Creer que no hay madurismo e interpretarlo como un instrumento de un plan en ejecución del chavismo original, cuyo objetivo es la destrucción de un sistema político por otro, es darle a Chávez el crédito del argumento ideológico y deslastrarlo de la incapacidad y chapucería que han caracterizado al régimen forajido que creó. No es la destrucción de un sistema, es la destrucción de todo un país y su postración por manos criminales lo que han perpetrado.
La excusa ideológica chavista se imbrica en la ausencia de valores éticos y morales de quienes se solapan en la retórica “revolucionaria”. Tal es el caso del castrocomunismo, las FARC, el ELN, el sandinismo y tantos otros, que bajo la argucia de ideales revolucionarios, con el cobijo del Foro de Sao Paulo y valiéndose de las reglas de la democracia, derivaron en regímenes o movimientos antidemocráticos de oprobio, represión, odio, mediocridad, corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Imaginar que con este pesado e indeseable fardo sea viable que ellos puedan ejecutar un gigantesco plan que cambie el modelo, la estructura e instituciones del Estado o al Estado mismo, concibiéndolo incluso como asociado o un apéndice de otro por causas ideológicas, lo consideramos un enfoque que los hechos han superado.
Convenimos en que por lo menos se han valido de esa añagaza que debía ser desmontada desde el propio inicio de su propuesta, vista como factible en aquel entonces pleno de liderazgo, recursos y solidaridad. La investigación seria de la analista Aura Palermo fue profunda y necesaria para alertar a quienes en aquel momento dieron poca importancia a la amenaza que suponían los objetivos y consecuencias del Plan de la Patria. La dinámica política se ha encargado de dejar en cueros la incapacidad de quienes ni siquiera han podido implementar lo más elemental.
De lo que se trata entonces es de la real naturaleza de aquellos que dentro y fuera del país actúan como una mafia a la que debe combatírsele como tal. La “mascada” petrolera a Cuba, China y Rusia, así como a otros chulos, venida a menos, a cambio de protección y respaldo a la “revolución del siglo XXI” no deja dudas de ese código mafioso que tiene graves repercusiones en toda la región.
La anterior consideración nos lleva a insistir en que la única manera de aventarlos es demostrarle la inminencia de acciones enmarcadas en el ámbito jurídico internacional. Sin edulcorantes, sin agregar que no se trata de bloqueos o del empleo de fuerzas militares, pues ello apuntaría a que estos gobernantes no sientan la imperiosa necesidad de la estampida.
A ese extremo nos llevará lo atípico de la realidad política venezolana, cuando ya no aplican totalmente algunos de los supuestos contenidos en el artículo 8 del TIAR, como son: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas.
Debemos tomar en cuenta que tenemos un interinato en el que se han designado representantes de nuestro país en una buena cantidad de países y organismos en el mundo, muchos de los cuales lo han reconocido y han instruido a sus embajadores en este sentido. Como también tanto en el ámbito consular como el económico se han generado acciones, medidas y decisiones.
Entonces, cabe preguntarse cuál es el trecho que aún nos queda por andar para definir esta tragedia, o es que vamos a sentarnos nuevamente con la mafia en la mesa.