El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha retomado su «narrativa» con respecto a Venezuela, después de su encuentro con Nicolás Maduro en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. «Me alegré de que las elecciones en Venezuela fueran fijadas para el 28 de julio», acaba de decir el mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, convirtiéndose en el gran valedor internacional del cronograma electoral anunciado por el régimen «bolivariano» y elaborado al margen del Acuerdo de Barbados suscrito el pasado 17 de octubre.
Aun fue más allá al recordar que cuando él no pudo participar en los comicios presidenciales de 2018 indicó a otro candidato en su lugar para que disputara las elecciones. «No me puse a llorar», dijo.
Además de la alusión gratuita a María Corina Machado, el presidente de Brasil olvida interesadamente que en 2018 había sido condenado por tribunales de su país por los delitos de «corrupción pasiva y lavado de dinero», por lo cual pasó 580 días en la cárcel. Es decir, fue sometido a juicio y hallado culpable de lo que se le acusaba. Nada de eso ha ocurrido en el caso de la candidata unitaria de la oposición venezolana. Está inhabilitada por una decisión administrativa. Nunca se le notificó de un proceso en su contra y nunca, por tanto, pudo ejercer su defensa. La inhabilitación política solo procede en casos en que hay una sentencia judicial firme.
Quizás tenía Lula más motivos para “llorar” al ver manchado para siempre su prestigio político, dentro y fuera de su país. Aún persisten las dudas sobre la pulcritud de su conducta (sondeos de opinión revelaron que cerca del 50% de los brasileños creen que fue condenado correctamente). Lula forjó desde muy joven un liderazgo sindical comprometido con las reivindicaciones obreras, ajeno -se pensaba- a las suntuosidades del poder. En el caso de Machado se sabe que todo es un “ardid” del régimen que en lugar de afectar su imagen, la ha fortalecido como una opositora irreductible.
También “olvida” Lula que la justicia de su país -todavía bajo el mandato de Jair Bolsonaro- le revocó las condenas que había recibido a propósito de la Operación Lava Jato, una trama de corrupción que extendió sus tentáculos por toda América Latina.
Los procesos contra Lula concluyeron de dos maneras: en un caso fue absuelto porque no se probó que había formado una “asociación criminal” con la expresidenta Dilma Rousseff y otros miembros del PT; y otros juicios fueron anulados por deficiencias técnicas, por lo tanto, se presume la inocencia del mandatario porque es como si nunca hubiera sido juzgado.
Lula siempre se consideró un perseguido político. ¿Por qué pasar por alto que en Venezuela hay una clara persecución política contra María Corina Machado, al desconocer su derecho a participar en la elección presidencial? Él sabe lo que ocurre, pero incluso así confía en que se hagan elecciones “altamente democráticas”, que parten de la anulación de la candidata elegida en comicios públicos y notorios por las verdaderas fuerzas que enfrentan la pretensión continuista de Maduro.
Mientras Lula se “alegra” de la jugarreta electoral del régimen, al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, le da una “enorme tranquilidad” estar en la vereda de enfrente de Maduro. Donde también están, señor Lula, la mayoría de los venezolanos.