La Constitución de 1811 proclamó que “el Poder Militar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella” (artículo 179). La subordinación del poder militar al civil tiene, entonces, carta de naturaleza en nuestra primera Constitución. Por consiguiente, el reto de la dirigencia civil es desarrollar las habilidades políticas para dar cumplimiento a ese mandato que es, además, fundamental para una república.
Es sabido que la norma de la Constitución de 1811 ha sido letra muerta en nuestra historia, salvo en el período que va del año 1958 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. A partir de esa fecha la ecuación se ha invertido nuevamente, por los conflictos entre la dirigencia civil y por la politización e ideologización del poder militar.
La Constitución de 1961 repitió la tradición constitucional venezolana (salvo la de 1953) según la cual las Fuerzas Armadas son “una institución apolítica, obediente y no deliberante”. La Constitución de 1999 ratifica el carácter de “institución apolítica, obediente y no deliberante” (artículo 132) de la Fuerza Armada (¡ahora en singular!), al tiempo que insiste en que ella es una “institución esencialmente profesional, sin militancia política… está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (artículo 328).
Aquí vale la pena contraponer los mencionados mandatos constitucionales con las consignas que delatan la toma de posición política por parte de nuestra institución militar. Como, por ejemplo, cuando se dice que la Fuerza Armada es “patriótica, bolivariana, revolucionaria, socialista, antiimperialista y chavista”. Esto está reñido con el principio constitucional y con el necesario carácter de neutralidad que el sector castrense posee, por tener el monopolio de las armas y de la violencia. Y este monopolio es para defender la integridad territorial de Venezuela y no para inmiscuirse en la lucha política a favor de una parcialidad.
Aquí cabe preguntar: ¿Cómo fue posible para los líderes civiles del Pacto de Puntofijo haber logrado el respeto del sector militar para dar cumplimiento al postulado del texto fundamental de 1811? Algunas de las razones que explican esta situación fueron expuestas por Gene Bigler en un ensayo esclarecedor (Politeia N° 10). Son ellas: el prestigio moral e intelectual de los líderes civiles; el acuerdo político que cristalizó en el Pacto de Puntofijo; la fortaleza de los partidos políticos; la alianza con Estados Unidos; la amenaza del castrismo que unificó al sector militar y la convicción democrática del sector profesional de las Fuerzas Armadas. Los tres líderes civiles de los inicios de la democracia (Betancourt, Leoni, Caldera) contaban con las habilidades políticas necesarias para darle la vida al mandato de la Constitución de 1811; y lograron, con ello, la estabilización de la naciente democracia.
El gobierno de Betancourt no solo tenía el apoyo interno, amparado en el Pacto de Puntofijo, de un gobierno de coalición y del sector profesional de las Fuerzas Armadas, sino el respaldo del gobierno de Estados Unidos. El líder adeco, sin complejos, entendió que el aliado natural de Venezuela era el país de George Washington y Tomas Jefferson. De esa manera se apertrechó del poder necesario para sostener la democracia venezolana.
La mayor amenaza que gravitaba sobre la soberanía de Venezuela fue la revolución cubana, que para la época se había convertido en satélite soviético. Su injerencia fue -y sigue siendo- poderosa (con el ojo puesto en el petróleo), al punto de llevar a cabo la invasión de Machurucuto en mayo de 1967 y ofrecer entrenamiento, armas y adoctrinamiento a los guerrilleros. A pesar de que Castro vivía su momento de esplendor, Rómulo Betancourt tuvo el apoyo del sector institucional de las Fuerzas Armadas, que se enfrentó militarmente sin vacilar a la amenaza castrista. El rol de los militares de la época resultó determinante para la democracia. La adhesión a la Constitución quedó demostrada en esa larga lucha contra la violencia de inspiración castrista, en la defensa de nuestra integridad territorial.
El compromiso que mostró la institución militar con los valores republicanos está fuera de discusión. Esto es bueno recordarlo porque en estos momentos es necesario que la Fuerza Armada esté -como debe ser- “al servicio exclusivo de la nación”, y se mantenga neutral en el conflicto del presente. La defensa es de la Constitución y no de ninguno de los actores políticos, ni de ideología alguna.
Ahora, más que nunca, es necesario recordar el claro mandato plasmado en nuestra primera Constitución para que la Fuerza Armada sea un árbitro imparcial en la controversia política. De esa manera, todos los venezolanos podrán vivir en Venezuela y desarrollar sus proyectos de vida en libertad.