Cada día uno se convence más de que este régimen definitivamente hizo un pacto con el diablo. Tal vez lo que esto realmente significa es que los tentáculos del poder de facto en Venezuela pudieran haber alcanzado ámbitos considerados inexpugnables.
Justo cuando todo parecía dispuesto para que la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, revelara la decisión de si el expediente venezolano por crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen pasaba del actual examen preliminar a la fase de investigación, se nos anuncia que corresponderá a su sucesor, el jurista británico Karim Khan, esa “amarga” tarea.
En estos tiempos en los que todo se cuestiona, y la justicia internacional no escapa a ello, ya uno no sabe a qué atenerse. Es obvio que por “educación y buenas costumbres” todos debemos dar por sentado la independencia, honorabilidad y honestidad de instituciones judiciales como la CPI, pero como buenos humanos que somos, a veces esa chispita maliciosa nos lleva a aquello de que: “piensa mal y acertarás”.
Una pregunta que nos hacemos: ¿Por qué en todo ese tiempo que se ha tenido desde el inicio de la etapa del examen preliminar (febrero de 2018), la fiscal Bensouda no fue capaz de pronunciarse –como siguiente paso– en favor de una investigación ya formal por parte de la CPI, ante lo que han resultado ser pruebas irrefutables de respetables fuentes gubernamentales y no gubernamentales, entre las que destacan Naciones Unidas (alta comisionada de los Derechos Humanos), la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional? Es aquí donde aparece el diablillo que siempre nos alborota la suspicacia.
Ella misma lo dijo
Fue la misma exfiscal la que a finales de 2020, en su informe de gestión anual, nos regaló la buena noticia de que su equipo de trabajo había determinado que existe “una base razonable” para suponer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Estos señalamientos resultan claves si se consideran los tres escenarios entre los cuales se habrá de manejar el nuevo fiscal Khan: 1. Declarar el fin de la etapa del examen preliminar y cerrar el expediente; 2. Mantener indefinidamente la etapa de examen preliminar hasta que decida algún día pronunciarse, y 3. Declarar el fin del examen preliminar y pasar al siguiente paso de la investigación formal, que es lo que a toda costa quiere evitar Nicolás Maduro.
El escenario 3 arriba citado parecía el más inminente, sobre todo a juzgar por las declaraciones de la exfiscal, quien, una semana antes de terminar su mandato (15 de junio), dijo confiar en hacer pública su decisión sobre Venezuela. El único detallito era que todo dependería de la oportuna respuesta que los magistrados de la CPI darían a una solicitud de control judicial introducida por el régimen, el pasado mes de mayo, basado en el alegato de un trato discriminatorio y desigual respecto al que reciben otros países sometidos a similares exámenes preliminares. Por supuesto que la respuesta de la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI no se produjo, y esa fue la excusa perfecta de la fiscal Bensouda para pasarle el desagradable testigo a su sucesor. Una táctica dilatoria más del régimen.
Siendo un poco creativos, muchos coincidirán en que hay algo turbio en toda esta situación. Los legalistas por supuesto dirán que se trata de una cuestión de lenta naturaleza del debido proceso. Otros, los más desconfiados y de poca fe, se preguntarán si el mundo de la justicia penal internacional no será permeable a algo tan real e implacable como las presiones de orden político, incluyendo aquellas que se sustentan en las sucias manos de la corrupción y tráfico de influencias. Resulta difícil, pues, saber lo que se teje exactamente tras bastidores.
Implicaciones para la dinámica política venezolana
Lo cierto es que a la hora de observar estos eventos uno no puede más que considerar sus implicaciones respecto a la dinámica política venezolana. Aun siendo conscientes de la naturaleza inescrupulosa del régimen madurista, no es descabellado pensar que una decisión favorable a la puesta en ejecución de la fase de investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad pondría a Maduro y sus secuaces en una situación de mayor presión y minusvalía frente a su contraparte opositora, en caso de concretarse un proceso de negociaciones avalado por la comunidad internacional.
Contrariamente, mantener el aplazamiento de una decisión de la CPI estaría en consonancia con los planes de Nicolás Maduro, toda vez que la trampa de las megaelecciones pautadas para diciembre de este año constituye para él un elemento más de su obsesiva relegitimación. Es obvio, por tanto, que llevar el caso venezolano a la fase de investigación formal restaría fuerza a la convocatoria electoral de un régimen que se encontraría en una situación de mayor cuestionamiento.
Por último, es posible que en lo inmediato el escenario más plausible de los arriba mencionados sea el que permita al nuevo fiscal extender, durante un plazo adicional, la etapa del examen preliminar, “obligado” gracias a la solicitud de control judicial introducida por el régimen en mayo pasado y otras maniobras dilatorias como la continua remisión a la CPI de los llamados informes nacionales de ampliación, con los cuales se pretende dejar constancia de la “cooperación” del gobierno de facto, y asegurarse de que esa instancia judicial conozca los “avances registrados” en las indagaciones de buena fe exigidas al aparato judicial chavista, y así tratar de desmontar y archivar definitivamente el expediente.