recursos, las finanzas públicas deben seguir los principios de la solidaridad, de la igualdad, de la valoración de los talentos, y prestar gran atención al sostenimiento de las familias, destinando a tal fin una adecuada cantidad de recursos” (CDS, 355). No se entiende pues como la jerarquía católica y dirigentes que se dicen católicos actúan en contra de los postulados de la doctrina social de la Iglesia, ello no puede llevar sino al empobrecimiento de la población con la finalidad de hacerla dependiente del Estado, ese es el objetivo del socialismo del siglo XXI, el gobierno de Petro actúa descaradamente en ese camino, con la benevolencia de la jerarquía católica, y la dirigencia de los cuerpos intermedios, a cuyo análisis nos abocaremos en el próximo artículo.