*Hay mucha información en torno al papel protagónico que ha tenido la iglesia, en los países en los que imperan regímenes dictatoriales*.
El papel de la iglesia con inédita información está contenido en el segundo tomo del libro La verdad los hará libres, en el que la Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983, editado por Planeta, fue presentado por el Episcopado encabezado por monseñor Oscar Ojea, bajo la autoría de los teólogos e historiadores Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros.
En el libro se revelan las conversaciones reservadas entre las autoridades de la Iglesia Católica y los jerarcas del régimen militar, el «rol activo» que el vicariato castrense asumió en el marco del ejercicio del terrorismo de Estado y las vacilaciones y contradicciones internas del Episcopado en los setenta, algunas de las revelaciones incluidas en una publicación encomendada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a partir de la desclasificación de documentación relacionada con esos años promovida por el propio papa Francisco.
La Iglesia que llega a 1958 es fruto de las líneas filosóficas y teológicas del Proyecto Restaurador de la Nueva Cristiandad, que se había iniciado en 1904 desde la Conferencia Episcopal como compromiso con el Concilio Plenario Latino Americano de 1889.
Luis Ugalde, expresa: «Esta es una nueva forma de presencia en el mundo, principalmente a través de la AC, los Cursillos de Cristiandad, con diversos métodos de acción social y en lo político con la Democracia Cristiana. Sin embargo, en los fundamentos filosóficos y teológicos del proyecto subyacía el viejo concepto de la separación de planos: lo religioso y lo profano institucionalizados en dos sociedades perfectas y separadas: la Iglesia y el Estado. Ambas se relacionaban con un vínculo jurídico de mutuo reconocimiento. El proyecto cristiano se conceptualizaba como el atraer el mundo a la Iglesia como única vía de salvación».
Sin embargo se comprueba que, la institución eclesiástica permaneció silente y acrítica ante las injusticias de algunas dictaduras. No existía ningún documento donde se analizara la vida nacional como lo venía haciendo, existiendo motivos como las torturas y el peculado, junto a otros elementos contrarios a la dignidad de la persona y el bien común que se veían afectados.
En Venezuela, la iglesia fue factor fundamental en la caída del régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez, cuya acción se inicia con la carta pastoral del arzobispo de Caracas, Rafael Arias Blanco, un campanazo que despertó la conciencia de los venezolanos y desarmó la censura que el régimen de Pérez Jiménez usaba como un muro de contención.
El 1° de mayo de 1957 fue leída en todas las iglesias de Venezuela la Carta Pastoral del entonces arzobispo de Caracas, Rafael Arias Blanco, constituyéndose este hecho en uno de los grandes y olvidados episodios del último año de la dictadura perezjimenista.
Desde Caracas hasta Puerto Páez, en el estado Apure, las solemnes naves de la Catedral Metropolitana, hasta en la destartalada iglesia de Mauroa, en el estado Federal Amazonas, retumbó la voz de la iglesia, la cual sacudió la conciencia nacional y encendió la primera chispa de la subversión. En un país de rigurosa censura de prensa, fue como un grito de libertad
Deducimos que la Carta Pastoral emitida el 1° de mayo de 1957, dio muestra a la dictadura de Pérez Jiménez , de que la batalla por su permanencia en el poder, la estaba perdiendo.
El documento pastoral salió a la luz en una época en el que la censura de prensa era tan férrea y la persecución a los periodistas tan brutal, que en la cárcel de Ciudad Bolívar estaban presos, entre otros, Ramón J. Velásquez y José Gerbasi, redactor de asuntos económicos de El Nacional, acusados de tramar un magnicidio contra el dictador, y en el exilio un número impresionante.
A lo anteriormente indicado, habría que agregarle la situación económica que vivía el país pues no era la mejor, por la política de grandes obras suntuosas, costosas importaciones, despilfarro y peculado, lo cual llevó al gobierno a la quiebra fiscal. Además, esta situación también afectó a los sectores de la economía privada, a los bancos, el comercio, la industria. Todo este panorama, aunado con la falta de pago, fue una de las causas para que la burguesía, la cual en un principio fue partidaria de Pérez Jiménez, terminara por apoyar su derrocamiento.
De tal manera que el descontento contra el régimen, se fue extendiendo a otros sectores del país. Es importante señalar que en el Ejército se comenzó a planificar una conspiración contra la dictadura, pero ésta fue develada. El alzamiento de los oficiales de la Fuerza Aérea en la Base de Boca de Río, cerca de Maracay, y del cuerpo de blindados del Cuartel Urdaneta de Caracas al mando del teniente coronel Hugo Trejo, evidenció que existía una crisis de liderazgo en la institución castrense.
El Partido Comunista de Venezuela y URD, de forma clandestina, iniciaron la constitución de una «Junta Patriótica», presidida por el periodista Fabricio Ojeda, cuyo objetivo era coordinar la acción de todos los partidos y grupos que luchaban contra la dictadura de Pérez Jiménez. A esta Junta se incorporarían Acción Democrática y Copei.
Partidos populares y democráticos, obreros, campesinos, estudiantes, estaban en la oposición desde el 24 de noviembre de 1957. Por lo tanto, para ese momento sólo un pequeño grupo continuaba apoyando a Pérez Jiménez.
Otra circunstancia que llevó al 23 de enero fue el vencimiento del período previsto en la Constitución para elegir al Presidente de la República por voto directo y secreto. Por ello, el movimiento contra Pérez Jiménez solicitó que se convocara a elecciones. El régimen decidió llamar a un plebiscito; de esta forma, sólo se podría elegir a Pérez Jiménez. El mencionado plebiscito resultó ser un fraude.
A partir de los sucesos del 1 de enero de 1958, cuando se evidenció la crisis política y militar del régimen de Pérez Jiménez, se comenzaron a publicar manifiestos en contra de la dictadura, los cuales eran firmados por representantes de diversas áreas de la sociedad: económica, profesional y cultural. También se dieron pronunciamientos públicos de instituciones nacionales como el Colegio de Ingenieros, la Asociación Venezolana de Periodistas, federaciones obreras y sectores empresariales. Las acciones de calle en contra del régimen tendrán su momento cumbre en la huelga general del 21 de enero, la cual fue emprendida por la Junta Patriótica junto a los estudiantes, empresarios y las masas populares.
En la madrugada del 23 de enero, Pérez Jiménez, quien aún contaba con el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas decide abandonar el Palacio de Miraflores y trasladarse al aeropuerto de La Carlota, donde tomó el avión que lo llevó a República Dominicana.
Conocida la noticia, el pueblo se lanzó a las calles y saqueó las casas de los partidarios del régimen, atacó la sede de la Seguridad Nacional y linchó a algunos funcionarios.
Inmediatamente se acordó el nombramiento de una Junta de Gobierno Provisional, presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal, e integrada por los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate. La presencia de estos últimos en la Junta de Gobierno ocasionó protestas, por cuanto eran reconocidos miembros del régimen de Pérez Jiménez, y por esta razón, debieron renunciar y fueron reemplazados el 24 de enero por los empresarios Eugenio Mendoza y Blas Lamberti.
El 23 de enero significó el inicio de una nueva etapa en la historia contemporánea de Venezuela y fue el principio de un sistema de vocación democrática sincera, basado en la elección directa, secreta y universal, con la existencia de la pluralidad política.
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