El terror y oprobio que han experimentado los venezolanos durante este siglo nunca hubiera sido posible si la Fuerza Armada hubiese actuado dignamente, desempeñando su papel de guardián de nuestra Constitución, democracia y libertad. La institución eligió apoyar la tiranía, algo que sucedió desde el inicio de la llegada de Hugo Chávez al poder. La denuncia fue hecha con claridad y firmeza por Jorge Olavarría en el Congreso de Venezuela, ante embajadores y gobierno venezolano en pleno, el 5 de agosto de 1999.
En ese discurso Olavarría mencionó el bochorno que ya imperaba en Venezuela por culpa de Hugo Chávez, quien pretendía estar por encima de la ley, como lo demostró en su grotesca y pomposa carta en la cual decía reservarse con exclusividad el manejo del Estado: “Inmerso en un peligroso escenario de causas generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado”.
Olavarría advirtió en ese momento que Venezuela necesitaba actuar en contra de lo que llamó la pretensión autocrática, la insensatez demencial de Hugo Chávez. Al decir esto, los militares allí presentes se ausentaron del recinto en solidaridad con el aspirante a dictador, mientras el presidente del Congreso, un hombrecillo de apellido Dávila, llamaba a Olavarría “al orden” en defensa del autócrata.
Desde el mismo momento en el cual Hugo Chávez violó su juramento de defensa de la Constitución, durante su inauguración presidencial, la Fuerza Armada ha sido el apoyo principal de lo que fue una autocracia, primero y una vulgar dictadura después. Y ese apoyo ha sido notorio, en cínica y descarada demostración pública, en voz de los diferentes ministros de la Defensa, miembros de un coro incremental de apoyo a la dictadura.
Hugo Chávez y sus ideólogos a lo Ceresole, a lo Izarra, a lo Pérez Arcay, se dedicaron a prostituir la Fuerza Armada venezolana, mientras sus adiposos generales guardaban un estruendoso silencio. El pago a ese silencio no se hizo esperar: los servicios de inteligencia fueron puestos en manos de militares quienes “procedieron a irrespetar las actuaciones de tribunales judiciales, del Ministerio Público y los más mínimos protocolos de actuación en la defensa de los derechos humanos”. Desde ese momento hasta hoy existen en Venezuela centenares de presos políticos civiles, procesados de manera inconstitucional por vías de la jurisdicción penal militar, muchos de ellos sujetos a torturas y algunos asesinados en prisión.
Durante el mando de Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro se le fue entregando a la Fuerza Armada el control de sectores políticos y económicos fundamentales, cesión cuya dimensión los coloca en la categoría de íntimos cómplices del régimen.
Como lo detalla el estudio (ver: https://nuso.org/articulo/los-militares-en-la-politica-y-la-economia-de-venezuela/), se les otorgó a militares, activos en su mayoría, el control del sector eléctrico, el Metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las aduanas. A partir de 2013, se estructuraron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un canal de televisión, una empresa de carga por aire, mar y tierra y una empresa agrícola. En 2016, ante la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se expandió a áreas estratégicas, como la distribución, con fines de proselitismo político, de la alimentación. El 10 de febrero de 2016 se estableció la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas, Camimpeg, cuya actuación ha sido de vulgar intermediaria para recibir una tajada de los contratos firmados con empresas de servicios petroleros.
En 2017 los oficiales militares ya estaban al frente de al menos 60 empresas estatales, incluida Pdvsa, cuyo presidente era el general Manuel Quevedo de la Guardia Nacional, un ignorante en materia petrolera, especializado en promesas incumplibles, quien acentuó la destrucción que habían comenzado desde 2002-2003 Ali Rodríguez, Rafael Ramírez Carreño y Eulogio del Pino.
En el estudio El enigma militar de Venezuela | Crisis Group se documenta cómo “el gobierno (chavista) ha asignado el control exclusivo de ciertos sectores sensibles de la economía a comandantes militares. Los oficiales militares manejan ‘zonas económicas especiales militares’ que no están sujetas al escrutinio público. Desde 2016, el Ministerio de Defensa ha supervisado la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un programa gubernamental para la producción y distribución de alimentos, medicamentos y otros productos básicos por todo el país. Los militares también participan activamente en la industria minera desde 2016. En ese año, el gobierno de Maduro estableció el Arco Minero del Orinoco en el sur de Venezuela, lo que generó una fiebre del oro y un auge en la extracción de otros minerales (por ejemplo, diamantes y coltán) que han traído olas de violencia y daños ambientales a la región. El Arco ha sido declarado una ‘zona económica militar”. Hoy la zona es un caos en el cual los garimpeiros brasileños, los guerrilleros colombianos y la misma Fuerza Armada venezolana contribuyen al crimen contra la población y al desastre ambiental
Un general del Ejército venezolano ha llegado a ganar, bajo Maduro, el equivalente a 10 dólares mensuales. Esta absurda remuneración ha representado un incentivo poderoso para que muchos de esos oficiales buscasen fuentes adicionales y poco ortodoxas de ingresos. Hace unos días dos oficiales de alto rango del Ejército venezolano (coroneles) fueron detenidos en Brasil con un contrabando de mercurio. Otros oficiales se han convertido en contrabandistas de gasolina y de minerales extraídos ilegalmente, o, peor aún, en narcotraficantes. Los militares de rango inferior se convierten con frecuencia en cobradores de peajes y asaltantes de camino de los indefensos comerciantes que transitan por las carreteras del país.
Frente a esta situación de colapso ético de la institución es preciso establecer responsabilidades ejemplares, las cuales no deben ser minimizadas ni negociadas. Responsables de primera línea como Vladimir Padrino López, los ministros anteriores de Defensa, jefes de fuerzas, ideólogos militares del régimen, miembros de los carteles de la droga y del contrabando, presidentes de empresas quebradas, como ha sido el caso de los sectores de la energía y de la alimentación, deberán ser enjuiciados y objeto de una correcta aplicación de la justicia.
Como yunta de bueyes, el socialismo del siglo XXI y la Fuerza Armada venezolana están unidos de manera imposible de separar. Lo uno nunca hubiera sucedido sin lo otro. Ambos grupos de venezolanos pasarán a la historia del país como los mayores agentes de destrucción física y moral de nuestra historia.
Si yo tuviera una varita mágica para curar los males de Venezuela lo primero que haría sería desaparecer la Fuerza Armada. En la Venezuela real ello no parece ser políticamente posible, al menos en el mediano plazo. Sin embargo, mientras tengamos una Fuerza Armada de naturaleza pretoriana, integrada por un grupo sustancial de cómplices con las dictaduras, Venezuela permanecerá en las escalas inferiores del desarrollo.
Es una decisión que deberá ser tomada más pronto que tarde si deseamos salir del pantano moral en el cual tenemos 22 años chapoteando.