El 2 de diciembre de 2019, apoyada en la victoria electoral del 27 de octubre de ese año que la llevó a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Kirchner manifestó en uno de los juicios en su contra -sin responder las preguntas de los jueces-: “Seguramente este tribunal, que es un tribunal de lawfare, tiene la condena escrita. A mí me absolverá la historia”.
El acomodaticio lawfare (judicialización de la política), anglicismo que ha utilizado para afirmar que los procesos que se le siguen no han sido otra cosa que eso, persecución política, lo cambió ahora por el de “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”. Pero el desplante de Cristina no pudo repetirse en el juzgado de la causa actual por corrupción en el otorgamiento de obras públicas cuando ejerció la presidencia, y eso tal vez porque la etapa del proceso no se lo permitió.
La vicepresidenta usa las redes sociales con su nuevo eslogan, aunque todo deja suponer que la historia no absolverá a alguien bajo la mira en otras causas como la relativa a “los cuadernos de la corrupción”, que aún no tiene fecha de comienzo, en la que está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudó dinero proveniente de sobornos de la obra pública.
El nombre de esa causa alude a las anotaciones de un previsivo chofer del Ministerio de Planificación, que desnudaron la trama de sobornos a cambio de contratos públicos que comenzó con el gobierno de Néstor “el Tuerto” Kirchner entre 2003 y 2007, y continuó con el de su mujer, Cristina, de 2007 a 2015.
El chofer registró minuciosamente en cuadernos, fotografías y filmaciones cómo durante una década llevó por todo Buenos Aires una danza de bolsas repletas de billetes de empresarios para los Kirchner y sus amigos del gobierno.
Las investigaciones del caso han traspasado las fronteras argentinas y se remontan a la estrecha relación de los Kirchner con otros amigos: Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El velo se corrió y se calcula que aproximadamente 10.000 millones de dólares públicos se esfumaron en negociados entre el kirchnerismo y el chavismo.
Claudio Uberti, que hizo de embajador paralelo de Argentina en Venezuela, ha contado en juicio cómo Néstor Kirchner y Chávez se repartieron 50 millones de dólares con la venta ilícitas de bonos de la deuda pública argentina entre 2005 y 2008. Por cierto que el Tuerto, consecuente con su estilo y el de Cristina, ordenó que le enviaran lo suyo en efectivo y en maletines despachados desde Caracas.
En el afán por defender a Cristina -que sus aliados de Venezuela comparten-, el presidente Alberto Fernández comparó la situación del fiscal de la causa Vialidad contra la vicepresidenta con la del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015, horas antes de acudir al Congreso para denunciar a la entonces presidenta por presunto encubrimiento de terroristas iraníes.
Lo curioso es que el presidente se desdijo y habló de suicidio de Nisman, cuando en otra ocasión mencionó asesinato del procurador cuya muerte afectó la investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. Pero en el misterio de la desaparición de Alberto Nisman prevalece la interrogante sobre a quién o a quiénes interesaba que estuviera muerto. Y cuando esa incógnita se despeje probablemente habría que revisar absoluciones y reescribir la historia según Cristina.