Parece mentira que todavía haya gente, personeros más bien, que estén dispuestos a mentir para lavarle la cara al régimen. La capacidad de asombro del venezolano debe ser infinita, porque todos los días alguno de la cúpula rojita dice algo que los deja con la boca abierta. Si aplicáramos lo mismo que aplican ellos, más de uno debía estar tras las rejas hace tiempo.
El caso que nos ocupa son las declaraciones que el fiscal general del régimen dio sobre el encarcelamiento de Javier Tarazona: “Realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la república. Este tipo de actividades las venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental. No ocurrió este evento en los días que menciono, sino también en meses anteriores”.
Así que ese derecho que le da la Constitución y las leyes vigentes a cualquier ciudadano de denunciar ante los organismos judiciales o policías de investigación cualquier supuesto hecho punible para que sea investigado se lo borró el propio fiscal de un plumazo. Pero no solamente eso, aseguró que la foto que puso Tarazona en las redes, en las que se veía a un exgobernador reunido con jefes del Ejército de Liberación Nacional era vieja y que, además, no presentó prueba alguna sobre la misma. ¿La prueba no es la foto? ¿Qué prueba sobre la foto hay que presentar? ¿La cámara, el ojo que vio todo, la mesa? En un Estado de Derecho estaría en manos de las autoridades probar si es verdad que ocurrió ese encuentro.
Pero no, resulta que publicar esa foto incita al odio y pone en peligro la paz de la república. ¿Les preguntó el flamante fiscal a los habitantes de la frontera en Apure si el ELN les deja vivir en paz? Seguramente allí obtendrá la respuesta del odio que pueden sentir los venezolanos por los subversivos que hacen toda clase de chanchullos en la zona.
No se puede decir que el régimen esté preocupado por las voces que en solidaridad de Javier Tarazona y Fundaredes se han levantado en Venezuela y el mundo entero. Sobre todo deben estar muy preocupados por el defensor de derechos humanos todos los venezolanos que han encontrado en él y en su ONG un apoyo incondicional para denunciar la desaparición de sus familiares o el hecho de que hayan tenido que dejar sus casas para sobrevivir a la guerra en la frontera.
Pero si es como dice el fiscal, que hay que poner preso a todo el que “denuncie” algo sin poner pruebas, desde el usurpador de Miraflores para abajo, todos los mandamases chavistas deberían sufrir lo mismo que Tarazona, porque llevan años acusando a los líderes opositores, a los defensores de derechos humanos, en fin, a quienes les provoque sin presentar nunca un elemento que los incrimine.
Ya se sabe que es poco el efecto que tienen los pedidos de liberación de Tarazona y demás presos políticos, pero hay que insistir. Sin eso, señor fiscal, realmente no habrá paz en la república.