El ejercicio del gobierno por parte del chavismo no puede ser calificado de otra manera que de una guerra diseñada, planificada y sostenida contra los intereses del Estado y la sociedad venezolana. No se trata, en modo alguno, de una calificación desproporcionada o caprichosa a la luz de sus resultados en todos los órdenes de la vida nacional. La emergencia humanitaria compleja en progreso que padecemos, el retroceso colosal experimentado en los índices civilizatorios y la continua diáspora sustentan lo afirmado.
El objetivo de tan funesto desempeño de la cosa pública no es otro que imponer un proyecto de dominación reaccionario y atrasado, encubierto en un falso discurso reivindicador de la justicia social, el empoderamiento popular y la defensa de los intereses nacionales.
La llegada del covid-19 nos encontró en el peor de los momentos: en medio de la emergencia humanitaria compleja, con el sistema de salud seriamente deteriorado. La gestión de la pandemia, desde sus inicios, ha estado presidida por el interés político de afianzar el control social y político de la nación, la improvisación, manejo opaco e interesado de la información, y por si fuese poco lo antes referido, en ocasiones se procede a contrapelo de los criterios recomendados por la comunidad científica nacional y los organismos multilaterales de la salud.
Estando ya la comunidad internacional en fase de vacunación, que es la única alternativa sostenible de vencer la pandemia, y con posibilidades de acceder a las diferentes vacunas el comportamiento del régimen no se aparta de los modos y formas antes señalados. No se conoce de la existencia creíble de plan alguno de vacunación. Proceso que incluye varios aspectos, entre otros: aprovisionamiento de las vacunas, logística para almacenar y transportarla, establecimiento de las fases y prioridades sectoriales de vacunación, los operativos de vacunación y otras gestiones necesarias para garantizar la cobertura recomendada.
Lo ocurrido es que las pocas vacunas llegadas al país han sido utilizadas discrecionalmente por el oficialismo, particularmente para usarlas en la protección de la nomenclatura.
Por otro lado, el oficialismo se niega a concertar de manera sostenida con otros sectores el proceso de vacunación hasta el punto de que responde de forma destemplada y agresiva a las posibilidades del uso del sistema Covax –habilitado por la cancelación de la deuda del Estado venezolano con la OPS por parte de la administración Guaidó– y los ofrecimientos de ayuda material y de gestión en la materia hecho por organizaciones empresariales.
La conducta irresponsable del régimen de postergar el proceso de vacunación se debe a su obsesión por el control, porque busca extender los réditos políticos que le proporciona la pandemia y también porque espera el desarrollo de la vacuna cubana –que seguramente y como siempre será objeto de negociados entre las nomenclaturas de ambos estados– para ser utilizada aquí. Como se ve, priman intereses políticos y económicos por encima del derecho a la vida de los venezolanos.
El país nacional como un todo debe rebelarse ante tamaño despropósito. Corresponde a las fuerzas democráticas, a la sociedad civil diseñar y organizar los mecanismos y formas de presión para tratar de obligar al régimen a cambiar su política en el particular.